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La minería ilegal fronteriza dejó de ser un fenómeno disperso y, por el contrario, pasó a perfilarse como una amenaza territorial en la Cordillera del Cóndor. Según la información proporcionada, estructuras ligadas a Los Choneros habrían ocupado concesiones, abierto rutas clandestinas hacia Perú y movido material mineralizado hacia plantas del sur ecuatoriano. En ese contexto, la frontera sur aparece como un punto cada vez más vulnerable para el control estatal.

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Minería ilegal fronteriza en la Cordillera del Cóndor

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A inicios de 2025, la denuncia describe un campamento minero ilegal instalado en la franja ecuatoriano-peruana, con decenas de hombres armados, maquinaria pesada, socavones tomados y una vía clandestina de seis kilómetros entre ambos países. Además, desde ese punto, la operación habría cruzado hacia el distrito peruano de El Cenepa para extraer material aurífero y desplazar a comunidades awajún mediante violencia e incendios. Posteriormente, el oro volvía a Ecuador por Zamora y Loja para su procesamiento en plantas del austro.

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Ejército ejecutó operativo en El Arenal, Gualaquiza, Morona Santiago. Foto: Ejército Ecuatoriano.

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La gravedad del cuadro, sin embargo, coincide con alertas oficiales. En su rendición pública, ARCOM reportó que al 31 de diciembre de 2024 había identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias, y, además, reconoció a Zamora Chinchipe, El Oro y Morona Santiago entre los territorios más críticos. El mismo documento muestra una estructura institucional pequeña para el tamaño del desafío: 164 funcionarios a escala nacional.

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Rutas del oro y presión sobre Zamora

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La minería ilegal fronteriza ya no solo extrae; también transporta, procesa y lava valor. De hecho, la información entregada sostiene que el material mineralizado sale por corredores clandestinos y termina en plantas de beneficio de Portovelo y Ponce Enríquez, dos nodos sensibles para la trazabilidad del oro.

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El Ministerio de Ambiente y Energía informó que en 2025 se ejecutaron 386 operativos contra la extracción ilícita, con acciones en Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, El Oro, Napo y Chimborazo. Así, para el Gobierno, esta actividad financia grupos irregulares, deteriora ecosistemas y compromete la seguridad nacional.

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Plantas de beneficio y controles débiles

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El cuello de botella está en el procesamiento. Es decir, sin una trazabilidad estricta de guías de remisión, facturas, origen del mineral y volúmenes reales, la minería ilegal fronteriza encuentra cómo mezclarse con flujos formales. Por ello, el 2 de febrero de 2026, el Ministerio anunció la suspensión de actividades mineras en Napo y restricciones en El Oro y Loja, al advertir que la minería ilegal es una amenaza directa para ríos, bosques y comunidades.

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La frontera sur, bajo presión criminal y estatal

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Lo que ocurre en Zamora Chinchipe revela que la frontera sur ya no funciona solo como un límite geográfico, sino como un corredor activo para la extracción, traslado y procesamiento de oro de origen ilícito. La expansión de campamentos ilegales, el uso de rutas clandestinas hacia Perú y la presión sobre plantas de beneficio en El Oro y Azuay muestran un fenómeno más complejo, con componentes de crimen organizado, control territorial y debilitamiento institucional.

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El problema también expone las limitaciones del Estado para vigilar concesiones, fiscalizar volúmenes de material mineralizado y garantizar trazabilidad en toda la cadena. Sin una acción sostenida entre ARCOM, Fuerzas Armadas, Fiscalía, SRI y autoridades locales, la minería ilegal seguirá aprovechando vacíos de control en zonas de alta fragilidad ambiental y social. En este escenario, la Cordillera del Cóndor se consolida como uno de los puntos más sensibles del país, donde el avance del oro ilegal amenaza no solo a la seguridad fronteriza, sino también a las fuentes hídricas, las comunidades y la credibilidad del sistema de control minero.

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Fuente:

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• • Plan V (2026). La frontera con Perú es el nuevo bastión de la minería ilegal

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La entrada Cordillera del Cóndor: el oro ilegal convierte la frontera sur en un corredor criminal se publicó primero en Mundo Minero.

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La expansión acelerada de la minería ilegal en Ecuador genera preocupación nacional. Sin embargo, expertos cuestionan la falta de pruebas que vinculen esta actividad con el reciente paro de 26 días en Imbabura, como ha sugerido el Gobierno.

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Expertos: no hay pruebas del vínculo

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La narrativa del Ejecutivo sobre un presunto nexo entre el paro en Imbabura y la minería ilegal ha generado fuertes críticas. Según el exministro del Interior, Patricio Carrillo, aunque esta actividad ilícita sí desestabiliza al país, “antes de lanzar acusaciones se necesita una investigación profunda” (Carrillo, 2025).

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Carrillo subraya que el crecimiento de la minería ilegal —más del 400 % en ocho años— es resultado de la ausencia de políticas de Estado sostenibles en seguridad. “Una Asamblea Constituyente podría servir para fortalecer mecanismos como la extinción de dominio”, sugiere.

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Justicia inactiva ante minería ilegal en Ecuador

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Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, considera que no hay evidencia sólida de financiamiento al paro por parte de la minería ilegal en Ecuador. Señala que “no hubo ni una sola sentencia por lavado de activos entre 2015 y 2022”, lo que revela una alarmante inacción judicial (Rivera, 2025).

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Además, menciona que desde 2024 la Fiscalía no ha presentado ningún nuevo caso, pese al rápido auge de esta economía criminal.

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Minería ilegal: negocio más rentable que el narcotráfico

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Lorena Piedra, experta en seguridad, recalca que el Gobierno debería actuar con pruebas. “Atribuir hechos violentos a esta actividad sin respaldo puede ser un error grave”, advierte (Piedra, 2025).

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Piedra también propone crear una unidad especializada: “Tenemos policía antinarcóticos, pero no una antiminería”.

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El precio internacional del oro —USD 131 mil por kilo— ha convertido esta actividad en un negocio más lucrativo que el narcotráfico. Y el oro extraído ilegalmente puede mezclarse con producción formal y exportarse a destinos como Emiratos Árabes, China e India, sin mayor control.

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El Estado ante el reto: evidencias, estrategia y acción estructural

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Los especialistas coinciden en que la minería ilegal en Ecuador ya se ha consolidado como uno de los negocios ilícitos más rentables del país, superando incluso al narcotráfico en ganancias potenciales. Esta realidad exige del Estado una política pública integral, con investigaciones sustentadas en evidencia, instituciones fuertes y una estrategia preventiva de largo plazo. La criminalidad asociada a la minería informal no puede combatirse solo con operativos militares, sino con inteligencia, justicia eficaz y reformas legales que permitan frenar su avance antes de que sea incontrolable.

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Fuentes:

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• • https://iniciativaglobal.org
  • https://fiscalia.gob.ec
  • Ecuavisa

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La inversión con dinero ilícito ha transformado la minería ilegal de oro en un eje central para el lavado de activos en Latinoamérica. Las organizaciones criminales utilizan mecanismos sofisticados para financiar la extracción, legitimar el producto y reinvertir las ganancias, impactando gravemente en la economía, el medioambiente y la seguridad.

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El oro ilegal como vector del crimen organizado

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El circuito criminal de la minería ilegal inicia con la financiación de la producción minera mediante la compra de maquinaria, precursores químicos, repuestos y mano de obra. Estas actividades son impulsadas por organizaciones delictivas transnacionales que buscan aparentar legalidad en la comercialización del oro.

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Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), el fenómeno implica “una concertación delictual que incluye transporte, venta y exportación de oro irregular a través de empresas fachada” (OEA, 2025). Estas compañías, con respaldo de intermediarios del mercado negro, logran incluso certificados falsos para exportar el mineral.

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Inversión con dinero ilícito y lavado estructurado

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El financiamiento de la minería ilegal incluye dinero canalizado desde sectores como abarrotes, estaciones de combustible y agricultura, creando una red de camuflaje que facilita el ingreso a la finanza del sistema criminal. En esta fase, los activos ilícitos son usados tanto para el funcionamiento de la mina como para su transformación en efectivo, ya sea en moneda local o divisas extranjeras.

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Reinversión, blanqueo y exportación del delito

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El proceso continúa con la reinversión del capital mal habido en otras actividades ilícitas: trata de personas, tráfico de drogas y contrabando. El oro ilegal sirve no solo como mercancía, sino como canal financiero que permite el flujo constante de recursos en múltiples direcciones: ingreso, tránsito, salida o reingreso del dinero.

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La OEA ha impulsado desde 2020 el proyecto “Tras el dinero del oro ilícito”, para fortalecer capacidades institucionales frente a esta amenaza creciente (OEA, 2025). Se han identificado al menos 16 tipologías delictivas vinculadas al lavado de activos por minería ilegal.

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Un sistema criminal con rostro de minería

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La inversión con dinero ilícito en minería ilegal revela un sistema criminal complejo y en expansión. Esta problemática no solo implica consecuencias económicas, sino también daños ambientales, afectaciones a la salud pública y deterioro de la seguridad nacional. Combatirla requiere una coordinación regional efectiva y herramientas tecnológicas de rastreo financiero.

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Fuentes:

• Organización de los Estados Americanos (OEA). (2025). Tras el dinero del oro ilícito. https://www.oas.org/es
• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (2024). Lavado de activos y minería. https://www.fatf-gafi.org
• Naciones Unidas. (2023). Crimen organizado y minería ilegal en América Latina. https://www.unodc.org
• ABC. (2025). La minería ilegal y el lavado de activos. https://www.abc.com.py/

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La Agencia de Investigación Ambiental (EIA) ha expuesto una compleja red de contrabando de mercurio que parte de minas artesanales en Querétaro, México, y abastece a la minería ilegal de oro en Perú, Bolivia y Colombia. El estudio estima que, entre 2019 y 2025, al menos 200 toneladas de este metal llegaron a la Amazonía, generando graves impactos ambientales y de salud.

La detección del mercurio ha sido escasa en las aduanas. La colaboración entre investigadores y autoridades frenó la llegada de toneladas de mercurio a Perú este mismo año. Foto: Alejandro Saldívar / EIA

El rol del Cártel de Jalisco y las rutas de contrabando

Según la investigación, gran parte de las 19 minas artesanales de mercurio en Querétaro están controladas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mineral es ocultado en grava o piedras y declarado como material de construcción para evadir controles aduaneros. Esta técnica habría permitido enviar 50 cargamentos ilegales en seis años, en su mayoría con destino a Perú.

El mercurio es un insumo clave para la minería artesanal de oro, pues permite separar el metal precioso de otros materiales. Sin embargo, su uso provoca contaminación del aire, agua y suelos, y su manipulación expone a trabajadores y comunidades a altos riesgos de intoxicación. En la Amazonía, este metal se vende hasta 400 % más caro que en México debido a la creciente demanda impulsada por el precio récord del oro.

Operativos y decomisos históricos

La colaboración entre EIA y autoridades peruanas permitió incautar cuatro toneladas de mercurio ocultas en 20 toneladas de piedra para construcción en un solo operativo este año. En México, la Profepa y la Agencia Nacional de Aduanas han asegurado cargamentos con destino a Uruguay, Chile, Colombia y Bolivia, incluido uno de cinco toneladas de mercurio líquido en 2024, el más grande de los últimos cinco años.

El destino del mercurio mexicano extraído por esta red de contrabando es la Amazonía. Foto: Alejandro Saldívar / EIA

Vacíos legales y llamado a reforzar el Convenio de Minamata

El informe advierte que, aunque el Convenio de Minamata prohíbe nuevas minas de mercurio, permite que las existentes operen hasta 2032. EIA señala que México reportó producción cero desde 2019, pero la extracción continúa en la Sierra Gorda. La organización pide eliminar el uso del mercurio en la minería artesanal, prohibir su comercio internacional y acortar el plazo para el cierre de minas primarias.

Para los investigadores, mientras no haya control en las zonas de extracción, será imposible frenar a los grandes comercializadores y su vínculo con el crimen organizado. “Las incautaciones son solo para apaciguar; el problema sigue en la raíz”, advierten.

Fuente: Mongabay Latam. (2025, agosto 7). Tráfico de mercurio: hablan los investigadores que descubrieron el nexo del narcotráfico mexicano con la minería ilegal en la Amazonía.

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