En su petitorio, las organizaciones solicitan además que se suspenda la aplicación de este decreto hasta que la demanda se tramite por parte de la Corte, lo que detendría el trámite de la norma de consulta ambiental.

La consulta ambiental es una herramienta necesaria para la obtención de las licencias ambientales que los sectores productivos requieren para continuar con sus actividades industriales de manera regulada y apegada a la normativa ambiental. Así lo determinó la Corte Constitucional en más de una sentencia.

María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la CME, señaló: “El Ecuador no puede detenerse frente a la coyuntura política. Debemos seguir produciendo, generando empleo y enfrentando nuestras necesidades”. “De darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas”.

Andres Ycaza, síndico de la CME afirmó que la acción de la Conaie «inviabiliza el cumplimiento de lo dispuesto por la misma Corte de practicar la consulta ambiental. Además, en caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la Consulta Prelegislativa y por ende de la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.

La minería a gran escala, según la Cámara, ha permito la reducción de la pobreza. Solo el año pasado, nuestro sector generó más de 180.000 plazas de trabajo directo e indirecto.

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