Consulta previa en minería: perspectivas y desafíos en Ecuador
El 19 de junio, la Cámara de Minería del Ecuador organizó el Foro de Regulación de Consulta Previa, Libre e Informada con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y su Colegio de Derecho. Panelistas como Adriana Rodríguez (Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador), Juan Francisco Guerrero (USFQ), Andrés Martínez (USFQ) y María Cristina Puente (Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental) aportaron valiosas perspectivas sobre la consulta previa en el país. Verónica Chiriboga (USFQ) moderó el evento.
Juan Francisco Guerrero explicó que la consulta previa es un derecho constitucional en Ecuador, respaldado por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Sin una ley específica, la Corte Constitucional ha subrayado su obligatoriedad y urgido a la Asamblea Nacional a regularla. Aunque hay manuales recientes en minería, la falta de legislación clara es un obstáculo. La consulta debe incluir a comunidades indígenas y otros grupos afectados, asegurando la libertad y seguridad del proceso.
María Cristina Puente señaló que, aunque la consulta previa está reconocida desde hace más de 20 años, su implementación en Ecuador es insuficiente. La falta de una legislación adecuada y una visión integral ha llevado a un incumplimiento sistemático. Para ella, urge adoptar un enfoque holístico que integre preocupaciones sociales y ambientales.
La consulta previa es esencial por compromisos internacionales y mandatos constitucionales. La implementación deficiente y la dispersión normativa han generado conflictos. Es crucial que sociedad y Estado acuerden parámetros claros para la gobernanza de recursos naturales, garantizando derechos colectivos y desarrollo sostenible, manifestó Andrés Martínez.
Adriana Rodríguez concluyó que la consulta previa es fundamental para la autodeterminación de los pueblos indígenas. En Ecuador, aunque reconocida por las Constituciones de 1998 y 2008, la falta de una ley específica y una implementación inconsistente han generado tensiones y conflictos. Las decisiones judiciales y políticas, a menudo contradictorias con estándares internacionales, perpetúan la crisis de representación indígena.
Finalmente, Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la CME, expresó que la Cámara ofrece un espacio para construir una industria minera participativa y beneficiosa para todos los ecuatorianos.
El Foro de Regulación de Consulta Previa destacó la necesidad urgente de una legislación clara en Ecuador para asegurar la implementación efectiva de este derecho. Los expertos subrayaron la importancia de un enfoque integral que respete los derechos comunitarios y promueva un desarrollo sostenible. La participación activa de la sociedad y el Estado es esencial para lograr una minería inclusiva y beneficiosa para todos.
