Minería ilegal amenaza al país: crimen, contaminación y ausencia estatal
La presidenta de la Cámara de Minería denuncia complicidad institucional, impacto ambiental y redes criminales tras la minería ilegal.
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Minería ilegal en Ecuador ya no es marginal
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La minería ilegal en Ecuador ha dejado de ser un fenómeno aislado. Actualmente, se trata de un problema estructural que amenaza al ambiente, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. Así lo advirtió María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, durante una entrevista con El Gran Musical.
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En efecto, Silva explicó que esta actividad ya no responde a prácticas artesanales. Por el contrario, está siendo manejada por redes delictivas organizadas que operan de forma nómada, lo cual dificulta su rastreo y control.
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“Hoy la minería ilegal es nómada, no se queda en un solo sitio, se mueve, se camufla, contamina y desaparece”, afirmó Silva (2025).
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Daños ambientales en zonas naturales y biodiversas
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Por otra parte, uno de los aspectos más alarmantes es el daño ambiental. En provincias como Napo, El Oro y Loja, las consecuencias de la minería ilegal en Ecuador son cada vez más evidentes. A causa del uso de mercurio, cianuro y otros químicos tóxicos, los ríos y suelos presentan niveles preocupantes de contaminación.
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De esta manera, distintos factores vinculados al control y a la presencia institucional han influido en que estos territorios sean aprovechados por actores ilegales, provocando impactos sociales y ambientales que podrían extenderse por generaciones.
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Seguridad y crimen organizado: una amenaza creciente
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La minería ilegal está estrechamente ligada al crecimiento del crimen organizado. María Eulalia Silva advirtió que bandas delictivas han convertido esta actividad en una fuente de ingresos ilícitos, generando rentas diarias elevadas, en muchos casos superiores a las del narcotráfico en ciertas zonas.
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“Lo más grave es que el Estado está perdiendo el control de su territorio”, afirmó la presidenta del gremio.
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Además, señaló que la corrupción institucional y la falta de acción de las autoridades judiciales permiten que estas prácticas persistan sin consecuencias legales, debilitando el estado de derecho.
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Se necesita una política pública integral
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Para enfrentar este fenómeno, la Cámara de Minería propone una política pública multisectorial, con enfoque territorial, fortalecimiento del sistema judicial, operativos permanentes y alternativas económicas viables para las poblaciones involucradas.
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Silva enfatizó que “no se puede seguir actuando de forma reactiva; se requiere una estrategia nacional que articule esfuerzos del Gobierno, las fuerzas del orden, el sistema judicial, los organismos de control y la sociedad civil”.
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Fuente:
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