Ecuador enfrenta la minería ilegal: Daniel Noboa busca respuestas en Consulta Popular
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa apuesta fuerte con una propuesta de consulta popular que incluye 20 preguntas clave, abordando desde la extradición de ciudadanos hasta medidas drásticas contra la minería ilegal. La Corte Constitucional del país se encuentra en el proceso de revisión de estas preguntas, cuya aprobación definirá el futuro de importantes políticas nacionales.
El paquete de preguntas enviado por Noboa es un compendio de propuestas que buscan reformas significativas en el sistema judicial y de seguridad del país. Entre ellas, destaca la posibilidad de extraditar a ecuatorianos y la confiscación de bienes ilícitos, temas que han generado debate en diversos sectores de la sociedad.
Sin embargo, la propuesta más destacada es la enfocada en la lucha contra la minería ilegal. Se contempla la posibilidad de declarar ciertas zonas como “territorios de interés nacional” para revisar y, en su caso, revocar concesiones mineras. Esta medida busca frenar una industria que, según Revista Plan V, genera ingresos ilegales de alrededor de 1.000 millones de dólares anuales.
Pese a la identificación de 21 áreas afectadas por la minería ilegal en el Plan de Desarrollo Minero de 2020, las acciones efectivas para combatirla han sido limitadas. La situación es preocupante, especialmente en provincias como Napo, donde la actividad ilícita ocurre incluso dentro de concesiones legales.
El exviceministro de Minería, Fernando Benalcázar, advierte que sin un cambio radical en el enfoque y gestión del problema, la propuesta de consulta popular podría no ser suficiente. Benalcázar sugiere la creación de un consejo específico para el control de la minería ilegal, señalando que continuar con las mismas entidades y estrategias no traerá cambios significativos. Además, plantea preocupaciones sobre la seguridad jurídica y política que podrían derivar de prohibiciones excesivas en actividades mineras legalmente establecidas.
La decisión de la Corte Constitucional y la eventual consulta popular serán momentos decisivos para Ecuador, enfrentando el desafío de equilibrar la necesidad de reformas con la estabilidad y seguridad jurídica del país.
