La Cámara de Minería del Ecuador (CME) ha expresado su firme oposición a la propuesta del Gobierno de declarar ciertas zonas como de interés nacional. Esta medida, incluida en el conjunto de reformas planteadas por el presidente Daniel Noboa para su aprobación mediante plebiscito, aguarda la revisión de la Corte Constitucional. María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, en declaraciones a EFE, argumenta que lejos de mitigar las actividades ilícitas, la revocación de concesiones mineras podría incentivar la minería ilegal.

Silva sostiene que los concesionarios legales, a pesar de las limitadas herramientas para defender sus concesiones, juegan un papel crucial en la conservación de los recursos geológicos. La ejecutiva subraya que la extracción ilegal no es consecuencia de concesiones pasadas, sino del aprovechamiento de la minería ilegal por parte de grupos delictivos para financiar y lavar dinero. Además, cuestiona la validez del concepto de “territorios de interés nacional”, argumentando su inexistencia en el derecho constitucional y su falta de comprensión en el lenguaje común.

Además, Silva advierte sobre las consecuencias legales y económicas de una revocación arbitraria de concesiones, que podrían llevar a arbitrajes internacionales y multas significativas. Explica que en muchos casos, la minería ilegal ocurre sin el consentimiento de los concesionarios, cuyas áreas se ven invadidas, impidiéndoles operar legalmente. Resalta que la Ley de Minería ya contempla sanciones para concesionarios que toleren prácticas ilegales.

Por otro lado, la CME apoya otras propuestas del Gobierno en la consulta popular, como el aumento de penas para delitos relacionados con la extracción ilícita de minerales. Otras preguntas presentadas buscan reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para controlar la seguridad interna, permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos y la expropiación de bienes de origen ilícito, así como la reintroducción de juegos de azar y casinos en el país.

Este escenario plantea un desafío para el sector minero ecuatoriano, donde la legalidad y el control de las actividades ilícitas se encuentran en una encrucijada. La decisión de la Corte Constitucional sobre las propuestas del Gobierno y la respuesta de la industria minera y de la sociedad ecuatoriana serán clave en la definición del futuro de la minería en el país. La controversia subraya la necesidad de un equilibrio entre la regulación estatal y el estímulo a una industria responsable, en un contexto donde la minería representa tanto un motor económico como un foco de conflictos sociales y ambientales.