Minería ilegal: seminario alerta sobre desinformación minera
12866
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-12866,single-format-standard,wp-theme-bridge,bridge-core-1.0.5,qode-news-2.0.2,wp-megamenu,translatepress-es_EC,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-1.0,qode-theme-mundo minero revista digital,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

La UTE abrió un debate clave sobre minería ilegal, crimen organizado y narrativas públicas

El seminario internacional realizado en Quito incorporó un panel sobre desinformación, disputas simbólicas, periodismo de investigación y comunicación estatal.

La minería ilegal fue el eje del Seminario Internacional “Minería Ilegal y Crimen Organizado Transnacional en la Región Andino-Amazónica”, realizado el 28 y 29 de abril de 2026 en la Sede Matriz de la Universidad UTE, en Quito. El encuentro reunió a expertos de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. Además, participaron representantes de organismos como PNUD, GI-TOC, InSight Crime, The Nature Conservancy y UNODC, con el objetivo de analizar el fenómeno como una economía criminal de alcance regional.

Minería ilegal como economía criminal regional

La Universidad UTE posicionó a Quito como un espacio de discusión académica y multisectorial frente a una amenaza que ya no puede entenderse como un delito aislado. Según la institución, el seminario planteó que la minería ilegal articula extracción ilícita, lavado de activos, violencia territorial y redes transnacionales.

Asimismo, el evento fue liderado por el Laboratorio Social y de Innovación Energético Minero, LSIEM. Su objetivo fue producir evidencia, compartir experiencias y generar aportes concretos para políticas públicas. En ese sentido, la agenda incluyó análisis sobre capacidades estatales, impactos ambientales, derechos humanos, gobernanza, trazabilidad y narrativas públicas.

Además, uno de los datos que marcó el contexto fue el crecimiento del fenómeno en Ecuador. De acuerdo con la información difundida por la UTE, antes de 2018 existían menos de 60 puntos identificados de minería ilegal. Sin embargo, en 2024 esa cifra superó los 600. En el mismo periodo, las exportaciones oficiales de oro pasaron de 3,4 toneladas a 27 toneladas.

Narrativas, disputas simbólicas y desinformación sobre minería

Uno de los espacios centrales fue el panel “Narrativas, disputas simbólicas y desinformación sobre minería”, moderado por Fabricio Vela, del medio digital Primera Plana. En este espacio participaron James Bargent, Director Regional de InSight Crime; Paola Zury, fundadora de Tinta Digital; el abogado Franklin Soria, Director del Observatorio de Política Minera del CPCCS; y Darío Ruiz, gerente general de Mundo Minero Ecuador.

Durante el panel, se abordó cómo se construyen y circulan mensajes que mezclan minería legal, informal e ilegal. Esta confusión afecta el debate público. Además, dificulta que la ciudadanía distinga entre operaciones reguladas, actividades en proceso de formalización y economías criminales.

Por otra parte, los panelistas analizaron el rol del periodismo de investigación como evidencia pública. Este enfoque resulta clave en territorios donde la información oficial es limitada, fragmentada o llega tarde. En ese contexto, la investigación periodística puede documentar actores, rutas, impactos ambientales y vínculos económicos.

También se discutió la presencia de actores criminales en entornos mediáticos y digitales. Por ello, la desinformación, las campañas de desprestigio y la manipulación de narrativas pueden incidir en la opinión pública, en las decisiones políticas y en la percepción social de la industria minera.

Minería ilegal y discurso político

Durante su intervención, Darío Ruiz, gerente general de Mundo Minero Ecuador, planteó que la minería debe dejar de ser tratada únicamente como un tema político. A su criterio, esa lectura genera inestabilidad para la industria y debilita la toma de decisiones técnicas.

Ruiz manifestó: “Tenemos que quitarle a la minería el peso de un discurso político, porque la minería es una industria. Lastimosamente, al verse inmiscuida en la política, queda atrapada en la disyuntiva de qué autoridad está de turno para saber qué se debe hacer. Eso vuelve a la minería muy inestable”.

Además, el representante de Mundo Minero agregó que la falta de posicionamiento correcto de la actividad minera abre espacio para que los actores políticos se alejen del tema cuando perciben un posible costo de imagen. Por lo tanto, su planteamiento puso sobre la mesa la necesidad de una comunicación más técnica, transparente y sostenida.

Periodismo, evidencia y comunicación pública

El panel también propuso preguntas estratégicas. Una de ellas fue cómo se construye la confusión entre minería legal, informal e ilegal. Otra, en cambio, fue qué papel cumple el periodismo de investigación en la producción de evidencia pública.

Estas preguntas son relevantes para Ecuador. La minería legal requiere permisos, controles, obligaciones ambientales y trazabilidad. Mientras tanto, la minería informal puede estar vinculada a procesos de regularización o subsistencia. La minería ilegal, en cambio, opera fuera del marco normativo y puede conectarse con economías criminales.

Por eso, el seminario dejó una idea central: la respuesta estatal no puede limitarse al control operativo. También requiere comunicación pública, pedagogía ciudadana, transparencia de datos y estrategias que combatan la desinformación. En consecuencia, la comunicación se convierte en una herramienta clave para fortalecer la gobernanza minera.

Gobernanza minera y comunicación pública como próximos desafíos

El Seminario Internacional realizado en la Universidad UTE dejó un mensaje claro para Ecuador y la región andino-amazónica: enfrentar la minería ilegal exige mucho más que operativos de control. Por un lado, el desafío implica fortalecer la cooperación regional y mejorar la trazabilidad del oro. Por otro lado, también exige perseguir las redes financieras ilícitas y diferenciar con claridad la minería legal, informal e ilegal.

Finalmente, la discusión sobre narrativas y desinformación evidenció la necesidad de una comunicación pública más técnica, transparente y sostenida. En un contexto donde el crimen organizado puede influir en territorios, economías y entornos digitales, el periodismo de investigación, la evidencia académica y la acción estatal coordinada serán claves para proteger la gobernanza minera, la seguridad ciudadana y los ecosistemas amazónicos.

Fuentes: