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Minería ilegal en Ecuador ya no es marginal

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La minería ilegal en Ecuador ha dejado de ser un fenómeno aislado. Actualmente, se trata de un problema estructural que amenaza al ambiente, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. Así lo advirtió María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, durante una entrevista con El Gran Musical.

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En efecto, Silva explicó que esta actividad ya no responde a prácticas artesanales. Por el contrario, está siendo manejada por redes delictivas organizadas que operan de forma nómada, lo cual dificulta su rastreo y control.

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“Hoy la minería ilegal es nómada, no se queda en un solo sitio, se mueve, se camufla, contamina y desaparece”, afirmó Silva (2025).

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Daños ambientales en zonas naturales y biodiversas

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Por otra parte, uno de los aspectos más alarmantes es el daño ambiental. En provincias como Napo, El Oro y Loja, las consecuencias de la minería ilegal en Ecuador son cada vez más evidentes. A causa del uso de mercurio, cianuro y otros químicos tóxicos, los ríos y suelos presentan niveles preocupantes de contaminación.

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De esta manera, distintos factores vinculados al control y a la presencia institucional han influido en que estos territorios sean aprovechados por actores ilegales, provocando impactos sociales y ambientales que podrían extenderse por generaciones.

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Seguridad y crimen organizado: una amenaza creciente

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La minería ilegal está estrechamente ligada al crecimiento del crimen organizado. María Eulalia Silva advirtió que bandas delictivas han convertido esta actividad en una fuente de ingresos ilícitos, generando rentas diarias elevadas, en muchos casos superiores a las del narcotráfico en ciertas zonas.

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“Lo más grave es que el Estado está perdiendo el control de su territorio”, afirmó la presidenta del gremio.

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Además, señaló que la corrupción institucional y la falta de acción de las autoridades judiciales permiten que estas prácticas persistan sin consecuencias legales, debilitando el estado de derecho.

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Se necesita una política pública integral

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Para enfrentar este fenómeno, la Cámara de Minería propone una política pública multisectorial, con enfoque territorial, fortalecimiento del sistema judicial, operativos permanentes y alternativas económicas viables para las poblaciones involucradas.

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Silva enfatizó que “no se puede seguir actuando de forma reactiva; se requiere una estrategia nacional que articule esfuerzos del Gobierno, las fuerzas del orden, el sistema judicial, los organismos de control y la sociedad civil”.

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Fuente: 

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• • FM Mundo (2026). Una actividad que causa un daño silencioso, contamina ríos, impulsa crimen y desafía al estado

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En un nuevo esfuerzo de combate a la minería ilegal, los gobiernos de Ecuador y Perú aprobaron el Plan de Trabajo Binacional 2025–2026 para enfrentar esta actividad delictiva que prolifera en zonas de frontera. La medida se adoptó en Quito durante la segunda reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), el 15 de agosto.

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Coordinación binacional en zonas críticas

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El Plan 2025–2026 contempla operaciones multisectoriales, capacitación técnica en fiscalización, intercambio de inteligencia y sanciones penales. También se incluirán acciones de cooperación internacional.

El encuentro fue liderado por Juan Carlos Játiva, viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, y su homólogo peruano, Félix Denegri. Entre los asistentes estuvieron también el subsecretario de Seguridad Pública de Ecuador, Luis Carrión, y el Alto Comisionado del Perú contra la Minería Ilegal.

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Nueva comisión técnica y operativos espejo

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Ecuador propuso crear una Comisión Mixta sobre armas y explosivos, así como ejecutar operativos espejo coordinados con Perú. Estas estrategias buscarán combatir las mafias armadas que operan en zonas como Alto Punino (Ecuador) y Pataz (Perú), donde se registraron masacres en mayo de 2025.

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Minería ilegal: amenaza regional creciente

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“La minería ilegal financia a redes del crimen organizado y constituye una amenaza para la seguridad binacional” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, 2025).

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En Alto Punino, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados por presuntos miembros disidentes de las FARC. En Pataz, 13 personas murieron dentro de un socavón controlado por mafias del oro.

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Diplomacia y próximos pasos

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Esta reactivación de la Comixta responde a los acuerdos del Encuentro Presidencial de Lima (julio 2024). El siguiente paso será el Gabinete Binacional en Quito, previsto para octubre de 2025, donde se evaluará el avance del plan.

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Impacto y proyecciones

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El combate a la minería ilegal exige alianzas sólidas. Con esta hoja de ruta, Ecuador y Perú buscan enfrentar juntos uno de los desafíos más complejos de la región, que pone en riesgo la seguridad, el ambiente y la institucionalidad.

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Fuentes:

• Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. (2025). Ecuador y Perú fortalecen lucha contra la minería ilegal. https://www.cancilleria.gob.ec
• Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2025). Comisión Mixta contra la Minería Ilegal sesiona en Quito. https://www.gob.pe/minem

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El pasado lunes 7 de abril, actores clave del sector minero, gobierno y sociedad civil se reunieron en el evento “Acciones para el Fortalecimiento de la Transferencia en el Sector Minero”, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, el EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) y el Ministerio de Energía y Minas. El encuentro, enfocado en transparentar la gestión de recursos naturales, reveló avances y desafíos para combatir la minería ilegal y atraer inversiones responsables.

La viceministra de Minas, Rebeca Illescas, destacó cuatro pilares para transformar el sector: 1) consolidar normativas que garanticen operaciones mineras responsables, 2) implementar programas de gestión sostenible con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 3) modernizar el catastro minero —actualmente paralizado desde 2018— y 4) institucionalizar iniciativas de transparencia alineadas con la Agenda 2030. “La minería ilegal crece donde el Estado está ausente. Sin un marco claro, sin sistemas automatizados y sin funcionarios capacitados, el caos se normaliza”, afirmó. Además, reveló que Ecuador tiene más de 700 focos de minería ilegal, un problema que, según ella, solo se resolverá con tecnología, controles estrictos y cooperación internacional.

Karla Herrera, representante de EITI, enfatizó que la transparencia no es solo un compromiso del gobierno, sino de empresas y ciudadanos. Presentó el segundo informe del organismo (2020-2023), que detalla flujos financieros, impactos socioambientales y avances en rendición de cuentas. Aunque Ecuador obtuvo 69/100 en la última evaluación internacional —un progreso frente al 60 inicial—, Herrera admitió que persisten retos, como clarificar los beneficiarios finales de concesiones y garantizar acceso público a contratos.

Carlos Cabrera, especialista en comunicación del EITI, planteó una reflexión crítica: ¿qué pasaría si desaparecieran los sectores extractivos en Ecuador? Según datos del informe EITI Ecuador 2022-2023, estos sectores aportan alrededor de $18 de cada $100 que circulan en la economía nacional, lo cual equivale a bienes esenciales como carne, pan o frutas. Además, generan más de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos, por lo que su desaparición sería equivalente a borrar ciudades enteras como Cumbayá o Latacunga. Cabrera enfatizó que el debate no debe centrarse en estar a favor o en contra de la minería y los hidrocarburos, sino en analizar los modelos de gestión, la institucionalidad y la necesidad de políticas públicas sostenibles y transparentes que beneficien realmente a la ciudadanía. La transparencia, aseguró, debe ser una práctica cotidiana que transforme el día a día de las personas.

Esteban Manteca, director regional del EITI, destacó que Ecuador alcanzó 69 puntos en su última validación internacional, reflejo del compromiso multisectorial con la transparencia. Señaló avances como la inclusión de cláusulas EITI en contratos mineros, pero advirtió que aún quedan desafíos clave: publicar íntegramente los contratos, identificar beneficiarios finales, fortalecer la divulgación estatal —especialmente en minería artesanal— y desagregar los datos de ingresos y pagos por proyecto. Para lograrlo, subrayó la necesidad de participación ciudadana, financiamiento sostenido y una secretaría técnica que respalde el proceso.

El cierre del evento incluyó “Un compromiso para Promover la Paridad de Género en la Minería“, firmado por el Ministerio de Energía y Minas y Women in Mining Ecuador, para incluir indicadores de equidad en el próximo informe EITI. Galo García, del Comité Nacional de Integridad, resaltó que la transparencia debe ser una “política de Estado, no de gobierno”, especialmente en un país donde la rotación de autoridades ha debilitado la planificación a largo plazo.

El sector minero ecuatoriano enfrenta una encrucijada: aprovechar su potencial económico con transparencia o perpetuar un modelo opaco que alimenta la ilegalidad. Los avances en cooperación internacional y digitalización son esperanzadores, pero requieren continuidad. Para los jóvenes, esto significa empleos formales y recursos para educación; para el país, una oportunidad de redefinir su relación con los recursos naturales. El desafío no es solo técnico, sino cultural: construir confianza desde las comunidades hasta los inversionistas. La pregunta ahora es si las acciones prometidas trascenderán el discurso y se materializarán en un futuro donde la riqueza mineral beneficie a todos, no a unos pocos.

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