
Preocupación en Sígsig por impacto ambiental de la extracción ilegal
La contaminación del río Santa Bárbara por la extracción ilegal ha encendido las alarmas en Sígsig. Autoridades locales han solicitado apoyo a los cantones vecinos para proteger el afluente, ya que los operativos interinstitucionales no han logrado frenar completamente la problemática.
Desde 2020, técnicos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) han participado en ocho operativos interinstitucionales y han realizado 16 inspecciones técnicas. Durante estas intervenciones, se han destruido campamentos rudimentarios, decomisado maquinaria y registrado afectaciones ambientales significativas, incluyendo la alteración del cauce del río por excavaciones clandestinas y la contaminación del agua por el mal manejo de combustibles y residuos.
El alcalde de Sígsig, David Duchitanga, ha impulsado diversas acciones legales y administrativas para frenar la contaminación minera, entre ellas, una acción de protección y denuncias en la Fiscalía, pero sin obtener resultados contundentes. Ante esto, busca reunirse con los alcaldes de Gualaceo y Chordeleg para coordinar estrategias conjuntas, como la posible militarización de las zonas afectadas con el fin de erradicar la extracción ilegal.
Los alcaldes de los cantones vecinos han expresado su preocupación y disposición para colaborar. Marco Tapia, alcalde de Gualaceo, enfatizó la necesidad de actuar con inteligencia y estrategia para enfrentar el problema sin alertar a los infractores. Por su parte, Deifilio Arévalo, alcalde de Chordeleg, destacó que su municipio ya implementa medidas de protección ambiental y extendió una invitación a Duchitanga para trabajar de manera articulada.
Además del impacto ambiental, la extracción ilegal representa un desafío para el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad en la zona. En operativos recientes, las autoridades han encontrado campamentos abandonados, maquinaria y combustible, lo que evidencia la persistencia de estas actividades no reguladas.
A pesar de los esfuerzos locales, la extracción ilegal sigue afectando zonas protegidas de la cuenca del río Paute, donde operan grupos que extraen oro sin regulaciones. Mientras las autoridades buscan soluciones definitivas, la población continúa preocupada por el deterioro del ecosistema del río Santa Bárbara y la urgencia de tomar medidas más drásticas para su protección.