Ley de Transparencia Social redefine las reglas para concesiones mineras.
La Ley de Transparencia Social, aprobada el 26 de agosto de 2025 por la Asamblea Nacional, trae consigo una serie de reformas a la Ley de Minería que han despertado inquietudes en el sector formal. Aunque el objetivo es mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia institucional, los cambios podrían representar desafíos operativos y legales para las empresas concesionarias.
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Detalles de la votación
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La Ley de Transparencia Social fue aprobada en la Asamblea Nacional este 26 de agosto de 2025 con 78 votos a favor, apenas uno por encima del mínimo requerido de 77. En el proceso sufragaron a favor legisladores del bloque oficialista, tres asambleístas de Pachakutik, varios exmilitantes de la Revolución Ciudadana y diputados independientes. La oposición, integrada principalmente por Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, mantuvo su rechazo al proyecto Además, se presentaron errores en el cómputo inicial de votos, lo que obligó a repetir la votación, aunque el resultado se mantuvo intacto.
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Un marco legal rígido y con efecto retroactivo
La Ley de Transparencia establece obligaciones estrictas para todos los sectores estratégicos. Sin embargo, en el caso de la minería, las reformas van más allá del control: acortan plazos, eliminan instancias de defensa y sancionan automáticamente a los concesionarios por faltas administrativas o tributarias.
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Reformas clave a la Ley de Minería
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Caducidad por tributos impagos:
El reformado artículo 110 establece que las concesiones mineras caducarán automáticamente si se incumple el pago de regalías, tasas, patentes y otros tributos. Esta medida limita el margen de corrección o apelación administrativa.
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Fiscalización de inversiones comprometidas:
Las concesiones otorgadas por subasta deben cumplir los montos mínimos de inversión establecidos. La ARCERNNR tendrá la responsabilidad de verificar estos compromisos, y de no cumplirse, se notificará al Ministerio para posibles acciones legales.
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Plazos más estrictos:
- Exploración inicial: hasta 4 años.
- Exploración avanzada: extensión de 4 años si se cumplen requisitos.
- Evaluación del yacimiento: máximo 2 años para solicitar explotación.
- Si no se cumplen estos plazos, la concesión se extingue automáticamente.
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Impacto y proyecciones
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La Ley de Transparencia Social, aunque parte de una legítima intención de fortalecer el control público y la participación ciudadana, requiere una implementación cuidadosamente reglamentada. Sus reformas a la Ley de Minería introducen nuevos plazos, exigencias administrativas y consecuencias automáticas que, si no se aplican con criterios técnicos claros, podrían generar efectos no deseados sobre el desarrollo de proyectos mineros formales.
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En ausencia de una reglamentación específica, existe el riesgo de que disposiciones bien intencionadas se conviertan en obstáculos operativos o legales, especialmente en fases críticas como la exploración, evaluación de yacimientos o cumplimiento tributario.
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Será clave que la aplicación de esta normativa equilibre los principios de transparencia con la necesidad de estabilidad regulatoria, evitando interpretaciones que afecten derechos previamente adquiridos o generen incertidumbre en sectores estratégicos como la minería.
