Por primera vez en la historia del país, Ecuador ha llevado a cabo un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en el sector minero, cumpliendo con lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual es firmante. Este proceso se realizó en la comunidad de San Pedro de Escaleras, provincia del Azuay, en el contexto del proyecto minero Loma Larga.

 

Durante una rueda de prensa organizada este 19 de mayo por la Cámara de Minería del Ecuador, su presidenta ejecutiva, María Eulalia Silva, calificó este hecho como un “hito histórico” y una “deuda pendiente con los pueblos indígenas”. Señaló además que esta consulta no debe confundirse con la consulta ambiental, ya que la Consulta Previa responde a un derecho colectivo de las comunidades originarias cuando un proyecto extractivo afecta directamente su territorio ancestral.

 

El abogado constitucionalista y catedrático universitario Emilio Suárez ofreció una explicación técnica del proceso. Recordó que en 2022 se presentó una acción de protección en contra del proyecto minero Loma Larga, que desembocó en una sentencia de la Corte Provincial del Azuay en 2023. La resolución no anuló las concesiones, pero sí dispuso cuatro medidas de reparación: dos estudios ambientales (biótico e hídrico), la consulta ambiental y, finalmente, la Consulta Previa, Libre e Informada.

 

Lo relevante del caso, explicó Suárez, es que la comunidad de Escaleras no se encontraba dentro del área de influencia directa del proyecto, pero aun así fue considerada dentro del proceso consultivo por orden judicial, lo que sienta un precedente jurídico y político. Este proceso, además, fue acompañado por la OIT —organismo responsable del convenio que respalda este derecho— y supervisado por la Defensoría del Pueblo, lo que garantizó su legitimidad, transparencia y cumplimiento.

 

El Ministerio de Energía y Minas informó al juez que se han cumplido las medidas dispuestas por la Corte. En la consulta realizada, el 100% de los participantes expresó su aprobación para que el proyecto Loma Larga avance a su fase de construcción.

 

Este hecho marca un antes y un después en la relación entre el Estado, las comunidades y el desarrollo de proyectos estratégicos. La experiencia demuestra que es posible garantizar el respeto a los derechos colectivos, la participación ciudadana y el cumplimiento de la ley, sentando así las bases para futuros procesos similares que promuevan el diálogo y la corresponsabilidad en el uso de los recursos naturales.