Corrupción en minería impulsa ilegalidad: alerta desde Observatorio de Política Minera
Franklin Soria plantea crear una Secretaría de Minas adscrita a Presidencia para enfrentar corrupción estructural.
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La corrupción en minería es la principal causa de la expansión de la minería ilegal en Ecuador, según advirtió Franklin Soria, director del Observatorio de Política Minera en entrevista para el medio digital La Naranja. El especialista instó al Gobierno a crear una Secretaría de Minas adscrita a la Presidencia, con poder de decisión directa sobre la política minera nacional.
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Soria cuestionó la reapertura del Catastro Minero, a la que calificó como “una aventura más”, y denunció prácticas corruptas dentro de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). “Geólogos de Arcom habrían informado a mineros ilegales sobre zonas auríferas como Buenos Aires”, sostuvo.
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Corrupción en minería: raíz del problema
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Soria aseguró que la corrupción en minería no solo permite el avance de la minería ilegal, sino que la alimenta. Citó como ejemplo un operativo en 2018 en Buenos Aires, Urcuquí, donde rocas mineralizadas incautadas fueron supuestamente sustituidas por rocas comunes sin sanciones. “Hubo un ‘cambiazo’ en bodegas de Arcom y nadie fue separado del cargo”, denunció.
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También cuestionó la falta de continuidad en el Viceministerio de Minas, que ha tenido 30 titulares en seis años, lo que —a su juicio— refleja la inestabilidad de la administración minera del país.
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Propuesta: Secretaría de Minas y depuración institucional
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Soria propone que la futura Secretaría absorba o depure a la actual Arcom, ENAMI EP y el Viceministerio de Minas. Considera urgente un rediseño institucional que permita enfrentar la minería ilegal y su conexión con delitos ambientales, sociales y económicos.
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El experto también mencionó la falta de efectividad de los operativos recientes, como el del 28 de diciembre de 2025 en la concesión Samari (Zamora Chinchipe), donde “las máquinas fueron retiradas tres horas antes del operativo, lo que evidencia filtración de información”.
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Falta de controles y ausencia de respuestas
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Según Soria, la corrupción en minería también explica por qué los grupos antimineros no protestan contra la minería ilegal. “En Napo hubo fuertes críticas, pero ahora se ha silenciado el reclamo, pese al daño ambiental creciente”, indicó.
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Criticó además el Reglamento a la Ley de Minería emitido en diciembre de 2025 por aumentar regalías sin retorno a las zonas mineras y por modificar contratos firmados, lo que —dijo— va contra la legalidad.
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Sin transparencia institucional, la minería ilegal seguirá avanzando
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Soria enfatizó que sin una depuración profunda de las entidades de control, como Arcom y ENAMI, y sin una política minera coherente desde el más alto nivel del Estado, la lucha contra la minería ilegal seguirá siendo fallida. Para él, el envío de tropas o los cambios normativos no son suficientes si no se combate el origen del problema: la corrupción estructural.
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“El Estado no ha logrado consolidar una política minera integral. La minería ilegal seguirá creciendo mientras haya funcionarios que filtren información o favorezcan intereses privados”, afirmó.
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Finalmente, el especialista insistió en que la minería debería beneficiar a las comunidades y no ser fuente de conflicto ni destrucción ambiental. Por eso, urge una reingeniería institucional, liderada desde la Presidencia, que devuelva legitimidad y sostenibilidad al sector minero ecuatoriano.
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Fuentes:
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