Ley de fortalecimiento minero y energético avanza con 77 votos en medio de tensiones por consulta previa
El proyecto urgente del Ejecutivo pasó el segundo debate y abre discusión sobre regalías, ambiente y seguridad jurídica.
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La Ley de fortalecimiento minero fue aprobada este 26 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional con 77 votos afirmativos. El proyecto, enviado con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, pasará ahora al Ejecutivo para su sanción o eventual veto en un plazo de 30 días.
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El Pleno debatió el informe de la Comisión de Desarrollo Económico en una sesión marcada por posturas divididas. La votación se concretó tras dividir la moción, debido a que varios legisladores condicionaron su respaldo a la eliminación del artículo 29.
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Debate por consulta previa en la Ley fortalecimiento minero
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El Ejecutivo sostiene que la Ley de fortalecimiento minero armoniza el Código Ambiental con la Ley de Minería. La viceministra de Minas, María Emilia Limongi, aseguró que la propuesta no elimina el Registro Ambiental ni la Licencia Ambiental como autorizaciones administrativas.
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Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana, Mabel Méndez advirtió que el proyecto reduciría pasos en procesos ambientales, lo que podría afectar comunidades y fuentes hídricas. Legisladores como Comps Córdova señalaron que los procedimientos pasarían de seis a tres etapas.
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El debate giró en torno al derecho a la consulta previa. Fernando Nantipia, de Pachakutik, condicionó su apoyo a que el texto garantice expresamente este mecanismo y mantenga el 30 % de regalías para los gobiernos autónomos descentralizados.
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El constitucionalista Edison Guarango recordó que el artículo 57, numeral 7, de la Constitución reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, el artículo 398 establece la obligación de consultar a la comunidad ante decisiones que puedan afectar el ambiente.
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Según explicó, la principal observación es que la consulta no sería exigida en la etapa de registro ambiental, sino en fases posteriores como la exploración.
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Seguridad jurídica y combate a minería ilegal
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Desde el bloque oficialista, Alejandro Lara defendió la iniciativa y afirmó que busca convertir los recursos mineros y energéticos en empleo y desarrollo territorial. Sergio Peña sostuvo que la norma permitirá enfrentar la minería ilegal mediante reglas claras y mayor control estatal.
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En paralelo, la organización Unidad Popular solicitó el archivo del proyecto al considerar que afecta derechos colectivos.
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La Ley de fortalecimiento minero abre ahora una nueva etapa política y jurídica. De existir cuestionamientos constitucionales, cualquier ciudadano podría presentar una demanda ante la Corte Constitucional. El Ejecutivo tiene la última palabra.
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Fuentes:
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