Gobierno evalúa revertir concesiones mineras inactivas
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha identificado más de 240 concesiones mineras de mediana y gran escala que comprometieron inversiones superiores a 4.800 millones de dólares, pero que hasta ahora no han ejecutado esos recursos. Esta situación motivó al Gobierno a implementar una nueva tasa de fiscalización dirigida al sector minero. Sin embargo, en contraste con esta cifra, Stevie Gamboa Valladarez, abogado experto en minería, señaló en una entrevista en el programa Del Día a la Noche, conducido por Carlos Vera, que “el dato de 4.800 millones de dólares en inversiones mineras incumplidas que maneja el viceministerio es erróneo, pues probablemente incluye proyectos que aún no son minas activas». Según su análisis, la cifra real sería de alrededor de 1.000 millones, de los cuales no se habría ejecutado más del 40%.
Según Javier Subía, viceministro de Minas, con esta medida se espera recaudar cerca de 100 millones de dólares en 2025 y hasta 200 millones en 2026. Los fondos serán destinados a fortalecer a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el objetivo de mejorar la supervisión del sector y combatir la minería ilegal, especialmente en zonas aún no exploradas.
La nueva tasa se calculará con base en un porcentaje del salario básico unificado por cada hectárea concesionada, y variará según el régimen minero aplicable. Su cobro comenzará en julio. Las concesiones sujetas a esta revisión fueron otorgadas antes del cierre del catastro minero en 2018, y muchas no han avanzado a etapas de exploración avanzada o perforación, lo que ha facilitado la presencia de actividades ilegales.
Subía explicó que, tras ocho años, estas concesiones ya deberían encontrarse en la etapa de evaluación económica. El incumplimiento de las inversiones comprometidas constituye una causal para revertir las concesiones, permitiendo al Estado ofrecerlas nuevamente mediante subastas internacionales. Estos procesos se desarrollarán en paralelo a la reapertura del catastro minero que prepara el Gobierno.
Aunque la Cámara de Minería del Ecuador ha respaldado el fortalecimiento del control estatal, también ha expresado su preocupación por el posible impacto financiero de la tasa en proyectos en etapa exploratoria, ya que podría superar sus presupuestos operativos. No obstante, el viceministro reiteró que la medida se mantendrá, aunque se abrirán espacios de diálogo con el sector.
Por su parte, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, señaló que no existe un descontento generalizado y que ha habido apertura en las conversaciones sobre el catastro y la fiscalización.
El Gobierno busca garantizar un mayor control sobre las concesiones mineras y asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas, mientras el sector espera llegar a consensos que permitan avanzar en el desarrollo de sus proyectos.
