Organizaciones advierten que detener la industria minera pone en peligro el desarrollo sostenible del Ecuador
En una conferencia de prensa conjunta, diversas instituciones calificadas ante el Consejo Nacional Electoral se han unido para lanzar una advertencia contundente sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de detener la industria minera y petrolera en Ecuador. Aseguran que prohibir estas actividades podría tener un impacto negativo en el desarrollo del país y en las comunidades directamente afectadas por los proyectos.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME), la Sociedad de Ingenieros del Ecuador (SIDE), la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (AMARU) y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Norte (SIDEN) han presentado una postura unificada, expresando su preocupación por las consultas populares que buscan frenar estas actividades clave para la economía nacional.
Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la CME, enfatizó la responsabilidad de los electores al tomar decisiones que influirán en el futuro de Ecuador, especialmente para las comunidades históricamente marginadas. Hizo un llamado a un análisis consciente de las circunstancias reales en las zonas afectadas antes de emitir su voto, para evitar un impacto negativo en el progreso.
Luis Simbaña, presidente de la Confederación AMARU, destacó que las consultas habían pasado por alto a las comunidades locales, quienes probablemente debieron ser consultadas primero sobre estas decisiones que afectan directamente a sus vidas. Resaltó que, a lo largo de los años, las comunidades han recibido apoyo en términos de salud y educación gracias a la presencia de proyectos extractivos en la región.
Oswaldo García, presidente interino de la SIDE, subrayó las posibles consecuencias económicas y sociales que acarrearía la detención de la actividad petrolera en áreas como el Yasuní. Además de las pérdidas financieras para el país, enfatizó que miles de personas perderían sus empleos, lo que aumentaría la presión sobre la seguridad jurídica y la economía en general. García también apareció el riesgo de un aumento en la frontera agrícola debido a la falta de alternativas laborales.
María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la CME, hizo hincapié en que prohibir actividades industriales no sería responsable. Argumentó que tal acción privaría a las comunidades de oportunidades de desarrollo y podría generar un aumento de la pobreza, la cual, a su vez, podría afectar al ambiente de manera negativa.
Todas las organizaciones están de acuerdo en que la adopción de medidas que parecen «ecológicas» en realidad podría tener consecuencias desastrosas para el ambiente. Advierten que la falta de medidas de protección y cumplimiento de normativas ambientales podría dar lugar a un aumento en la inseguridad y el delito en las áreas afectadas.
En resumen, estas instituciones han elevado sus voces en contra de las consultas populares que buscan frenar la industria minera y petrolera en Ecuador. Aseguran que esta medida podría tener un impacto negativo en el desarrollo del país y en las comunidades involucradas, y advierten sobre las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales que podrían derivar de esta decisión.
👏Excelente iniciativa
Más de 50 estudiantes de la @Figempa_UCE y @EPNEcuador movilizándose en los puntos estratégicos de Quito, apoyando al NO ❌ en la consulta popular.
💪🏼Juntos por una #MineríaResponsable pic.twitter.com/1vNXRGZc79— Cámara de Minería del Ecuador (@mineriaecuador) August 15, 2023
