Cordillera del Cóndor: el oro ilegal convierte la frontera sur en un corredor criminal
La información base apunta a una expansión de redes criminales entre Ecuador y Perú, con campamentos, rutas clandestinas y plantas de beneficio bajo sospecha. Además, parte de estos hechos sigue sujeta a verificación oficial y judicial.MineríaIlegal
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La minería ilegal fronteriza dejó de ser un fenómeno disperso y, por el contrario, pasó a perfilarse como una amenaza territorial en la Cordillera del Cóndor. Según la información proporcionada, estructuras ligadas a Los Choneros habrían ocupado concesiones, abierto rutas clandestinas hacia Perú y movido material mineralizado hacia plantas del sur ecuatoriano. En ese contexto, la frontera sur aparece como un punto cada vez más vulnerable para el control estatal.
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Minería ilegal fronteriza en la Cordillera del Cóndor
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A inicios de 2025, la denuncia describe un campamento minero ilegal instalado en la franja ecuatoriano-peruana, con decenas de hombres armados, maquinaria pesada, socavones tomados y una vía clandestina de seis kilómetros entre ambos países. Además, desde ese punto, la operación habría cruzado hacia el distrito peruano de El Cenepa para extraer material aurífero y desplazar a comunidades awajún mediante violencia e incendios. Posteriormente, el oro volvía a Ecuador por Zamora y Loja para su procesamiento en plantas del austro.
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Ejército ejecutó operativo en El Arenal, Gualaquiza, Morona Santiago. Foto: Ejército Ecuatoriano.
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La gravedad del cuadro, sin embargo, coincide con alertas oficiales. En su rendición pública, ARCOM reportó que al 31 de diciembre de 2024 había identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias, y, además, reconoció a Zamora Chinchipe, El Oro y Morona Santiago entre los territorios más críticos. El mismo documento muestra una estructura institucional pequeña para el tamaño del desafío: 164 funcionarios a escala nacional.
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Rutas del oro y presión sobre Zamora
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La minería ilegal fronteriza ya no solo extrae; también transporta, procesa y lava valor. De hecho, la información entregada sostiene que el material mineralizado sale por corredores clandestinos y termina en plantas de beneficio de Portovelo y Ponce Enríquez, dos nodos sensibles para la trazabilidad del oro.
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El Ministerio de Ambiente y Energía informó que en 2025 se ejecutaron 386 operativos contra la extracción ilícita, con acciones en Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, El Oro, Napo y Chimborazo. Así, para el Gobierno, esta actividad financia grupos irregulares, deteriora ecosistemas y compromete la seguridad nacional.
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Plantas de beneficio y controles débiles
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El cuello de botella está en el procesamiento. Es decir, sin una trazabilidad estricta de guías de remisión, facturas, origen del mineral y volúmenes reales, la minería ilegal fronteriza encuentra cómo mezclarse con flujos formales. Por ello, el 2 de febrero de 2026, el Ministerio anunció la suspensión de actividades mineras en Napo y restricciones en El Oro y Loja, al advertir que la minería ilegal es una amenaza directa para ríos, bosques y comunidades.
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La frontera sur, bajo presión criminal y estatal
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Lo que ocurre en Zamora Chinchipe revela que la frontera sur ya no funciona solo como un límite geográfico, sino como un corredor activo para la extracción, traslado y procesamiento de oro de origen ilícito. La expansión de campamentos ilegales, el uso de rutas clandestinas hacia Perú y la presión sobre plantas de beneficio en El Oro y Azuay muestran un fenómeno más complejo, con componentes de crimen organizado, control territorial y debilitamiento institucional.
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El problema también expone las limitaciones del Estado para vigilar concesiones, fiscalizar volúmenes de material mineralizado y garantizar trazabilidad en toda la cadena. Sin una acción sostenida entre ARCOM, Fuerzas Armadas, Fiscalía, SRI y autoridades locales, la minería ilegal seguirá aprovechando vacíos de control en zonas de alta fragilidad ambiental y social. En este escenario, la Cordillera del Cóndor se consolida como uno de los puntos más sensibles del país, donde el avance del oro ilegal amenaza no solo a la seguridad fronteriza, sino también a las fuentes hídricas, las comunidades y la credibilidad del sistema de control minero.
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Fuente:
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