Corte Constitucional declara inconstitucional el Decreto No. 754 sobre consultas ambientales
La Corte Constitucional de Ecuador anunció este viernes la declaración de inconstitucionalidad del Decreto No. 754, emitida por el Gobierno para reformar el Código Orgánico del Ambiente. La medida, que buscaba establecer un marco regulatorio para consultas ambientales en áreas de proyectos de inversión, incluyendo los extractivos, ha sido objeto de controversia desde su promulgación.
La Corte, que ya había suspendido cautelarmente la aplicación del decreto en agosto pasado, ratificó su postura, argumentando que la normativa violaba los derechos de las comunidades y otorgaba beneficios exclusivos a las empresas transnacionales. El fallo destacó que el decreto era inconstitucional por transgredir el principio de reserva de ley consagrado en la carta magna.
Además, la Corte respaldó el argumento presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que invocó regulaciones internacionales que establecieron un procedimiento de «consulta previa, libre e informada» para las comunidades, en defensa de sus territorios y culturas. El dictamen subrayó que la consulta ambiental debe ser regulada a través de una ley orgánica, no por medio de un reglamento, como pretendía el Gobierno de Guillermo Lasso.
El decreto, emitido por el Ejecutivo, garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les imponía la obligación de participar. La Corte consideró que la consulta ambiental del Gobierno «no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada».
Este fallo representa un triunfo para las comunidades indígenas de Ecuador, que habían expresado su rechazo al decreto por considerar que vulneraba sus derechos. La consulta ambiental había generado resistencia en áreas destinadas a proyectos mineros, como las andinas de Las Naves y Sigchos, donde se registraron enfrentamientos entre las comunidades, militares y policías.
El presidente saliente, Guillermo Lasso, que ha gobernado mediante decretos desde la disolución de la Asamblea, dejará el cargo el próximo 23 de noviembre, cuando entregue el poder al presidente electo, Daniel Noboa.
