🇪🇨 MESAS DE TRABAJO SOBRE MINERÍA PODRÍAN MEJORAR CERTEZA JURÍDICA EN ECUADOR
Los diálogos entre el Gobierno de Ecuador y los sectores indígenas en torno a la minería en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles, entre otras, se iniciarán en los próximos días.
La decisión del presidente Guillermo Lasso de abstenerse de utilizar el poder constitucional excepcional para imponer la actividad extractiva en las zonas especiales, y en su lugar iniciar mesas de diálogo, es parte de un acuerdo que puso fin a una protesta nacional de 18 días en junio.
Andrés Ycaza, abogado de la Cámara de Minería del Ecuador, dijo a BNamericas que Lasso pretende equilibrar las garantías que ha dado a las mineras con los reclamos indígenas, y que las conversaciones podrían ayudar a definir aspectos importantes para mejorar la certeza jurídica.
El tema de zonas arqueológicas se rige por la vigente ley de cultura y varias actividades económicas deben realizar prospección arqueológica, que si arroja resultados positivos exige el rescate de las piezas halladas para donarlas a un museo o crear un museo para preservar la herencia histórica.
Resolver las cuestiones relacionadas con las zonas ancestrales será lo más difícil, aunque la normativa sea clara y se respeten las mejores prácticas aceptadas internacionalmente. La dificultad radica en cuestiones de identidad y migración forzada.
Existe un antecedente en la mina de cobre Mirador, operada por EcuaCorriente, en donde una agrupación reclamaba ancestralidad en la zona, argumentando que tenían años allí, pero se determinó, entre otras cosas, que los miembros de la agrupación eran colonos, el acceso a la tierra fue mediante compra y no tenían origen histórico comunitario, por lo que un tribunal desestimó el reclamo.
La normativa vigente establece que el Estado debe reconocer la ancestralidad y que para ello debe haber una posesión mínima de 50 años sobre las tierras, entre otros elementos.
“Sobre el tema hay suficiente regulación y también hay precedentes”, señaló Ycaza.
Para la definición de la ancestralidad uno de los elementos es la autodeterminación, pero no es el único, pues hay una serie de normas legales que cumplir, así como la obligación de respetar derechos adquiridos de las empresas mineras, añadió.
Otros dos elementos importantes que serán tratados en las mesas de diálogo son los relativos a la consulta previa y consulta ambiental.
La falta de definiciones en esos temas ha ocasionado pedidos de consulta popular y acciones legales de protección contra proyectos mineros en el país sudamericano.
Ycaza manifestó que al momento hay la oportunidad para que Lasso “tome el toro por los cuernos”, clarificar los conceptos y dar mayor seguridad jurídica al sector minero en dos temas básicos que enfrentaron los anteriores gobiernos.
“Que haya una norma que diga qué se consulta, a quién, cuándo, en dónde y quién consulta es una gran oportunidad”, destacó el abogado.
Fuente: BN Américas
