🇨🇴 LA PROHIBICIÓN DE LA EXPLORACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA PODRÍA COLAPSAR SU ECONOMÍA
La industria petrolera colombiana se encuentra en una situación compleja debido a los planes del gobierno de Petro, en donde se encuentra la descarbonización de la industria energética y el abandono de los combustibles fósiles, esto a través de ponerle fin a la contratación para la exploración de hidrocarburos y prohibir la fracturación hidráulica.
Esta medida ha sido duramente cuestionada, ya que el Gobierno ha comenzado a dar los primeros pasos para su consecución, entre los que se encuentra el incremento de los impuestos para la industria petrolera, esto debido a las recientes reformas fiscales que eliminaron los pagos de cánones como deducción del impuesto sobre la renta y añadieron un recargo escalable que aumenta a medida que sube el precio del Brent, lo que incrementará considerablemente la cantidad de ingresos públicos procedentes del sector.
Este incremento de los ingresos públicos tiene el objetivo de reforzar el gasto en educación y sanidad, reducir la pobreza y mejorar las infraestructuras básicas, esto sumado a que ayudará en gran medida en la reducción del abultado déficit presupuestario que está ejerciendo una considerable presión fiscal sobre Bogotá, pues, cabe recordar que solo en 2020 el déficit de Colombia ascendió a $18.900 millones, lo que representa un alarmante 6,98% del PIB. Mientras que, como porcentaje del PIB, se redujo al 6,84% durante 2021, debido al aumento del PIB nominal, el déficit de financiación se amplió a $21.500 millones.
A pesar de lo mencionado anteriormente, la industria petrolera es responsable del 34%, o $18.000 millones, de los ingresos legítimos por exportaciones de Colombia, produciendo alrededor del 3% del producto interior bruto y generando aproximadamente una quinta parte de los ingresos públicos.
Debido al peso que tiene la industria en los ingresos de la nación diversos expertos opinan que Petro no puede prescindir de la contribución fiscal y económica del petróleo, esto en base a la preocupación expresada por el Comité Autónomo de Regla Fiscal de Colombia (CARF), un organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda de Colombia, que supervisa las reglas fiscales, pues han afirmado que la medida tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas y podría precipitar una catástrofe financiera para un país que se enfrenta a un aumento de los costos de endeudamiento, a la demanda de un mayor gasto público y a una desaceleración económica.
Fuente: World Energy Trade
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