🇪🇨 COMUNIDADES CUENCANAS MARCHARON CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Este lunes 7 de noviembre de 2022 comunidades de la provincia de Azuay marcharon en contra de la minería ilegal en su territorio, exigiendo que esta se elimine debido a las consecuencias sociales y ambientales que conlleva esta actividad ilícita.
Los habitantes de las comunidades de San Gerardo (Girón), Victoria del Portete (Cuenca), Chumblin (San Fernando) llevaron a cabo un plantón frente a la Corte Provincial de Justicia, exigiendo ayuda por parte de las autoridades, pues la violencia que ha generado la minería ilegal en el proyecto minero Río Blanco, en Molleturo, podría llegar hasta sus comunidades.
La inoperancia de las autoridades en el territorio es otra de las quejas de las personas que protagonizaron la marcha, pues los conflictos han comenzado a escalar, y el último fue registrado el 8 de octubre, en donde sujetos armados atacaron a las familias de San Pedro de Yumate con el objetivo de provocar caos y miedo para que nadie interrumpa sus actividades ilícitas.
El proyecto minero Río Blanco fue inaugurado en 2016 como el primero de mediana escala en el país, mismo que estaba a cargo del consorcio chino Ecuagoldmining, el cual alcanzó a construir los túneles y tres bocaminas, que cuatro años después de la suspensión de la misma en 2018 debido a no haber cumplido con la consulta previa, permanecen abiertas.
Habitantes de las comunidades de la parroquia de Molleturo declararon al medio de comunicación Primicias que han identificado a algunos de los antisociales como antiguos trabajadores del proyecto minero, el cual fue suspendido bajo la disposición del juez Paúl Serrano.
La actividad ilegal en la zona no es reciente, pues en 2019 la empresa china entregó un informe al Ministerio de Energía y al Ministerio del Interior en el que daba cuenta de incursiones ilegales muy cerca del yacimiento principal, pero a pesar de que la Comisión Especial para Control de Minería Ilegal (CEMCI) empezó a trabajar en una estrategia para restringir el ingreso de mineros ilegales, la presencia del Estado ha sido mínima, esto según declaraciones del presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas.
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