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La minería ilegal amazónica continúa abriendo profundas heridas en el río Puré, uno de los territorios más remotos y biodiversos de Colombia. Un monitoreo de MapBiomas Alerta Colombia identificó al menos 199,4 hectáreas de bosque deforestadas por actividades relacionadas con la extracción ilícita de oro.

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El avance amenaza las fuentes hídricas, altera los cauces naturales y aumenta la presión sobre los pueblos indígenas que dependen directamente de este ecosistema. También pone en riesgo especies emblemáticas y territorios donde habitan comunidades indígenas en aislamiento.

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Minería ilegal amazónica deja nueve focos de deforestación

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Las alertas comenzaron a ser detectadas en enero de 2025 dentro del territorio colombiano, desde la frontera con Brasil. Las imágenes satelitales comparativas muestran cómo zonas anteriormente cubiertas por vegetación fueron reemplazadas por superficies removidas, canales artificiales y espacios destinados a la extracción y procesamiento del mineral.

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El mayor evento de deforestación corresponde a un área de 53,40 hectáreas. Le siguen otros focos de 37,80; 29,39; 24,09 y 18,28 hectáreas.

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En conjunto, nueve eventos principales explican gran parte de las 199,4 hectáreas intervenidas. La plataforma utiliza imágenes de alta resolución y procesos de fotointerpretación para delimitar las áreas transformadas e identificar presiones como la minería, la expansión agrícola y otros cambios en la cobertura forestal (MapBiomas Colombia, 2026).

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La extracción aurífera remueve grandes cantidades de sedimentos, modifica el recorrido de los ríos y aumenta el riesgo de vertimientos de combustibles y mercurio. Estas alteraciones reducen la calidad del agua y afectan los ciclos reproductivos y alimentarios de numerosas especies.

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El río Puré enfrenta una presión creciente

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La situación no constituye un fenómeno reciente ni aislado. El Observatorio Amazonia de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible registró 29 puntos de extracción minera en noviembre de 2024.

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Posteriormente, entre marzo y abril de 2025, el monitoreo identificó 27 dragas operando a lo largo del río. Estas embarcaciones permiten remover sedimentos del fondo y procesar grandes volúmenes de material en busca de oro.

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La facilidad para construir y trasladar las dragas, junto con las elevadas ganancias de la actividad, ha favorecido su expansión en ríos transfronterizos. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible considera al río Puré uno de los casos más críticos de la Amazonía noroccidental (FCDS, s. f.).

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La minería ilegal amazónica también genera consecuencias sociales. La actividad debilita la autonomía de los pueblos indígenas, altera sus prácticas culturales y fortalece economías criminales que buscan controlar los territorios y las rutas fluviales.

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Mercurio: una amenaza que viaja por los ríos

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Uno de los principales riesgos está relacionado con el mercurio utilizado para separar el oro de otros materiales. Después del procesamiento, parte de este metal puede terminar en los ríos y acumularse en peces.

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El problema trasciende los puntos de extracción. Las corrientes transportan los contaminantes hacia otras zonas y los peces pueden incorporar el mercurio en sus organismos. Esto eleva la exposición de las comunidades que dependen de la pesca como fuente principal de alimentación.

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La FCDS ha advertido que algunas poblaciones indígenas del macroterritorio Jaguares del Yuruparí, incluidos habitantes del resguardo Puerto Zábalo-Los Monos, presentaron concentraciones de mercurio en sangre superiores a los niveles permitidos debido a la contaminación de la cuenca del río Caquetá.

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A los riesgos para la salud se suman la pérdida de bosque, el desplazamiento de fauna, la contaminación acústica y la presencia de combustibles, motores y maquinaria en espacios de alta sensibilidad ambiental.

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Operativos binacionales golpean las redes criminales

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En noviembre de 2025, Colombia y Brasil ejecutaron la operación binacional Amazonas Libre II. El despliegue se concentró en los ríos Puré, Purité y Cotuhé, utilizados como corredores para la extracción y movilización ilegal de oro.

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Durante la intervención fueron destruidos 14 grandes sistemas de extracción conocidos como dragones mineros. Ocho fueron inhabilitados en territorio colombiano y seis en Brasil.

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Las autoridades también destruyeron 33 motores, tres remolcadores y una excavadora. Además, incautaron 4.800 galones de combustible, 2,5 kilogramos de mercurio, 25 cilindros de gas y una planta eléctrica.

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La Policía Nacional de Colombia estimó que cada estructura podía extraer hasta 6.000 gramos de oro mensuales. En conjunto, la infraestructura intervenida habría tenido capacidad para generar ingresos cercanos a USD 9,3 millones al mes para las organizaciones vinculadas con esta economía ilícita (Policía Nacional de Colombia, 2025).

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El operativo movilizó a 92 uniformados y funcionarios de Colombia y Brasil. Durante las acciones se produjeron hostigamientos armados, lo que evidenció la capacidad de reacción de las redes criminales que operan en la región.

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Un problema extendido por Colombia

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La crisis del río Puré forma parte de una problemática nacional. La Procuraduría General de la Nación ha señalado que la minería ilegal estuvo presente en 29 de los 32 departamentos colombianos durante la última década (Procuraduría General de la Nación, 2025).

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Entre los territorios afectados figuran Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía.

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           | Lee también: Permisos fantasma revelan negocio millonario del oro ilegal en la Amazonía

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Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recogidos por la Procuraduría, indican que la explotación de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas en Colombia. Alrededor del 73 % de esta actividad correspondería a explotación ilícita.

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La extracción ilegal se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales del país. Sus efectos incluyen deforestación, desplazamientos, violencia, contaminación por mercurio y riesgos para la salud de las comunidades ribereñas.

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El río Puré lucha por sobrevivir al avance del oro ilegal

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El monitoreo satelital permite dimensionar una destrucción que ocurre lejos de los centros urbanos y en lugares de difícil acceso para las autoridades. Sin vigilancia permanente, cooperación fronteriza y trazabilidad del oro, la minería ilegal amazónica podría continuar expandiéndose por los afluentes de Colombia y Brasil.

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Los operativos representan un golpe importante contra la infraestructura criminal, pero no resuelven las causas económicas y sociales que sostienen la actividad. La pobreza rural, la falta de alternativas laborales, la débil presencia estatal y el elevado precio internacional del oro continúan impulsando la extracción ilícita.

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La protección del río Puré requerirá acciones coordinadas para controlar el comercio de mercurio y combustibles, perseguir a los financiadores, restaurar las áreas degradadas y fortalecer la participación de los pueblos indígenas.

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Cada nueva hectárea intervenida reduce la capacidad del bosque para almacenar carbono, regular el agua y conservar la biodiversidad. El futuro del río dependerá de que la respuesta institucional avance con mayor rapidez que las dragas y las redes ilegales.

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Fuentes:

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• • MAP BIOMAS ALERTA (2026)
  • Observatorio de Conflictos socioambientales (2026). Minería en el bioma amazónico central
  • Policia Nacional de Colombia (2025). Operación “Amazonas Libre II”: la Policía Nacional y una coalición continental asfixian la minería ilegal y protegen la Amazonía
  • Procuraduria General de la Nación (2025). Minería ilegal afecta a 29 de los 32 departamentos de Colombia, según informe de la Procuraduría
  • El Tiempo (2026). El oro está destruyendo la selva: imágenes satelitales revelan avance de la minería aurífera en el río Puré, ecosistema clave de la Amazonia

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El carbón colombiano enfrenta una nueva prueba crítica tras la suspensión temporal de operaciones en Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La medida expone tensiones sociales, logísticas y regulatorias que presionan la competitividad minera del país.

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Carbón colombiano bajo presión por bloqueo en Cerrejón

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Cerrejón, operación controlada por Glencore en La Guajira, suspendió desde el 1 de junio sus actividades mineras, férreas y portuarias tras declarar fuerza mayor por un bloqueo iniciado el 23 de mayo. Según la compañía, la protesta impide el ingreso de bienes esenciales, incluido combustible, y frena el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.

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La empresa también suspendió la mayoría de contratos laborales. Solo permanecen activos los equipos necesarios para mantenimiento, preservación de activos, medidas sociales y controles ambientales obligatorios. Cerrejón reiteró su llamado a un diálogo constructivo para evitar impactos sobre empleo, desarrollo regional y estabilidad económica.

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Demandas comunitarias en La Guajira

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El conflicto incluye demandas comunitarias sobre derechos colectivos, consulta previa, acceso al agua, energías renovables, participación territorial y redistribución de regalías. Cerrejón sostiene que varias solicitudes no dependen directamente de la empresa o ya fueron abordadas en procesos previos.

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La amplitud de los reclamos muestra que la disputa supera el ámbito minero. También refleja tensiones históricas sobre desarrollo, servicios públicos y gobernanza en La Guajira, una de las regiones con mayores desafíos sociales de Colombia.

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Producción de carbón colombiano cae en un año complejo

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La tensión ocurre en un año difícil para la compañía. Cerrejón reporta cerca de 80 bloqueos en 2026, principalmente asociados a reclamos contra autoridades por falta de servicios básicos en comunidades cercanas.

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En 2025, la producción de la mina cayó a 16,8 millones de toneladas, frente a 19,2 millones en 2024. El ajuste confirma una tendencia de menor desempeño operativo en una de las principales operaciones carboníferas de América Latina.

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Competitividad minera y señales para inversionistas

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El deterioro no es aislado. La producción nacional de carbón cayó a 53,9 millones de toneladas en 2025, su nivel más bajo en dos décadas, según datos citados por Fenalcarbón.

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El gremio atribuye la pérdida de competitividad a la carga fiscal, los costos logísticos y la incertidumbre regulatoria. Para el carbón colombiano, el caso Cerrejón muestra que la demanda global no basta. Sin acuerdos territoriales, seguridad logística y reglas claras, la inversión minera seguirá expuesta a interrupciones recurrentes.

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Cerrejón y el desafío de recuperar estabilidad operativa

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La suspensión en Cerrejón podría impactar exportaciones, regalías, empleo regional y la cadena logística asociada al carbón colombiano si el bloqueo se prolonga.

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           | Lee también: Rio Tinto y Glencore reactivan la mayor fusión cuprífera de la historia

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El caso también evidencia que los conflictos territoriales en La Guajira no se limitan a una disputa empresarial. Involucran demandas sociales, acceso a servicios básicos, gobernanza local y expectativas sobre una transición energética más participativa.

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Aun si las partes alcanzan una salida rápida, la recurrencia de bloqueos mantiene abierta una señal de alerta para inversionistas, autoridades y comunidades. La estabilidad del sector dependerá de acuerdos sostenibles, reglas claras y mecanismos de diálogo que permitan proteger la operación minera sin desconocer las necesidades históricas de la población local.

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Fuentes: 

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• • MINING.COM (2026). Glencore’s Cerrejon shutdown deepens pressure on Colombia coal.
  • Cerrejón (2026). Cerrejón: comunicado sobre suspensión temporal de operaciones.
  • Registraduría Nacional del Estado Civil  

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La entrada Cerrejón se detiene y enciende alertas por el futuro del carbón colombiano se publicó primero en Mundo Minero.

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La trazabilidad minera entra en una nueva etapa en Colombia con la puesta en marcha de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), una herramienta de la Agencia Nacional de Minería que busca fortalecer el control, la legalidad y la transparencia en la cadena minera. Según la ANM, el sistema permite registrar transacciones en línea y verificar en tiempo real la procedencia lícita del mineral comercializado.

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Trazabilidad minera: del subsuelo al mercado

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La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció la entrada en operación de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), un sistema tecnológico diseñado para seguir el recorrido de los minerales desde su extracción hasta su comercialización final.

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En este contexto, la herramienta comenzó funciones operativas el 19 de mayo y se presenta bajo el concepto “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”. Además, su objetivo es reforzar la transparencia del sector minero colombiano, reducir riesgos de ilegalidad y mejorar el control sobre las transacciones.

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La trazabilidad minera será clave para titulares mineros, productores, comercializadores, plantas de beneficio y consumidores autorizados. Asimismo, la ANM informó que la plataforma integra información de sistemas institucionales como Génesis, Anna Minería y el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM).

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De esta manera, la interoperabilidad permite validar datos en tiempo real y monitorear operaciones relacionadas con más de 160 minerales que circulan en el territorio nacional. Por ello, la PTM se convierte en una herramienta estratégica para ordenar la cadena minera y fortalecer la confianza en el origen legal de los recursos.

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Durante el lanzamiento, la presidenta de la ANM, Lina Beatríz Franco, afirmó que Colombia da un paso decisivo para mirar su riqueza minera “con legalidad, con trazabilidad, con responsabilidad y con propósito” (ANM, 2026). Con esta declaración, la entidad resaltó la importancia de modernizar los controles públicos y comerciales.

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Lina Beatríz Franco, Presidenta de la Agencia Nacional de Minería

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Control, legalidad y tecnología minera

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La implementación se sustenta en la Ley 2250 y en la Resolución 3824 de 2025, normativa que impulsa nuevos mecanismos de registro y verificación de transacciones mineras. A su vez, la ANM también reglamentó la PTM mediante la Resolución 759 de 2024.

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Por su parte, la viceministra de Minas y Energía, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, destacó que conocer qué mineral se extrae, quién lo produce, cómo se moviliza y cómo se comercializa permite fortalecer la legalidad, mejorar el recaudo y proteger las regalías.

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Finalmente, Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM, señaló que la plataforma respalda a quienes operan dentro de la ley. En consecuencia, la institución busca impulsar una minería moderna, transparente y alineada con las necesidades del país.

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Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM

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Una ruta digital para una minería más legal y transparente

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La trazabilidad minera abre una nueva etapa para el control del sector en Colombia. Gracias a la PTM, la ANM busca cerrar brechas en el seguimiento de minerales, fortalecer la fiscalización y dar mayor seguridad a los actores que operan dentro del marco legal.

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Sin embargo, el impacto de esta herramienta dependerá de su uso efectivo por parte de titulares, productores, comercializadores, plantas de beneficio y consumidores autorizados. Además, será clave la capacidad institucional para validar información en tiempo real, detectar inconsistencias y asegurar que los beneficios de la actividad minera lleguen a las regiones productoras.

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En adelante, la plataforma podría convertirse en un punto de referencia para otros países de la región. Por esta razón, Colombia avanza hacia un modelo de control minero más digital, transparente y enfocado en combatir la ilegalidad.

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Fuentes: 

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• • Portafolio (2026). Agencia nacional de Minería pone en marcha plataforma de trazabilidad de minerales.
  • Agencia Nacional de Minería: página oficial de Trazabilidad de Minerales.
  • Agencia Nacional de Minería: anuncio del lanzamiento de la PTM.

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Luis F. Madriñán, gerente ambiental de Cerrejón, explica que el área, abandonada como mina en 1998, se ha recuperado en más de 20 años de trabajo ecológico. “Lo que ves a nuestras espaldas es el resultado de un proceso de restauración que comenzó hace más de dos décadas”, comenta Madriñán, mientras observa el corredor biológico Wüin-Manna, que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá. Este corredor, que abarca 25,000 hectáreas, es ahora un santuario de biodiversidad donde habitan más de 140 especies de árboles y 264 especies de aves, superando incluso la riqueza ornitológica de países como Bélgica.

El impacto de la restauración se extiende más allá de las plantas: animales que habían desaparecido, como el jaguar, vuelven a habitar la región. Además, cerca de 3,000 venados cauqueros y varias especies de aves, como los cardenales guajiros y las guacamayas verdes, ahora recorren este bosque.

El compromiso ambiental de Cerrejón no solo abarca la reforestación, sino también la protección de especies que requieren un espacio seguro antes de regresar a su hábitat. Esta “ruta de la vida” demuestra que, aunque la tierra haya sido transformada por la minería, con esfuerzo y dedicación puede recuperar su esencia. La transformación de Cerrejón no es solo un ejemplo de responsabilidad ambiental, sino un testimonio de que, incluso después de la intervención humana, la naturaleza tiene la capacidad de florecer nuevamente.

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Según Proenza, la transición hacia energías renovables depende de la disponibilidad de minerales, convirtiendo así la política minera en política energética. América Latina y el Caribe poseen importantes recursos minerales, lo que los posiciona como potenciales protagonistas en esta transición.

El rápido despliegue de tecnologías energéticas limpias requiere un aumento significativo en la demanda de minerales, especialmente aquellos críticos para la fabricación de baterías y equipos electrónicos. China lidera en el procesamiento de minerales, como el cobre y el litio, procesando hasta el 60% de tierras raras, lo que marca un punto crucial a considerar.

Proenza advirtió que la nueva minería y el aumento del reciclaje serán fundamentales para garantizar la sostenibilidad del suministro de minerales esenciales para la transición energética. Para minimizar los riesgos y aprovechar estas oportunidades, destacó la importancia de invertir en nuevas fuentes de suministro, promover la innovación tecnológica, fortalecer la colaboración internacional y mejorar las normas ambientales y de gobernanza.

Enfatizó que la transición energética es un desafío complejo que requiere la minería como parte de la solución, destacando la necesidad de abordarlo con precaución y estrategia.

La entrada Minerales críticos: clave para la sostenibilidad energética en la región se publicó primero en Mundo Minero.

En las últimas horas se conocieron videos en redes sociales que dejan ver los bloqueos de quienes protestan, a tal punto que no dejan pasar a ambulancias con pacientes que están siendo remitidos a un centro asistencial.

De acuerdo con las autoridades, los manifestantes han talado varios árboles de la zona con el fin de colocar troncos en la vía e impedir el paso de cualquier tipo de vehículo, este hecho en particular sucedió en tumbados en la vía entre Cáceres y Tarazá.

De acuerdo con cifras de las autoridades regionales, el Paro Minero ha generado más de 400.000 afectados, principalmente, por el bloqueo de vías que impide que lleguen alimentos y otros servicios esenciales.

Parte de Antioquia está incomunicada ya hace más de 4 días, pues las barricadas en las vías a la Costa Caribe y al nordeste del departamento impiden llegar a diferentes municipios antioqueños.

A la vista aún no hay una solución tangible que termine con las manifestaciones en Antioquia y Bajo Cauca, incluso, la situación se ha extendido hasta la región del San Jorge en Córdoba, donde el comercio ha sido el más afectado, todo por cuenta de quienes bloquean piden la presencia del presidente Gustavo Petro, y los ministros que están involucrados en las operaciones especiales para acabar con la minería ilegal en la región.

Quienes lideran las manifestaciones tienen una lista de once puntos (o pliego de condiciones) para terminar con el Paro Minero, el primero –y uno de los más importantes– es formalización de la minería “ancestral”, también pidieron reglamentar la Ley 2250 de 2022 para otorgar la presunción de legalidad a la minería “artesanal”

Entre los puntos también se encuentra derogar el decreto que autoriza a la Policía Nacional a dinamitar la maquinaria que se emplee en minería ilegal en todo el territorio nacional.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que se levantaría el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño debido a la fallida reunión que se registró en días pasados entre el Comité del paro minero y representantes del Gobierno nacional.

FUENTE: Infobae

La entrada 🇨🇴 MINEROS ILEGALES REALIZAN PARO EN ANTIOQUIA-COLOMBIA se publicó primero en Mundo Minero.

Esta medida ha sido duramente cuestionada, ya que el Gobierno ha comenzado a dar los primeros pasos para su consecución, entre los que se encuentra el incremento de los impuestos para la industria petrolera, esto debido a las recientes reformas fiscales que eliminaron los pagos de cánones como deducción del impuesto sobre la renta y añadieron un recargo escalable que aumenta a medida que sube el precio del Brent, lo que incrementará considerablemente la cantidad de ingresos públicos procedentes del sector. 

Este incremento de los ingresos públicos tiene el objetivo de reforzar el gasto en educación y sanidad, reducir la pobreza y mejorar las infraestructuras básicas, esto sumado a que ayudará en gran medida en la reducción del abultado déficit presupuestario que está ejerciendo una considerable presión fiscal sobre Bogotá, pues, cabe recordar que solo en 2020 el déficit de Colombia ascendió a $18.900 millones, lo que representa un alarmante 6,98% del PIB. Mientras que, como porcentaje del PIB, se redujo al 6,84% durante 2021, debido al aumento del PIB nominal, el déficit de financiación se amplió a $21.500 millones. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, la industria petrolera es responsable del 34%, o $18.000 millones, de los ingresos legítimos por exportaciones de Colombia, produciendo alrededor del 3% del producto interior bruto y generando aproximadamente una quinta parte de los ingresos públicos. 

Debido al peso que tiene la industria en los ingresos de la nación diversos expertos opinan que Petro no puede prescindir de la contribución fiscal y económica del petróleo, esto en base a la preocupación expresada por el Comité Autónomo de Regla Fiscal de Colombia (CARF), un organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda de Colombia, que supervisa las reglas fiscales, pues han afirmado que la medida tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas y podría precipitar una catástrofe financiera para un país que se enfrenta a un aumento de los costos de endeudamiento, a la demanda de un mayor gasto público y a una desaceleración económica. 

Fuente: World Energy Trade 

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En 2013, más de ocho organizaciones sociales y 30 ciudadanos entre ellos el senador Iván Cepeda, la ONG ambientalista Censat Agua Viva y el líder social Teófilo Acuña, asesinado en febrero de 2022 presentaron una acción popular contra la reglamentación minera del país. Exigían que por la protección del medio ambiente y de la calidad de vida de las comunidades, que dependen de los ecosistemas protegidos, se detenga la asignación de título mineros en esas áreas sensibles. En particular, buscaban detener una política del gobierno de Juan Manuel Santos (2012-2018), conocida como la ‘ventanilla minera’, que otorgaba títulos de manera ágil o exprés a las empresas o personas que lo solicitaban.

Cinco años más tarde, en 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a los demandantes, pero los ministerios de Ambiente y Minas, junto con otras instituciones, apelaron el fallo, por lo que escaló al Consejo de Estado. Este le dio razón, finalmente, a los demandantes en una sentencia emitida el 4 de agosto de 2022, pero que se comunicó al país el 2 de septiembre.

Las reacciones del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, no se hicieron esperar. “Un hito histórico para la justicia ambiental. Ministerio de Minas y Medio Ambiente deben entrar a trabajar de inmediato: cesa la exploración y explotación minera en las zonas ambientales estratégicas”, dijo el mandatario colombiano. Sin embargo, aunque la sentencia busca proteger las áreas protegidas y otros ecosistemas de alta importancia ambiental, no prohíbe la solicitud de títulos mineros ni la explotación.

El fallo dice que toda solicitud que se pida en el periodo de ejecución de las órdenes dictadas debe comprobar, vía certificado emitido por una autoridad ambiental, que la zona donde está el proyecto minero ya está delimitada y que no afectará al medio ambiente. También debe considerarse que el título solicitado no se encuentre en un área de exclusión de minería y si se permite la operación de manera restringida, que cuente con los permisos. En caso de que haya dudas sobre las posibles afectaciones al medioambiente, la Agencia Nacional de Minería (ANM) debe abstenerse de dar el permiso minero hasta que el cumplimiento de las órdenes del fallo permitan una decisión. No queda claro si la sentencia será retroactiva y si se revisarán algunas de las asignaciones que han sido cuestionadas por afectar ecosistemas sensibles.

Sobre esta presencia de minería en la Amazonía colombiana, la ministra de Ambiente Susana Muhammad abrió la discusión: “[Por] ejemplo, Putumayo: ¿Va a ser un distrito minero o un enclave de trabajo comunitario de economía forestal y biodiversidad? Ahí hay cobre ¿Lo sacamos? ¿Cómo? ¿A qué escala? ¿Qué quieren las comunidades?”, dijo Muhamad.

la organización en la que es líder Robinson Mejía, Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), fue citada y consultada sobre el tema por el Consejo de Estado respecto a la minería en Cajamarca. En entrevista con Mongabay Latam, Mejía precisó que “en Cajamarca, pese a que hubo consulta popular, aún hay títulos mineros que se superponen o se traslapan con tres áreas de importancia ambiental. Cajamarca alcanzó a tener el 86 % de su territorio con títulos mineros y el restante con solicitudes. Prácticamente todo el territorio. Eso nos llamó a la acción”.

En 2017, la población de Cajamarca rechazó la minería en su territorio por medio de una consulta popular, un mecanismo jurídico de la Constitución Política que permitía que las poblaciones decidieran si querían que hubiera minería o no en sus territorios. Un año después, en 2018, la Corte Constitucional de Colombia prohibió que se realizaran nuevas consultas populares tras la demanda interpuesta por la petrolera Mansarovar a un nuevo proceso en Cumaral, Meta. Este fallo respetó las consultas populares realizadas hasta el momento, pero sí ordenó al Estado resolver por medio del Congreso qué mecanismos de participación ciudadana debían considerarse. Si bien la sentencia del Consejo de Estado no apunta a resolver ese asunto, sí reabre la discusión en torno a aquellas comunidades que no son escuchadas cuando se realizan actividades extractivas.

El debate sigue vigente. En septiembre se han visto protestas en el departamento de Santander, Colombia, después de que la corporación autónoma de esa zona del país autorizara la operación de una mina de carbón.

No todos los permisos mineros dependen de entidades nacionales en Colombia. “Hay unos procesos que por dimensión del proyecto, por cantidad de mineral que buscan extraer, no los revisa la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sino las corporaciones autónomas regionales”, explicó Mejía. Las corporaciones son las entidades encargadas de la protección del medio ambiente en las regiones colombianas. “El Ministerio de Ambiente tiene que coordinar con ellas porque el fallo debe materializarse no solo a nivel nacional, sino al regional y local, ya que las corporaciones también pueden crear áreas de protección ambiental”, añadió el representante de COSAJUCA.

Fuente: El Tiempo

La entrada 🇨🇴 FALLO EXIGE REORDENAMIENTO MINERO PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE EN COLOMBIA se publicó primero en Mundo Minero.

El país busca impulsar esta energía renovable debido al riesgo energético que representan los fenómenos de El Niño y La Niña, y las 1,46GW de plantas solares con capacidades de 100MW y demás proyectos en construcción ayudarán a concretar una transición eficiente. 

Según la unidad de minería y planificación del gobierno (UPME), Colombia podría generar 40GW de energía solar, haciéndola atractiva para invertir en el desarrollo de instalaciones a gran escala, esto gracias a su cercanía al ecuador y los altos niveles de radiación solar que recibe. 

Uno de los principales proyectos de energía solar en Colombia es La Loma, de 187MW, en el departamento del Cesar, el cual será el primer parque solar en funcionamiento del país, mismo que dará paso a la construcción de los complejos solares Guayepo I y II, que tienen una capacidad combinada de 486,7MW, todos resultado de la inversión de $290 millones por parte de Enel Green Power. 

De igual manera, diversas empresas mineras han comenzado a prestar atención a la energía solar, como es el caso de Drummond, el mayor productor de carbón del país, quien está a la espera de recibir los permisos medioambientales para desarrollar un parque solar cerca de sus minas en el departamento del Cesar, con el objetivo de que genere 50MW en su primera fase y 190MW en la segunda. 

La entrada 🇨🇴 COLOMBIA IMPULSA LA ENERGÍA SOLAR se publicó primero en Mundo Minero.

Esta iniciativa busca supervisar de manera exhaustiva si las actividades mineras que se están llevando a cabo en el país cumplen con sus obligaciones en temas ambientales, sociales y económicos, así como aplicar estos controles a las concesiones que se quieren llevar a cabo en el futuro, pero primero se plantea detener las autorizaciones de concesiones nuevas a través de rondas públicas o solicitudes directas bajo el esquema de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, y que coordina la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Una de las principales intenciones de la moratoria sería revisar el actual Código Minero (Ley 685 de 2001) con el objetivo de hacer reformas en el mismo para que la comunidad tenga un control más estricto sobre el desarrollo de las operaciones extractivas del país.

“El nuevo gobierno mantendría los contratos actuales, pero revisaría que cumplan con los parámetros ambientales en su operación”, declaró la analista de Holland & Knight Colombia, Inés Elvira Vesga, añadiendo que esto reorientaría la actividad extractiva en el país a través de la implementación de parámetros de procesos ambientalmente sostenibles a las concesiones con contrato actual y futuros convenios, los cuales serían para la exploración y producción de minerales que son claves y estratégicos para la transición energética.

Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura, de la firma Baker McKenzie, también acotó que “la moratoria también buscaría que aquellos títulos mineros otorgados hace años y que no han comenzado su fase exploratoria sean devueltos al Estado”.

Por parte de los gremios del sector, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), afirmó que “la industria minera colombiana está abierta para trabajar de la mano con el nuevo gobierno en la construcción de la hoja de ruta de los minerales que necesita Colombia para hacer realidad los compromisos ambientales, y garantizar la seguridad alimentaria, económica y energética de los colombianos”.

Fuente: El Colombiano

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