El Gobierno declara prioridad nacional la lucha contra la minería ilegal
La minería ilegal en Ecuador será enfrentada con operaciones militares, control territorial, judicialización y regularización de trabajadores artesanales.
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El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 ubica la minería ilegal en Ecuador entre las amenazas prioritarias para el Estado. La estrategia combina fuerza pública, control administrativo y regularización de la minería artesanal para cortar los ingresos de organizaciones criminales, proteger áreas naturales y recuperar territorios donde la autoridad perdió presencia.
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Minería ilegal en Ecuador: control territorial
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El Gobierno prevé operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en focos de extracción ilícita, fronteras y zonas protegidas. Los operativos buscarán decomisar maquinaria, explosivos, combustibles y material mineralizado. También cerrarán centros de acopio y vigilarán las rutas logísticas usadas para abastecer campamentos clandestinos.
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La Fiscalía deberá acompañar las intervenciones para investigar lavado de activos, financiamiento criminal y delitos ambientales. El PNSI, declarado política pública mediante el Decreto Ejecutivo 448, asigna la implementación general a varias instituciones del Ejecutivo (Presidencia de la República del Ecuador, 2026).
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Formalización y catastro minero
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La segunda línea apunta a formalizar y tecnificar a operadores artesanales hasta 2028. El Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero actualizarán el catastro, revisarán permisos y ofrecerán capacitación comunitaria. La meta es separar a quienes buscan trabajar legalmente de las redes que controlan la extracción, el transporte y la comercialización irregular.
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La ARCOM cuenta con normas para decomisar, inutilizar o destruir equipos de minería ilegal en Ecuador y mantiene mecanismos para registrar minería artesanal (Agencia de Regulación y Control Minero, 2025, 2026). Sin embargo, la regularización exigirá personal técnico, coordinación territorial y plazos ágiles para evitar que la burocracia empuje nuevamente a pequeños mineros hacia intermediarios ilegales.
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Según estimaciones del Viceministerio de Energía difundidas públicamente, la economía de la minería ilegal en Ecuador mueve entre USD 800 millones y USD 1.300 millones anuales, una escala que compite con la actividad formal y alimenta circuitos de lavado (Cano, 2026).
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Reto operativo
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El experto en seguridad Diego Pérez considera correcto el enfoque, pero advierte que los resultados dependerán de sostener la presencia militar durante años. Las incursiones temporales pueden dispersar operaciones, aunque no necesariamente desmantelan sus finanzas ni su control social.
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Coordinación estatal definirá el éxito del plan
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El impacto de la estrategia dependerá de que las operaciones militares, la judicialización de los delitos y la formalización minera avancen de manera coordinada. Mantener la presencia estatal en los territorios será clave para impedir que las organizaciones criminales retomen el control después de los operativos.
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También será necesario fortalecer la capacidad técnica de la ARCOM, actualizar el catastro minero y acelerar los procesos de regularización. El desafío del Gobierno será combatir la minería ilegal en Ecuador sin criminalizar a las comunidades artesanales que buscan integrarse a la economía formal y trabajar bajo normas ambientales y de seguridad.
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Fuentes:
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- El Universo (2026). ¿Cómo combatirá Ecuador la minería ilegal? El Plan Nacional de Seguridad apuesta por operaciones militares y regularización.
- Presidencia de la República del Ecuador. (2026, 14 de julio). Decreto Ejecutivo N.º 448: Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029.
- Cano, A. (2026, 21 de julio). El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 prioriza la lucha contra la minería ilegal en Ecuador. Expedientes.
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