Gobierno intensifica control sobre exportación de oro y reformas en el sector minero
En un esfuerzo por fortalecer la supervisión en el sector minero, el Viceministro de Minas, Diego Ocampo, confirmó hoy que el Gobierno está investigando un aumento inusual en la emisión de autorizaciones para la exportación de oro. Esta medida responde a la preocupación por la reciente aparición de empresas que, a pesar de su corta trayectoria, han comenzado a exportar grandes cantidades del preciado metal.
Desde el 30 de julio, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) ha centralizado la emisión de certificados de exportación de minerales en su sede principal en Quito. Previamente, estas autorizaciones se tramitaban en las oficinas regionales de Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo. Según Ocampo, esta centralización es una estrategia para «tomar control desde la casa matriz y verificar qué está sucediendo en territorio» con la explotación minera.
La investigación se originó a raíz de un informe publicado por el portal de investigación Plan V, que expuso cómo una red de empresas clasificadas como «fantasmas» exportó oro por un valor de USD 500 millones en un corto período. Además, el reporte señaló un aumento inusual en la emisión de certificados de exportación en lo que va del año 2024, lo que ha levantado sospechas de posibles irregularidades.
El viceministro aseguró que, una vez concluida la investigación, los resultados se remitirán a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que se tomen las acciones correspondientes.
Reestructuración de agencias de control
En respuesta a la compleja situación en el sector minero, el Gobierno dispuso la creación de tres nuevas agencias especializadas que reemplazarán a la actual Arcernnr. A través de un Decreto Ejecutivo emitido en mayo de 2024, se ordenó la escisión de la agencia en las siguientes entidades:
- Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
- Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
- Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).
“La unificación de las agencias lo único que ocasionó es que se redujeran significativamente las capacidades operativas, la que más perdió fue la agencia de control minero,» explicó Ocampo. El viceministro destacó la urgencia de reestructurar y reforzar las agencias, y aseguró que, para el 8 de agosto, se tendrá definida la estructura necesaria para continuar con sus funciones y servicios. Esta medida busca frenar la salida de servidores públicos y garantizar la continuidad del control minero.
Futuro del catastro minero
Otro aspecto clave mencionado por Ocampo es la reapertura del catastro minero, un registro vital para el control de las concesiones mineras en el país. Según el viceministro, se espera que en un plazo de tres meses se pueda contar con una versión validada y auditada del catastro, y en un año, o un poco más, lograr una digitalización completa del mismo. El catastro ha estado cerrado desde 2018, lo que ha limitado la capacidad del Estado para otorgar nuevas concesiones mineras.
Distribución de regalías mineras
Finalmente, Ocampo informó sobre las reformas al reglamento de la Ley de Minería para garantizar que el 60% de las regalías generadas por los proyectos mineros se destinen directamente a las zonas de influencia. Estas reformas eliminan las trabas burocráticas para la transferencia de estos fondos, permitiendo que lleguen de manera efectiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
«La última ley económica urgente, de diciembre de 2023, reformó la ley de minería y eliminó cualquier obstáculo para que las regalías vayan directamente hacia los GADs», señaló Ocampo. Este paso es crucial para asegurar que las comunidades afectadas por la minería reciban los beneficios correspondientes.
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con un sector minero más transparente, regulado y justo, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales del país.
