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Ha pasado más de un año desde que el Gobierno anunció el inicio de las negociaciones para la explotación del proyecto minero Cangrejos, ubicado en El Oro. A pesar de que se esperaba firmar el contrato en enero de 2026, aún no hay una fecha oficial.

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El 11 de diciembre de 2025, el entonces viceministro de Minas, Xavier Subía, indicó que el contrato sería firmado en Santa Rosa a mediados de enero. No obstante, la empresa Odin Mining del Ecuador, filial de la china CMOC, señaló el 21 de enero que la negociación continúa y que aún no se ha iniciado ninguna actividad de extracción.

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Actualmente, la compañía desarrolla estudios técnicos y campañas de perforación para obtener información ambiental y científica. Según un comunicado oficial, estas actividades cuentan con los permisos necesarios y se ejecutan en terrenos propios.

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Comunidades exigen transparencia en el proyecto minero Cangrejos

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Durante esta semana, se realizó una asamblea ciudadana en El Oro para rechazar el proyecto. La población expresó preocupación por el posible impacto sobre las fuentes hídricas, incluso en esta fase inicial. También se solicitó una consulta ambiental, así como mayor fiscalización por parte de los asambleístas provinciales.

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Odin Mining aclaró que no se afectarán las captaciones de agua de comunidades como Bellamaría, San Carlos, El Recreo y otras. Aseguró además que el proyecto se desarrolla dentro del marco legal y ambiental vigente.

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Empleo, inversión y operación futura

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El proyecto minero Cangrejos, ubicado a 30 km al sureste de Machala, tiene una vida útil estimada de 26 años. Se proyecta una inversión total de $1.648 millones (Banco Central, 2025). La operación comercial está prevista para 2028, con una producción anual de 11,5 toneladas de oro.

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Durante su construcción y operación se prevé generar 1.000 empleos directos y más de 2.000 indirectos, priorizando la contratación local. Además, se planea implementar un centro de capacitación gratuito para jóvenes y adultos de las comunidades aledañas.

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La empresa ha invertido cerca de $2 millones en desarrollo comunitario desde 2016 y $2,5 millones en protección ambiental desde 2022, con la promesa de aumentar estos montos en 2026.

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La firma del contrato para el proyecto minero Cangrejos sigue pendiente. Mientras tanto, crecen tanto las expectativas económicas como las preocupaciones sociales y ambientales en la provincia de El Oro.

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Fuentes:

• • El Universo (2026). Contrato de explotación del proyecto minero Cangrejos se queda sin fecha

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La entrada Proyecto minero Cangrejos sigue en espera: retrasos y expectativas en El Oro se publicó primero en Mundo Minero.

La Corte, que ya había suspendido cautelarmente la aplicación del decreto en agosto pasado, ratificó su postura, argumentando que la normativa violaba los derechos de las comunidades y otorgaba beneficios exclusivos a las empresas transnacionales. El fallo destacó que el decreto era inconstitucional por transgredir el principio de reserva de ley consagrado en la carta magna.

Además, la Corte respaldó el argumento presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que invocó regulaciones internacionales que establecieron un procedimiento de “consulta previa, libre e informada” para las comunidades, en defensa de sus territorios y culturas. El dictamen subrayó que la consulta ambiental debe ser regulada a través de una ley orgánica, no por medio de un reglamento, como pretendía el Gobierno de Guillermo Lasso.

El decreto, emitido por el Ejecutivo, garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les imponía la obligación de participar. La Corte consideró que la consulta ambiental del Gobierno “no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada”.

Este fallo representa un triunfo para las comunidades indígenas de Ecuador, que habían expresado su rechazo al decreto por considerar que vulneraba sus derechos. La consulta ambiental había generado resistencia en áreas destinadas a proyectos mineros, como las andinas de Las Naves y Sigchos, donde se registraron enfrentamientos entre las comunidades, militares y policías.

El presidente saliente, Guillermo Lasso, que ha gobernado mediante decretos desde la disolución de la Asamblea, dejará el cargo el próximo 23 de noviembre, cuando entregue el poder al presidente electo, Daniel Noboa.

https://x.com/CorteConstEcu/status/1725664620252164339?s=20

La entrada Corte Constitucional declara inconstitucional el Decreto No. 754 sobre consultas ambientales se publicó primero en Mundo Minero.

El 1 de agosto de 2023, la Corte Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Ejecutivo No. 754, lo que resultó en la suspensión de dicho decreto y, por ende, la ausencia de una norma jurídica que regule las consultas ambientales en el país. Esta medida ha generado una creciente incertidumbre en diversas industrias.

Uno de los momentos destacados de la marcha fue la entrega de un Amicus Curiae por parte de Nathaly Mesa, representante de los ciudadanos, quien argumentó en nombre de su comunidad, el Cantón Las Naves en la Provincia de Bolívar, que la continuación de las consultas ambientales es esencial para el progreso y la generación de oportunidades en sus áreas.

La solicitud principal de los manifestantes es que la Corte Constitucional los escuche como habitantes de las zonas directamente afectadas, ya que consideran que la reanudación de las consultas ambientales es crucial para el bienestar de Ecuador en su conjunto. La petición se enfoca en la necesidad de mantener la producción, crear empleos y abordar las crecientes demandas de la población.

María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó que la determinación de la Corte Constitucional tiene graves repercusiones en todos los sectores productivos del país. Añadió que, aunque la suspensión es temporal, la prolongada inacción en la emisión de licencias ambientales desde 2021 plantea interrogantes sobre la duración de esta situación.

Johana Zambrano, representante de la comunidad de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, subrayó la importancia de que la Corte respete su derecho a la consulta ambiental. Ella y otros manifestantes se identificaron como los verdaderos pobladores de sus respectivas parroquias y se unieron en una voz unificada para reclamar su derecho a participar en las decisiones que afectan directamente sus vidas y sus territorios.

La suspensión de la norma que regula las consultas ambientales ha dejado en un limbo los procesos que estaban en curso por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), lo que ha hecho que la consulta ambiental sea inaplicable en el Ecuador. Según el MAATE, existen 176 procesos de consultas ambientales proyectos listos para comenzar, a separar extractivos, de salud, turismo, generación eléctrica, tratamiento de agua y gestión de desechos, entre otros. Esta paralización podría tener un impacto a corto plazo estimado en más de 2 mil millones de dólares.

La marcha multisectorial en Ecuador ha destacado la importancia de la consulta ambiental como un proceso fundamental para el desarrollo sostenible y la participación ciudadana en las decisiones que afectan al país. Los manifestantes esperan que la Corte Constitucional considere sus argumentos y medidas que permitan la reanudación de estas consultas esenciales para el futuro de Ecuador.

La entrada Ciudadanos en marcha exigen se respete su derecho a ser consultados se publicó primero en Mundo Minero.

Los protagonistas de este conversatorio fueron distinguidos ponentes que abordaron el tema desde sus distintas perspectivas. Entre ellos se encontraba Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista reconocido, quien junto a María Amparo Albán, experta en Derecho Ambiental, y María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, analizaron las implicaciones de esta controvertida decisión.

El panel fue magistralmente moderado por Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, quien enfatizó que esta situación afecta a una gama de sectores más amplia de lo que podría pensarse inicialmente. “Esto no solo concierne al sector minero, sino que abarca a todas las áreas que requieren licencias ambientales. La envergadura de esta problemática va más allá de los empresarios; involucra a todos los ecuatorianos ya las familias que dependen de empleos para subsistir”, afirmó Orozco.

María Amparo Albán, por su parte, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional: “Es incomprensible que la Corte haya suspendido una norma de Consulta Ambiental bajo el pretexto de salvar casos específicos. Esta acción es contraria a lo estipulado en los artículos 398 y 399 de la Constitución, que constituyen la base del derecho al ambiente y la naturaleza.”

Desde la perspectiva de los sectores productivos, María Paz Jervis manifestó su preocupación ante lo que considera una falta de certidumbre jurídica. “Como actores del sector productivo, estamos profundamente inquietos por esta continua volatilidad en el estado de derecho. Necesitamos reglas claras, necesitamos que aquellos que quieran invertir en este hermoso país, con su riqueza natural, entiendan el nivel real de riesgo y que las reglas de juego no cambien a mitad de camino”, subrayó Jervis.

Uno de los momentos más destacados del conversatorio fue cuando Juan Francisco Guerrero cuestionó la misma coherencia de la Corte Constitucional al suspender una norma que estaba en línea con una de sus sentencias previas. “Resulta increíble que sea la misma Corte quien suspenda provisionalmente un instrumento que se alineaba con lo que solicitaba en una sentencia de 2021, en la que ordenaba al Presidente adecuar el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente”, puntualizó.

Los expertos coincidieron en que las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional ya son palpables. La producción industrial, la generación de empleo y las inversiones se encuentran en un punto muerto en Ecuador. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que 176 procesos de consulta ambiental estaban listos para dar inicio a la obtención de autorizaciones y actividades productivas, a incluir proyectos extractivos, de salud, turismo, generación eléctrica y gestión de recursos.

Los representantes de los sectores productivos dejaron un mensaje claro: instaron a los jueces a actuar diligentemente para revertir esta decisión, la cual podría conllevar pérdidas millonarias y tener impactos devastadores en términos de desempleo y aumento de la pobreza. La necesidad de restablecer la confianza en las reglas del juego y fomentar la inversión tanto a nivel nacional como internacional fue enfatizada, ya que está en juego el futuro económico y ambiental de Ecuador.

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El lunes 31 de julio de 2023, el Tribunal, integrado por los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz, admitieron a trámite una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y el fondo en contra de las reformas al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

El organismo admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad planteada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la Fundación Pachamama y el Centro de Derechos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en contra el decreto emitido por Guillermo Lasso que regula la consulta ambiental para actividades económicas de impacto, entre ellas la extracción de oro y cobre a gran escala de dos mineras.

La consulta ambiental significa la socialización con las comunidades involucradas sobre los detalles de proyectos de extracción de recursos o de actividades que tengan un impacto en el ambiente. Sin esta consulta, el Ministerio de Ambiente no pude emitir las licencias ambientales para que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan ejecutar inversiones en el país.

Según datos del Ministerio de Ambiente, las dificultades para concretar la consulta ambiental han provocado que más de 150 proyectos estén en suspenso y sin poder obtener las licencias ambientales que necesitan. Entre esos proyectos productivos se encuentran desde temas mineros y tratamiento de aguas hasta inversiones en el sector hotelero.

La suspensión temporal implica para empresas, como las mineras, retrasar construcciones y proyectos hasta que se resuelva el vacío legal. De hecho, la consulta ambiental había comenzado a finales de junio de 2023 para dos proyectos:

• La Plata, de la canadiense Atico Mining, con matriz en Vancouver. Este proyecto se construirá en Palo Quemado, Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. La inversión prevista en la construcción de la mina es de USD 100 millones.
• El Domo, de la empresa ecuatoriana Curimining, cuyo accionista es Salazar Holdings, con sede en Toronto. La concesión está en Las Naves, en la provincia de Bolívar. La firma prevé invertir USD 292 millones en la construcción de la mina.

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