Exportación de oro en Ecuador: un dilema entre la legalidad y el crimen
Ecuador enfrenta una creciente crisis por la minería ilegal, donde grupos armados han exacerbado la situación desde 2016. La Fundación Ecociencia destaca cómo la pandemia del covid-19 impulsó a familias a buscar empleo en esta industria, a menudo bajo coerción de bandas criminales.
La pequeña minería, especialmente vulnerable a la ilegalidad, ha visto un aumento significativo en sus exportaciones, creciendo un 238% entre 2020 y 2023. Este incremento coincide con la proliferación de nuevas empresas comercializadoras que han exportado US $530 millones, según revela una investigación sobre el comercio de oro en Ecuador.
La Organización de Estados Americanos (OEA) alerta que las nuevas empresas son el principal canal para introducir oro ilegal en mercados legales, mediante la falsificación de facturas y la creación de entidades ficticias.
En regiones como Sucumbíos, al nororiente de Ecuador, grupos indígenas Achuar utilizan maquinaria costosa financiada, presumiblemente, por el crimen organizado. La cuenca del río Punino, sin acceso por carretera, ha perdido 784 hectáreas de selva en 2023 debido a la explotación ilegal por grupos criminales colombianos y ecuatorianos.
El cierre del catastro de concesiones mineras desde hace seis años, por protestas indígenas, no ha detenido la explotación en la Amazonía. En Punino, el 96% del territorio explotado por la industria ilícita no está registrado.
La inestabilidad política ha afectado los esfuerzos de fiscalización. La fusión fallida de entidades regulatorias y la falta de recursos han debilitado los controles sobre las concesiones mineras, como critica el exviceministro de minas Fernando Benalcázar.
El oro ecuatoriano, lavado y exportado ilegalmente, beneficia a grandes actores globales mientras devastan ecosistemas y vidas humanas a miles de kilómetros de distancia.
