El gobierno de Lula ha intensificado el combate a la minería y ha prohibido cualquier actividad relacionada en las tierras indígenas de la comunidad Yanomami, bloqueando así el acceso no autorizado para poder interrumpir el abastecimiento a agrupaciones delictivas y prevenir la propagación de enfermedades. 

Ante las acciones que ha comenzado a realizar Lula, el analista político André Pereira César, de Hold Consultoria, declaró a BNaméricas que “está aprovechando esta situación, que es realmente un tema humanitario sensible, para restaurar la imagen internacional de Brasil como país que defiende medidas de protección del ambiente“. 

“Tomaremos todas las medidas para sacar a los mineros ilegales y cuidar al pueblo Yanomami. Estamos decididos a terminar con esto. El Gobierno brasileño eliminará y terminará con la minería en cualquier territorio indígena a partir de ahora. He ordenado al regulador minero ANM que ni la más mínima actividad sea permitida en tierras indígenas. No se autorizará ni una sola exploración”, aseveró el mandatario, esto frente a las enormes tasas de desnutrición y malaria que se han registrado en los pueblos indígenas por culpa de la minería ilícita practicada por agrupaciones criminales. 

La salida de Bolsonaro del poder también ha permitido que se reactive el Fundo Amazônia, mismo que tiene financiamiento de Alemania y Noregua, además de contar con la supervisión del banco de desarrollo BNDES. La reapertura del fondo fue anunciada durante la visita del canciller alemán, Olaf Scholz, y tiene el objetivo de crear proyectos sostenibles en la Amazonía. 

Así, Alemania se comprometió a entregar al fondo 35 millones de euros ($37,9 millones), parte de lo cual se utilizará para aliviar la crisis indígena, y Alemania entregará 1.100 millones de reales ($216 millones) para proyectos ambientales en todo Brasil. 

Debido a la complicada situación que enfrentan las comunidades indígenas desde el gobierno de Bolsonaro, la Corte Suprema ordenó una investigación de la crisis humanitaria que podría apuntar a Bolsonaro, pues se indagará en si se cometieron irregularidades y determinarán cuánto contribuyó a la crisis el debilitamiento de los mecanismos para prevenir la minería ilegal. 

“El juez Luís Roberto Barroso [de la Corte Suprema] resolvió que el Ministerio Público, la Fiscalía Militar, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública [y el departamento de la Policía Federal del estado de Roraima] investiguen la eventual participación de autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro en delitos de genocidio, desobediencia, violación del secreto judicial y delitos ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de diversas comunidades indígenas”, señala un comunicado de prensa de la Corte Suprema. 

Ante esto, Bolsonaro, quien se encuentra en EE. UU. desde el 31 de diciembre, negó cualquier irregularidad y aseguró que su administración sí prestó atención a las poblaciones indígenas, señalando que la minería ilegal era un problema mucho antes de que asumiera el cargo en 2019. 

De demostrarse la implicación de funcionarios del gobierno de Bolsonaro en la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas, el futuro político del ultraderechista estaría en peligro, pues impediría su postulación en las próximas elecciones presidenciales. 

Fuente: BNamericas 

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