El impacto ambiental también es alarmante. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la extracción ilegal ha destruido 1 422 hectáreas desde 2019 en la Amazonía ecuatoriana, con 420 hectáreas afectadas solo en 2024. Áreas protegidas como el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional Sumaco han sufrido daños irreparables. Además, en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, el impacto supera las 30 hectáreas.

El atractivo de esta actividad ilegal radica en el alto precio del oro, que supera los USD 2 700 por onza, mientras que se prevé que llegue a USD 2 900 en 2025. Este contexto ha llevado a mafias organizadas a intensificar sus operaciones, generando un aumento en los índices de violencia en zonas como Orellana, Bolívar y Azuay. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, las tasas de homicidios en estas provincias han aumentado drásticamente, y cantones como Ponce Enríquez registran al menos cuatro masacres y 56 asesinatos en lo que va del año.

Combatir la extracción ilegal exige una estrategia integral que contemple sanciones firmes, mayor control en áreas protegidas y alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas. Solo así será posible frenar su avance y mitigar las devastadoras consecuencias ambientales y sociales.

Fuente: minergía

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