¿Quién decide? El debate sobre las consultas que marcan el futuro minero
En un país donde la minería representa uno de los pilares económicos más discutidos, el programa Pulso Minero abordó un tema crucial: la Consulta Previa, Libre e Informada, un derecho constitucional de las comunidades indígenas que, sin embargo, ha generado polarización. María Eulalia Silva, anfitriona del espacio, y el abogado constitucionalista Emilio Suárez analizaron sus implicaciones, confusiones frecuentes y su impacto en proyectos extractivos.
Suárez, experto en derecho constitucional, aclaró que la Consulta Previa es exclusiva de pueblos y nacionalidades indígenas (artículo 57 de la Constitución) y debe aplicarse ante proyectos que afecten sus territorios o culturas. Sin embargo, destacó un vacío: pese a su reconocimiento desde 2008, Ecuador aún no cuenta con una ley que regule este derecho, lo que ha llevado a improvisar protocolos, como el Acuerdo Ministerial 002, basado en jurisprudencia internacional.
Un punto álgido fue la distinción entre Consulta Previa, Consulta Popular y Consulta Ambiental. Mientras la primera es un derecho colectivo indígena, la segunda (regulada en el artículo 104) permite a toda la ciudadanía decidir sobre temas nacionales, aunque sus efectos son vinculantes solo hacia el futuro. Esto explica por qué proyectos mineros con concesiones antiguas, como los cuestionados en Cuenca o Girón, no pueden ser anulados retroactivamente. “La Corte Constitucional ha sido clara: no se pueden revocar permisos otorgados”, recalcó Suárez, criticando discursos políticos que distorsionan este principio.
Sobre la autoidentificación indígena, el abogado alertó sobre casos donde grupos pequeños —sin bases antropológicas— reclaman este derecho para bloquear proyectos. “No basta ponerse un poncho: se requieren rasgos objetivos y subjetivos avalados por estudios”, explicó. Además, enfatizó que la Consulta Ambiental —abierta a todos— evita que comunidades no indígenas queden excluidas de decisiones.
El debate también tocó el activismo judicial: acciones de protección presentadas por grupos que, según Suárez, mezclan desconocimiento con intereses políticos. Estas demandas, dijo, paralizan proyectos legales, fomentan minería ilegal y aumentan el riesgo país. “Un inversor que cumple con todos los permisos no debería enfrentar obstáculos arbitrarios”, sostuvo, vinculando la inseguridad jurídica con la caída de inversiones.
La Consulta Previa es un derecho irrenunciable para las comunidades indígenas, pero su aplicación requiere claridad legal y voluntad política para evitar su manipulación. Mientras el Estado no legisle, seguirá siendo un campo de batalla entre desarrollo y conservación. Como señaló Silva: “El Ecuador merece progreso, pero sin vulnerar derechos”. El equilibrio, sin duda, está en informar sin alarmar, proteger sin obstruir.
