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El carbón colombiano enfrenta una nueva prueba crítica tras la suspensión temporal de operaciones en Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La medida expone tensiones sociales, logísticas y regulatorias que presionan la competitividad minera del país.

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Carbón colombiano bajo presión por bloqueo en Cerrejón

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Cerrejón, operación controlada por Glencore en La Guajira, suspendió desde el 1 de junio sus actividades mineras, férreas y portuarias tras declarar fuerza mayor por un bloqueo iniciado el 23 de mayo. Según la compañía, la protesta impide el ingreso de bienes esenciales, incluido combustible, y frena el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.

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La empresa también suspendió la mayoría de contratos laborales. Solo permanecen activos los equipos necesarios para mantenimiento, preservación de activos, medidas sociales y controles ambientales obligatorios. Cerrejón reiteró su llamado a un diálogo constructivo para evitar impactos sobre empleo, desarrollo regional y estabilidad económica.

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Demandas comunitarias en La Guajira

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El conflicto incluye demandas comunitarias sobre derechos colectivos, consulta previa, acceso al agua, energías renovables, participación territorial y redistribución de regalías. Cerrejón sostiene que varias solicitudes no dependen directamente de la empresa o ya fueron abordadas en procesos previos.

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La amplitud de los reclamos muestra que la disputa supera el ámbito minero. También refleja tensiones históricas sobre desarrollo, servicios públicos y gobernanza en La Guajira, una de las regiones con mayores desafíos sociales de Colombia.

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Producción de carbón colombiano cae en un año complejo

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La tensión ocurre en un año difícil para la compañía. Cerrejón reporta cerca de 80 bloqueos en 2026, principalmente asociados a reclamos contra autoridades por falta de servicios básicos en comunidades cercanas.

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En 2025, la producción de la mina cayó a 16,8 millones de toneladas, frente a 19,2 millones en 2024. El ajuste confirma una tendencia de menor desempeño operativo en una de las principales operaciones carboníferas de América Latina.

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Competitividad minera y señales para inversionistas

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El deterioro no es aislado. La producción nacional de carbón cayó a 53,9 millones de toneladas en 2025, su nivel más bajo en dos décadas, según datos citados por Fenalcarbón.

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El gremio atribuye la pérdida de competitividad a la carga fiscal, los costos logísticos y la incertidumbre regulatoria. Para el carbón colombiano, el caso Cerrejón muestra que la demanda global no basta. Sin acuerdos territoriales, seguridad logística y reglas claras, la inversión minera seguirá expuesta a interrupciones recurrentes.

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Cerrejón y el desafío de recuperar estabilidad operativa

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La suspensión en Cerrejón podría impactar exportaciones, regalías, empleo regional y la cadena logística asociada al carbón colombiano si el bloqueo se prolonga.

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El caso también evidencia que los conflictos territoriales en La Guajira no se limitan a una disputa empresarial. Involucran demandas sociales, acceso a servicios básicos, gobernanza local y expectativas sobre una transición energética más participativa.

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Aun si las partes alcanzan una salida rápida, la recurrencia de bloqueos mantiene abierta una señal de alerta para inversionistas, autoridades y comunidades. La estabilidad del sector dependerá de acuerdos sostenibles, reglas claras y mecanismos de diálogo que permitan proteger la operación minera sin desconocer las necesidades históricas de la población local.

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Fuentes: 

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• • MINING.COM (2026). Glencore’s Cerrejon shutdown deepens pressure on Colombia coal.
  • Cerrejón (2026). Cerrejón: comunicado sobre suspensión temporal de operaciones.
  • Registraduría Nacional del Estado Civil  

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La trazabilidad minera entra en una nueva etapa en Colombia con la puesta en marcha de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), una herramienta de la Agencia Nacional de Minería que busca fortalecer el control, la legalidad y la transparencia en la cadena minera. Según la ANM, el sistema permite registrar transacciones en línea y verificar en tiempo real la procedencia lícita del mineral comercializado.

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Trazabilidad minera: del subsuelo al mercado

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La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció la entrada en operación de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), un sistema tecnológico diseñado para seguir el recorrido de los minerales desde su extracción hasta su comercialización final.

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En este contexto, la herramienta comenzó funciones operativas el 19 de mayo y se presenta bajo el concepto “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”. Además, su objetivo es reforzar la transparencia del sector minero colombiano, reducir riesgos de ilegalidad y mejorar el control sobre las transacciones.

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La trazabilidad minera será clave para titulares mineros, productores, comercializadores, plantas de beneficio y consumidores autorizados. Asimismo, la ANM informó que la plataforma integra información de sistemas institucionales como Génesis, Anna Minería y el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM).

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De esta manera, la interoperabilidad permite validar datos en tiempo real y monitorear operaciones relacionadas con más de 160 minerales que circulan en el territorio nacional. Por ello, la PTM se convierte en una herramienta estratégica para ordenar la cadena minera y fortalecer la confianza en el origen legal de los recursos.

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Durante el lanzamiento, la presidenta de la ANM, Lina Beatríz Franco, afirmó que Colombia da un paso decisivo para mirar su riqueza minera “con legalidad, con trazabilidad, con responsabilidad y con propósito” (ANM, 2026). Con esta declaración, la entidad resaltó la importancia de modernizar los controles públicos y comerciales.

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Lina Beatríz Franco, Presidenta de la Agencia Nacional de Minería

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Control, legalidad y tecnología minera

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La implementación se sustenta en la Ley 2250 y en la Resolución 3824 de 2025, normativa que impulsa nuevos mecanismos de registro y verificación de transacciones mineras. A su vez, la ANM también reglamentó la PTM mediante la Resolución 759 de 2024.

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Por su parte, la viceministra de Minas y Energía, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, destacó que conocer qué mineral se extrae, quién lo produce, cómo se moviliza y cómo se comercializa permite fortalecer la legalidad, mejorar el recaudo y proteger las regalías.

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Finalmente, Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM, señaló que la plataforma respalda a quienes operan dentro de la ley. En consecuencia, la institución busca impulsar una minería moderna, transparente y alineada con las necesidades del país.

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Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM

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Una ruta digital para una minería más legal y transparente

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La trazabilidad minera abre una nueva etapa para el control del sector en Colombia. Gracias a la PTM, la ANM busca cerrar brechas en el seguimiento de minerales, fortalecer la fiscalización y dar mayor seguridad a los actores que operan dentro del marco legal.

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Sin embargo, el impacto de esta herramienta dependerá de su uso efectivo por parte de titulares, productores, comercializadores, plantas de beneficio y consumidores autorizados. Además, será clave la capacidad institucional para validar información en tiempo real, detectar inconsistencias y asegurar que los beneficios de la actividad minera lleguen a las regiones productoras.

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En adelante, la plataforma podría convertirse en un punto de referencia para otros países de la región. Por esta razón, Colombia avanza hacia un modelo de control minero más digital, transparente y enfocado en combatir la ilegalidad.

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Fuentes: 

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• • Portafolio (2026). Agencia nacional de Minería pone en marcha plataforma de trazabilidad de minerales.
  • Agencia Nacional de Minería: página oficial de Trazabilidad de Minerales.
  • Agencia Nacional de Minería: anuncio del lanzamiento de la PTM.

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Minería bien hecha: confianza ciudadana, dudas internas

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Presentado durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el informe muestra un aumento en la percepción positiva respecto a 2024, cuando el 76 % de los ciudadanos respaldaban la minería. Para Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, “esto indica que la minería bien hecha está generando impactos visibles en las comunidades” (Cigüenza Riaño, 2025).

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La encuesta abarcó a más de 6.000 personas, incluyendo ciudadanos, funcionarios, trabajadores y directivos. El 70 % de los líderes empresariales considera que su empresa cumple con las reglas, y el 87 % cree que respetan los Derechos Humanos. Sin embargo, solo el 48 % de las autoridades cree que hay un compromiso ambiental real.

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El dato que más preocupa es interno: el 39 % de los trabajadores no quiere que sus hijos sigan en el sector, aunque el 87 % cree que se puede hacer minería digna.

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Percepción positiva, pero con retos generacionales

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La minería bien hecha ha logrado avanzar en reputación y confianza ciudadana, especialmente en las regiones donde opera con responsabilidad y buenas prácticas. Sin embargo, el desafío está en el interior de su propia fuerza laboral: si bien la mayoría valora el trato recibido y reconoce que se puede ejercer una minería con dignidad, muchos no visualizan este camino para las futuras generaciones.

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Este desencuentro intergeneracional puede deberse a factores como la inseguridad laboral, los riesgos físicos, la distancia familiar o la percepción de un futuro incierto en la industria. Superarlo implica no solo seguir cumpliendo con normas y estándares, sino construir una narrativa creíble de futuro sostenible y atractivo para jóvenes profesionales, técnicos y familias enteras.

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Las empresas del sector deben apostar por innovación tecnológica, bienestar laboral y un compromiso ambiental auténtico, que trascienda el discurso. Solo así se logrará no solo mantener la licencia social para operar, sino también consolidar una minería bien hecha como una opción de vida viable y valorada para las próximas generaciones.

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Fuentes:

Brújula Minera 2025

Ministerio de Minas y Energía Colombia 

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En la cita se elaboró una hoja de ruta regional que combina conocimiento ancestral con herramientas legales e institucionales para enfrentar la amenaza creciente del mercurio en la Amazonía, problema estrechamente vinculado a la minería ilegal de oro, la tala ilegal, el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

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Fotos: Memoria de Primer intercambio de pueblos indígenas amazónicos sobre la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio 

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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), en regiones amazónicas donde el pescado es la base alimentaria, la exposición al mercurio se agrava drásticamente: entre 1,5 y 17 de cada 1.000 niños en zonas de pesca de subsistencia presentan trastornos cognitivos asociados al consumo de pescado contaminado.

El Convenio de Minamata: un marco global para frenar el mercurio

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Durante el evento, Richard Gutiérrez, representante de la Secretaría de Minamata, destacó el papel del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado global legalmente vinculante que protege la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio. Adoptado en 2013 y en vigor desde 2017, este acuerdo ya cuenta con 152 países firmantes y busca erradicar progresivamente la minería artesanal de oro que emplea mercurio.

Algunas conclusiones y recomendaciones

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Fotos: Memoria de Primer intercambio de pueblos indígenas amazónicos sobre la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio 

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Sobre los impactos sociales y comunitarios de la minería ilegal: La minería ilegal no solo devasta el medio ambiente, sino que rompe el tejido social y cultural de las comunidades. Provoca divisiones internas, desplazamientos forzados y pérdida de conocimientos ancestrales. Este fenómeno avanza por el abandono estructural del Estado, la ausencia de servicios básicos, la falta de control institucional y la expansión de redes de corrupción y crimen organizado que operan sobre los territorios.

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Sobre la salud y efectos del mercurio: Es urgente implementar programas de salud diferenciados e interculturales para atender los efectos del mercurio, con enfoque preventivo y curativo, especialmente dirigidos a mujeres, niñas y niños. Se plantean mecanismos de reparación integral que incluyan medidas ambientales, sanitarias, culturales y económicas.

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Hacia una hoja de ruta regional: Se recomienda consolidar un plan con acciones comunitarias, nacionales e internacionales frente a la minería ilegal, con metas claras, responsables definidos y mecanismos de seguimiento. Una parte central es el fortalecimiento de sistemas comunitarios de monitoreo de la contaminación por mercurio, articulados con instituciones científicas y autoridades, para generar datos que sustenten decisiones efectivas.

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En este nuevo capítulo de Mining Talk, Darío Ruiz de Mundo Minero y Elisa Morán de Lids Ecuador tuvieron un invitado. Milton Montoya es experto en derecho minero, director del departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia y socio de la firma Holland & Knight, con quien dialogaron acerca del catastro minero en Ecuador y la experiencia en el país vecino.

El catastro minero es un tema que genera controversia en Ecuador por la situación que atraviesa la industria, y además su reapertura fue un ofrecimiento del gobierno actual. Es importante conocer de qué se trata y cuáles son sus beneficios. Morán explica que el catastro es un sistema de gestión minero que a través de una plataforma se establece todo el proceso desde el otorgamiento, la administración y la extinción  de los derechos mineros.  Por lo tanto, es un instrumento fundamental que establece un orden, seguimiento y control de los proyectos mineros.

Asimismo, el catastro maneja un registro de las áreas libres y de las que ya están concesionadas, para que futuros inversionistas puedan conocer los territorios que se encuentran libres y poder acceder a estas, bajo los lineamientos de control que se manejan en el país. Actualmente esta herramienta está cerrada y aunque han existido ofrecimientos de reabrirla no se concreta el tema.

Montoya contó, que en Colombia el catastro minero tenía el objetivo inicial de garantizar la igualdad de condiciones a los posibles interesados en un contrato de concesión minero. Ahora al catastro colombiano se lo entiende más como un sistema integrado de gestión minera que tiene entre sus funciones la radicación y gestión electrónica de propuestas de contrato de concesión, autorizaciones temporales, solicitudes de legalización de minería de hecho, solicitudes de legalización de minería tradicional, subcontratos de formalización, áreas de reserva especial, seguimiento y control derivadas de los títulos mineros, actividades asociadas a salvamento y función minera, entre otros trámites.

catastro minero ecuador colombia

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Mira el cuarto programa completo de Mining Talks aquí.

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En las últimas horas se conocieron videos en redes sociales que dejan ver los bloqueos de quienes protestan, a tal punto que no dejan pasar a ambulancias con pacientes que están siendo remitidos a un centro asistencial.

De acuerdo con las autoridades, los manifestantes han talado varios árboles de la zona con el fin de colocar troncos en la vía e impedir el paso de cualquier tipo de vehículo, este hecho en particular sucedió en tumbados en la vía entre Cáceres y Tarazá.

De acuerdo con cifras de las autoridades regionales, el Paro Minero ha generado más de 400.000 afectados, principalmente, por el bloqueo de vías que impide que lleguen alimentos y otros servicios esenciales.

Parte de Antioquia está incomunicada ya hace más de 4 días, pues las barricadas en las vías a la Costa Caribe y al nordeste del departamento impiden llegar a diferentes municipios antioqueños.

A la vista aún no hay una solución tangible que termine con las manifestaciones en Antioquia y Bajo Cauca, incluso, la situación se ha extendido hasta la región del San Jorge en Córdoba, donde el comercio ha sido el más afectado, todo por cuenta de quienes bloquean piden la presencia del presidente Gustavo Petro, y los ministros que están involucrados en las operaciones especiales para acabar con la minería ilegal en la región.

Quienes lideran las manifestaciones tienen una lista de once puntos (o pliego de condiciones) para terminar con el Paro Minero, el primero –y uno de los más importantes– es formalización de la minería “ancestral”, también pidieron reglamentar la Ley 2250 de 2022 para otorgar la presunción de legalidad a la minería “artesanal”

Entre los puntos también se encuentra derogar el decreto que autoriza a la Policía Nacional a dinamitar la maquinaria que se emplee en minería ilegal en todo el territorio nacional.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que se levantaría el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño debido a la fallida reunión que se registró en días pasados entre el Comité del paro minero y representantes del Gobierno nacional.

FUENTE: Infobae

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