El pasado lunes 7 de abril, actores clave del sector minero, gobierno y sociedad civil se reunieron en el evento “Acciones para el Fortalecimiento de la Transferencia en el Sector Minero”, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, el EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) y el Ministerio de Energía y Minas. El encuentro, enfocado en transparentar la gestión de recursos naturales, reveló avances y desafíos para combatir la minería ilegal y atraer inversiones responsables.

La viceministra de Minas, Rebeca Illescas, destacó cuatro pilares para transformar el sector: 1) consolidar normativas que garanticen operaciones mineras responsables, 2) implementar programas de gestión sostenible con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 3) modernizar el catastro minero —actualmente paralizado desde 2018— y 4) institucionalizar iniciativas de transparencia alineadas con la Agenda 2030. “La minería ilegal crece donde el Estado está ausente. Sin un marco claro, sin sistemas automatizados y sin funcionarios capacitados, el caos se normaliza”, afirmó. Además, reveló que Ecuador tiene más de 700 focos de minería ilegal, un problema que, según ella, solo se resolverá con tecnología, controles estrictos y cooperación internacional.

Karla Herrera, representante de EITI, enfatizó que la transparencia no es solo un compromiso del gobierno, sino de empresas y ciudadanos. Presentó el segundo informe del organismo (2020-2023), que detalla flujos financieros, impactos socioambientales y avances en rendición de cuentas. Aunque Ecuador obtuvo 69/100 en la última evaluación internacional —un progreso frente al 60 inicial—, Herrera admitió que persisten retos, como clarificar los beneficiarios finales de concesiones y garantizar acceso público a contratos.

Carlos Cabrera, especialista en comunicación del EITI, planteó una reflexión crítica: ¿qué pasaría si desaparecieran los sectores extractivos en Ecuador? Según datos del informe EITI Ecuador 2022-2023, estos sectores aportan alrededor de $18 de cada $100 que circulan en la economía nacional, lo cual equivale a bienes esenciales como carne, pan o frutas. Además, generan más de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos, por lo que su desaparición sería equivalente a borrar ciudades enteras como Cumbayá o Latacunga. Cabrera enfatizó que el debate no debe centrarse en estar a favor o en contra de la minería y los hidrocarburos, sino en analizar los modelos de gestión, la institucionalidad y la necesidad de políticas públicas sostenibles y transparentes que beneficien realmente a la ciudadanía. La transparencia, aseguró, debe ser una práctica cotidiana que transforme el día a día de las personas.

Esteban Manteca, director regional del EITI, destacó que Ecuador alcanzó 69 puntos en su última validación internacional, reflejo del compromiso multisectorial con la transparencia. Señaló avances como la inclusión de cláusulas EITI en contratos mineros, pero advirtió que aún quedan desafíos clave: publicar íntegramente los contratos, identificar beneficiarios finales, fortalecer la divulgación estatal —especialmente en minería artesanal— y desagregar los datos de ingresos y pagos por proyecto. Para lograrlo, subrayó la necesidad de participación ciudadana, financiamiento sostenido y una secretaría técnica que respalde el proceso.

El cierre del evento incluyó “Un compromiso para Promover la Paridad de Género en la Minería“, firmado por el Ministerio de Energía y Minas y Women in Mining Ecuador, para incluir indicadores de equidad en el próximo informe EITI. Galo García, del Comité Nacional de Integridad, resaltó que la transparencia debe ser una “política de Estado, no de gobierno”, especialmente en un país donde la rotación de autoridades ha debilitado la planificación a largo plazo.

El sector minero ecuatoriano enfrenta una encrucijada: aprovechar su potencial económico con transparencia o perpetuar un modelo opaco que alimenta la ilegalidad. Los avances en cooperación internacional y digitalización son esperanzadores, pero requieren continuidad. Para los jóvenes, esto significa empleos formales y recursos para educación; para el país, una oportunidad de redefinir su relación con los recursos naturales. El desafío no es solo técnico, sino cultural: construir confianza desde las comunidades hasta los inversionistas. La pregunta ahora es si las acciones prometidas trascenderán el discurso y se materializarán en un futuro donde la riqueza mineral beneficie a todos, no a unos pocos.

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