El futuro presidente de Ecuador frente al desafío de la extracción ilegal
La extracción ilegal en Ecuador se ha convertido en un problema de dimensiones alarmantes. Vinculada al crimen organizado y el narcotráfico, esta actividad ilícita afecta gravemente la economía del país y devastan los ecosistemas, especialmente en la Amazonía ecuatoriana.
Este fenómeno mueve entre 600 y 800 millones de dólares anuales, según las Naciones Unidas. La falta de control estatal permite que se laven fondos provenientes del narcotráfico, mientras que la corrupción en las autoridades locales agrava la situación. Esta convivencia entre minería legal e ilegal complica la transparencia en el sector y dificulta la supervisión ciudadana.
El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) identificó la destrucción de al menos 562 hectáreas en áreas protegidas de la Amazonía en 2024, mostrando el impacto devastador en la biodiversidad y las fuentes hídricas. Las comunidades indígenas locales, además, enfrentan violencia y criminalización por defender sus territorios, como lo evidencian los magnicidios de autoridades locales en áreas como Ponce Enríquez y Portovelo.
A pesar de las medidas anunciadas por el presidente Daniel Noboa, como la reapertura del catastro minero y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), las acciones no son suficientes. Organizaciones como la Conaie denuncian que el gobierno favorece a las grandes transnacionales mineras, vulnerando el derecho a la información y la participación.
Es urgente que Ecuador implemente medidas más eficaces para combatir la extracción ilegal, como auditorías del sector y un control efectivo de las concesiones mineras. Solo con acciones claras y coordinadas se podrá frenar este flagelo que pone en riesgo la soberanía y la seguridad del país.
La extracción ilegal no es solo un problema económico y ambiental, sino también una amenaza para la seguridad y la soberanía de Ecuador. Es necesario adoptar acciones firmes para proteger a las comunidades y los ecosistemas afectados, garantizando un control más riguroso sobre el sector minero.
