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Impacto ambiental y social sin precedentes

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Durante 2025, la minería ilegal en Perú alcanzó niveles críticos, consecuentemente generando impactos ambientales y sociales documentados en múltiples estudios. De acuerdo con Conservación Amazónica–ACCA, la actividad se expandió en nueve regiones del país, afectando directamente a 73 comunidades indígenas y contaminando más de 250 ríos y quebradas. Asimismo, la deforestación acumulada causada por la minería artesanal y de pequeña escala superó las 139 169 hectáreas, siendo Madre de Dios el epicentro del desastre ecológico.

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El corazón del problema: Madre de Dios y Loreto

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En Madre de Dios, la situación se agravó notablemente, ya que las dragas ilegales aumentaron de 140 en 2021 a 1 613 en 2025, lo que implicó la movilización de más de 6 400 mineros ilegales. Por su parte, en Loreto, el escenario fue igualmente alarmante, con 688 dragas activas y focos críticos en cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre. Como resultado, estas operaciones provocaron la destrucción de hábitats naturales, alteraciones en los cauces de los ríos y una contaminación masiva con mercurio.

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Crisis de salud pública por exposición al mercurio

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En este contexto, investigaciones del CINCIA y de la Sociedad Zoológica de Frankfurt alertaron sobre altos niveles de mercurio en sangre en comunidades del Bajo Putumayo. En efecto, el 97 % de los evaluados supera los límites establecidos por la OMS. Adicionalmente, ocho de cada diez mujeres en edad fértil presentan concentraciones preocupantes que amenazan la salud fetal. De manera paralela, análisis de peces como el paiche y el bagre revelan niveles de mercurio que exceden los límites permitidos para el consumo humano, impactando también a poblaciones urbanas.

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Contaminación invisible: aire, suelos y fauna silvestre

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No obstante, el problema no se limita al agua. El mercurio también se acumula en el aire y la vegetación. Por ejemplo, en zonas como Laberinto y La Pampa, los niveles en hojas de árboles alcanzan los 0,64 mg/kg, superando registros globales.
Del mismo modo, animales como aves y murciélagos presentan las concentraciones más altas de Sudamérica, lo que ha generado efectos documentados en su salud reproductiva y en sus comportamientos.

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Retrocesos normativos que favorecen lo ilegal

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El Natural Resource Governance Institute (NRGI) denunció que en el Congreso peruano se promovieron normas que debilitan la fiscalización e incluso intentan permitir minería en cuerpos de agua, contradiciendo el D.L. 1100. Estas medidas han sido interpretadas como blindaje a redes ilegales y obstáculo a la acción estatal. Además, se advierte sobre la sobrerrepresentación de intereses vinculados a economías ilegales dentro del Congreso.

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Llamado urgente a una respuesta estatal integral y sostenible

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El balance de 2025 evidencia que la minería ilegal en Perú no solo ha devastado ecosistemas clave, sino que ha sobrepasado la capacidad de respuesta del Estado. A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones, comunidades y organizaciones sociales, la falta de un sistema nacional de monitoreo, la ausencia de trazabilidad del mercurio, y la promoción de normas regresivas en el Congreso, han debilitado severamente la gobernanza ambiental.

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Frente a esta situación, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) solicita una estrategia estatal integral, que combine fiscalización efectiva, justicia ambiental y políticas públicas que garanticen una minería ordenada, libre de mercurio y respetuosa con los derechos humanos. También exige una Ley MAPE construida con participación de todos los actores, que no favorezca a operadores ilegales y que impulse un desarrollo equitativo, sostenible y basado en la evidencia científica.

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Fuentes:

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• • Informe de Conservación Amazónica – ACCA
  • Natural Resource Governance Institute
  • Centro de Innovación Científica Amazónica – CINCIA

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