🇪🇨 MINERÍA ILEGAL DEJA A PONCE ENRÍQUEZ CON SOLO 10% DE AGUA POTABLE
La minería ilegal es un problema persistente en Ecuador, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en Azuay, es uno de los más afectados, pues el nulo cuidado por el medio ambiente y el tejido social que conlleva esta actividad ilícita ha causado que el 90% del agua potable del lugar ya no sirva para nada.
Prueba de lo dicho anteriormente son las actividades que se están llevando a cabo en el río Guanache, mismas que no tienen ningún permiso de funcionamiento, y en donde trabajan alrededor de una decena de retroexcavadoras. “En los últimos meses llegaron más retroexcavadoras y ahora están dentro del barrio”, declaró Flor Barsallo, representante del Comité de Defensa del río Guanache, recordando que esta fuente de líquido vital atraviesa cuatro barrios.
El río Gala es el único que queda en Ponce Enríquez con un nivel normal de contaminación, porque “todos los demás ya no sirven” según la vicealcaldesa Patricia Villacís, y las 22 concesiones identificadas en el sector de Bella Aurora contradicen al Plan de Ordenamiento Territorial que coloca al lugar como una zona de exclusión minera, destinada solo a la agricultura orgánica.
José Antonio Dávalos, viceministro de Ambiente, admitió que no existen procesos administrativos a ninguna de las 22 concesiones identificadas en la zona, y pese a que la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente inspeccionó la zona y levantó seis informes, estos “no siguieron su curso habitual”, lo que significa que “no se inició un proceso sancionatorio, no se ordenó una suspensión, ni se comunicó a la Secretaría de Calidad Ambiental”.
Respecto a esto, los asambleístas azuayos e integrantes de la Comisión de Biodiversidad, Juan Cristóbal Lloret y Rodrigo Fajardo, solicitaron que se investiguen las razones por las que el Ministerio del Ambiente no inició los procesos de sanción pertinentes.
“El pedido de nuestras comunidades es cuidar el 10% de agua no contaminada que nos queda”, asegura José Leonidas Feijó, presidente del Frente Ciudadano en Defensa del Río Gala, pues la minería ilegal ha devastado el medio ambiente por el cual subsisten muchas comunidades, esto a pesar de que se han suspendido tres concesiones mineras desde 2019, pues dos de las concesiones, Ximena y Rossana, ni siquiera han presentado un plan de cierre y abandono de la mina.
“Es muy difícil presionar a alguien que simplemente desaparece y repele todo tipo de investigaciones”, aseguró un vocero del Ministerio del Ambiente.
Pero el daño ambiental no ha sido lo único que ha dejado la minería ilegal en Ponce Enríquez, pues la violencia ha proliferado con la llegada de esta actividad, siendo que entre enero y agosto de 2022 han ocurrido 16 crímenes, una cifra muy superior a las tres registradas en el mismo periodo de 2021.
“Ponce Enríquez ni siquiera tiene un hospital, pese a ser una zona de alto riesgo”, comentó Flor Barsallo, del Comité de Defensa del río Gala, dando a conocer el poco desarrollo que existe en el territorio a pesar de la minería existente.
Fuente: Primicias
