La Corte, que ya había suspendido cautelarmente la aplicación del decreto en agosto pasado, ratificó su postura, argumentando que la normativa violaba los derechos de las comunidades y otorgaba beneficios exclusivos a las empresas transnacionales. El fallo destacó que el decreto era inconstitucional por transgredir el principio de reserva de ley consagrado en la carta magna.

Además, la Corte respaldó el argumento presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que invocó regulaciones internacionales que establecieron un procedimiento de “consulta previa, libre e informada” para las comunidades, en defensa de sus territorios y culturas. El dictamen subrayó que la consulta ambiental debe ser regulada a través de una ley orgánica, no por medio de un reglamento, como pretendía el Gobierno de Guillermo Lasso.

El decreto, emitido por el Ejecutivo, garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les imponía la obligación de participar. La Corte consideró que la consulta ambiental del Gobierno “no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada”.

Este fallo representa un triunfo para las comunidades indígenas de Ecuador, que habían expresado su rechazo al decreto por considerar que vulneraba sus derechos. La consulta ambiental había generado resistencia en áreas destinadas a proyectos mineros, como las andinas de Las Naves y Sigchos, donde se registraron enfrentamientos entre las comunidades, militares y policías.

El presidente saliente, Guillermo Lasso, que ha gobernado mediante decretos desde la disolución de la Asamblea, dejará el cargo el próximo 23 de noviembre, cuando entregue el poder al presidente electo, Daniel Noboa.

https://x.com/CorteConstEcu/status/1725664620252164339?s=20

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El Decreto 754 fue promulgado en respuesta a las decisiones de la Corte Constitucional en los casos “Los Cedros” y “Manglares”, que exigían la implementación de un proceso de consulta ambiental previo a la ejecución de proyectos industriales y productivos en el país. Sin embargo, la Corte Constitucional, basándose en argumentos que algunos consideran desapegados de la realidad, emitió una medida cautelar que suspendió los efectos de este decreto mientras se resolvía el fondo del asunto.

Tras una audiencia celebrada el pasado lunes, se esperaba que la Corte emitiera una sentencia sobre el caso. Sin embargo, se ha informado que las organizaciones indígenas están tratando de dilatar aún más el proceso presentando tres demandas adicionales que también buscan declarar la inconstitucionalidad del Decreto 754. Esta táctica parece estar dirigida a obstaculizar una resolución que es crucial para la generación de empleo. inversión y el otorgamiento de Licencias Ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

José Antonio Dávalos, Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ha destacado que el procedimiento establecido en el Decreto 754 no guarda relación con la consulta previa, libre e informada que es responsabilidad de las comunidades indígenas. Además, señaló que esta situación está obstaculizando proyectos públicos y privados por un valor de más de USD 2.000 millones, que incluyen hospitales, plantas de tratamiento de agua y desechos sólidos, entre otros.

La preocupación se ha extendido a diversos sectores, incluida la Cámara de Minería del Ecuador, que ha hecho un llamado a los Honorables Jueces de la Corte Constitucional para que no permita que estos incidentes obstaculicen el desarrollo del sector productivo nacional.

La incertidumbre en torno a la resolución de este caso genera inquietud en la comunidad empresarial y en la sociedad en general, ya que la próxima emisión de una sentencia es fundamental para desbloquear proyectos cruciales para el país y su crecimiento económico.

Se espera que la Corte Constitucional tome en cuenta el impacto que esta dilatación podría tener en la economía del país y tome decisiones que prioricen el desarrollo sostenible y el bienestar de los ecuatorianos. La atención de todos se encuentra ahora centrada en la próxima resolución de la Corte, que podría tener un impacto significativo en el futuro de Ecuador.

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