Las 18 listas de postulantes presentan propuestas para hacer cumplir la voluntad popular y reforzar las normativas ambientales, priorizando el acceso al agua sobre la minería. Además, plantean sustituir la extracción de metales por actividades como el turismo rural y la agroecología, con el fin de promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.

Leonardo Berrezueta, líder de la lista RETO (Lista 33) y exgobernador de Azuay, enfatizó que “debemos ser respetuosos, defender y hacer cumplir la decisión de la gente” en las consultas de Cuenca y Girón, y propuso reformas legales para garantizar este respeto.

Sebastián Cevallos, candidato del Movimiento Unidad Popular (Lista 2), subrayó que no se puede permitir minería cerca de fuentes hídricas en Azuay y planteó una reforma constitucional para blindar estas zonas. También criticó los intentos de avanzar con proyectos como Loma Larga, que ignoran los resultados de las consultas.

Los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga, suspendidos por fallos judiciales debido a la falta de consulta previa a las comunidades, son un tema central en el debate electoral. Mientras algunos candidatos aseguran que la minería pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad, otros defienden su viabilidad con regulaciones estrictas y tecnologías limpias para reducir los impactos ambientales.

Bruno Segovia, líder del Movimiento AMIGO (Lista 16), se mostró firme contra la minería en áreas de recarga hídrica y propuso reformas para proteger los páramos y respetar las decisiones ciudadanas.

Para expertos como el ingeniero en minas Patricio Rubio, la minería responsable es factible si se aplican estándares internacionales y controles rigurosos. Asegura que esta industria puede generar empleo y recursos para educación, salud e infraestructura sin comprometer el medioambiente. No obstante, reconoce que la fiscalización y la transparencia en los procesos son fundamentales para evitar abusos y daños irreversibles.

El futuro de la minería en Azuay dependerá de las decisiones políticas y del equilibrio entre la protección del agua y el desarrollo económico. La ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas.

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