Chocó Andino: desafíos e implicaciones a un año de la consulta popular
Hace un año, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tomaron una decisión histórica al rechazar la minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino, mediante una consulta popular. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dejado claro que los efectos de esta decisión se aplican solo a futuro, respetando los derechos adquiridos antes del plebiscito.
La Cámara de Minería del Ecuador, respetando la voluntad popular, recuerda que los títulos mineros otorgados antes de la consulta siguen siendo válidos. Esto permite la continuidad de la actividad minera, siempre que se cumpla con los permisos ambientales necesarios, según la normativa ecuatoriana.
Preocupa que algunos discursos sugieran la cesación total de la minería en la región, incluyendo las concesiones previas al referéndum. Este enfoque, según la Cámara, podría legitimar la extracción ilegal de minerales y deslegitimar a las operaciones responsables que aportan significativamente al desarrollo económico, social y ambiental del país.
La Cámara de Minería reafirma su compromiso con una minería responsable que respeta las normativas locales e internacionales. Además, subraya que la prohibición de la minería a gran escala no aborda problemas ambientales críticos como la extracción ilegal de minerales, la contaminación por aguas servidas, el tráfico de especies y la tala ilegal. Para la Cámara, la pobreza es el mayor enemigo del medio ambiente, ya que fomenta la corrupción y la destrucción de los recursos naturales.
En este contexto, la minería legal y regulada se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país, a la vez que enfrenta la desinformación que amenaza tanto la prosperidad de las comunidades como la protección del entorno natural.
