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La minería ilegal amazónica avanza sobre algunas de las zonas más biodiversas de Ecuador. Guardaparques denuncian amenazas, pérdida de equipos y encuentros con hombres armados que protegen campamentos de extracción de oro.

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Información entregada por el Ministerio de Defensa señala focos de minería ilegal en nueve de las 71 áreas protegidas del país. Siete están en la Amazonía. Los parques nacionales Sumaco Napo-Galeras, Podocarpus y Yasuní figuran entre los territorios afectados (Basantes, 2026).

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Minería ilegal amazónica fortalece economías criminales

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Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box estarían vinculados con estas operaciones. Estas estructuras diversificaron sus fuentes de financiamiento y encontraron en el oro una actividad rentable, difícil de controlar en territorios selváticos y alejados.

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En Sumaco Napo-Galeras, funcionarios ambientales fueron interceptados durante un patrullaje. Los hombres armados les retiraron teléfonos, cámaras y equipos GPS. El episodio refleja la vulnerabilidad de los servidores públicos, quienes no tienen competencia ni capacidad operativa para enfrentar organizaciones criminales.

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La situación también es crítica en Podocarpus. Un monitoreo citado por EL PAÍS determinó que la superficie afectada aumentó un 125 % entre julio de 2023 y septiembre de 2024: pasó de 22 a 50 hectáreas. En una intervención posterior, las Fuerzas Armadas destruyeron 67 campamentos clandestinos (Basantes, 2026).

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Fundación EcoCiencia ya había documentado deforestación minera dentro de Podocarpus, más de 200 campamentos y daños relacionados con la extracción aurífera en Punino, Yutzupino, Nangaritza y territorios indígenas de la Amazonía (Fundación EcoCiencia, 2023).

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Guardaparques trabajan sin protección suficiente

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En Yasuní, trabajadores ambientales reportaron retroexcavadoras y depósitos de combustible. También recibieron advertencias de muerte para impedir que comunicaran la presencia de maquinaria. Situaciones similares han provocado traslados, renuncias y la suspensión de patrullajes en zonas consideradas peligrosas.

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Ecuador cuenta con 598 guardaparques. Sin protocolos sólidos de seguridad, varios evitan presentar denuncias por temor a represalias. “Las amenazas cortan nuestro nivel de acción como guardaparques”, relató uno de los funcionarios consultados (Basantes, 2026).

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Áreas protegidas enfrentan una amenaza cada vez más profunda

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La expansión de la minería ilegal amazónica no solo amenaza la biodiversidad y contamina ríos con sedimentos y sustancias tóxicas. También debilita la presencia del Estado en territorios estratégicos, expone a comunidades cercanas y limita el trabajo de quienes vigilan el patrimonio natural del país.

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Detener este avance requerirá operativos permanentes, inteligencia financiera para seguir el dinero del oro ilegal, control de maquinaria y combustibles, además de protocolos específicos de protección para los guardaparques. La respuesta también deberá integrar a las autoridades ambientales, mineras, militares, policiales y judiciales.

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Sin una estrategia sostenida, las áreas protegidas podrían consolidarse como nuevos enclaves de economías criminales. Mientras tanto, los guardaparques continuarán realizando sus labores entre amenazas, escasos recursos y una creciente sensación de abandono institucional.

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Fuentes:

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• • El País (2026). La minería ilegal avanza en la Amazonia y acorrala a los guardaparques en Ecuador
  • EcoCiencia (2023). Deforestación por minería de oro en la Amazonía ecuatoriana

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