LA MINERÍA EN LA COYUNTURA DEL PARO NACIONAL
La dependencia de la minería por parte de la sociedad moderna es innegable, pues la mayoría de las herramientas tecnológicas que usamos en el día a día son desarrolladas a partir de materiales extraídos de la explotación de diversos elementos, como son el litio o el cobre, dos materiales que son claves en la transición energética, misma que es urgente en la actualidad, pues el cambio climático generado por la contaminación y emisión de CO2 demanda de manera urgente que la actividad extractiva sea amigable con el medio ambiente.
Esta transición va de la mano con el fortalecimiento de políticas públicas que velen por una igualdad de condiciones y beneficios, tanto para las empresas mineras como para las comunidades que habitan en las zonas de interés de las entidades, pues el tema de la responsabilidad social y ambiental son conceptos relativamente nuevos dentro de la industria, motivo por el que la sostenibilidad y sustentabilidad son parte esencial dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que manejan diversas corporaciones.
Esta creciente necesidad de un desarrollo del sector minero a partir de una relación de reciprocidad con los habitantes de las zonas de interés extractivo ha causado diversas problemáticas dentro del país, pues la gran mayoría de las comunidades rechazan todo tipo de actividades extractivas, ya que, históricamente han sido vulneradas por empresas que han explotado sus territorios y no han establecido medidas de contingencia para reducir la huella ambiental, como fue el caso de la empresa petrolera Chevron-Texaco, que tras haber realizado actividades extractivas en la Amazonía, dejó un gran nivel de contaminación ambiental, llegando a afectar la salud y vidas de las personas que viven en los zonas aledañas a los pozos de extracción, en donde sucedieron derrames y demás accidentes contaminantes.
Tener conocimiento de la trayectoria de las actividades extractivas en diversos territorios indígenas es clave para poder alcanzar un avance de la actividad minera en conjunto con las comunidades y nacionalidades indígenas, pues, al conocer el duro pasado que tuvieron que atravesar muchas personas por motivos de irresponsabilidad de algunas empresas, se pueden entablar relaciones entre las partes con el establecimiento de compromisos socioambientales y socioeconómicos, dando así paso a un modelo sostenible y sustentable, pues el beneficio es igualitario para los implicados. Un ejemplo de esto es Warintza, un proyecto entre la minera Lowell y dos comunidades Shuar que es llevado a cabo en concordancia con las disposiciones de una mesa directiva conformada por una mayoría Shuar y una minoría de funcionarios de Lowell.
Teniendo todo esto en cuenta, durante el gobierno de Guillermo Lasso se han impulsado políticas para potenciar la introducción de la industria petrolera y minera en el país, pero las diversas organizaciones indígenas del Ecuador han expresado su rechazo a estas, puesto que afirman que los decretos 95 y 151, emitidos el 07 de julio y el 5 de agosto de 2021 respectivamente, vulneran “nuestros (de los pueblos y nacionalidades indígenas) derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos”.
Es así que, dentro del marco establecido anteriormente, las organizaciones representantes de las nacionalidades indígenas del país han expresado sus exigencias dentro del Paro Nacional suscitado en las últimas semanas, en donde, dentro de un documento que aborda 10 puntos que debe cumplir el gobierno, el quinto es la “moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151”, el cual ha sido asumido por el gobierno, pues, durante el diálogo llevado a cabo el 28 de junio en la Basílica del Voto Nacional el Gobierno de Lasso se comprometió a derogar el decreto 95 y a modificar el 151, y el 30 de junio se hizo efectiva la supresión del 95.
De esta manera, durante el paro nacional los indígenas han ejercido su derecho a la resistencia, tal como lo establece el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”, así como también lo han hecho desde sus territorios, pues ellos están “dispuestos a continuar con las acciones de lucha, resistencia, gobernanza y control territorial. Acciones que históricamente hemos ejercido, y que son necesarias para proteger la vida y la integridad de nuestros territorios”.
Así, y para concluir, considero que es necesaria la colaboración del sector público y privado con las comunidades indígenas del Ecuador, pues, a pesar de que la minería conlleva ciertas afectaciones a nivel ambiental, esta es necesaria para concretar la transición energética, misma que busca la reducción total del consumo de combustibles fósiles. Además, hay que señalar que esta actividad extractiva ha empezado a desarrollar metodologías por las que ha reducido su emisión de CO2 y la huella ambiental. Por último, es necesario que se impulsen proyectos de ley que no solo faciliten la introducción de la actividad minera en las zonas de la Amazonía, sino también que regulen las actividades que llevan a cabo las empresas, y que aseguren que estas se realizan en conformidad con las necesidades, exigencias y beneficios de las comunidades a las que pertenecen esos territorios.
Redacción.- David Fuertes
