Sector minero ecuatoriano exige estabilidad y seguridad jurídica para evitar impacto económico y social
El sector minero en Ecuador, generador de $2.775 millones en exportaciones durante el año 2022, se encuentra actualmente paralizado debido a la falta de seguridad jurídica, lo que representa una amenaza tanto para su crecimiento económico como para la estabilidad social del país.
La Cámara de Minería del Ecuador ha expresado su preocupación por la incertidumbre que rodea el crecimiento económico del país. Según su análisis, la situación se ve agravada por el fin de la producción petrolera del Bloque-43 ITT tras una consulta popular y los efectos del fenómeno de El Niño. Esta incertidumbre se refleja en las ajustadas proyecciones de crecimiento económico: un 1,5% para el año en curso y apenas un 0,8% estimado para el 2024, según la última actualización del Banco Central.
El gremio minero considera que la actividad minera puede ser la llave para atraer inversiones al país, pero lamenta los crecientes riesgos políticos, jurídicos y sociales que obstaculizan su desempeño. Solicitan garantías de estabilidad y seguridad jurídica para continuar operando.
Los ingresos por exportación de minerales se han multiplicado por diez entre 2018 y 2022, alcanzando los $2.775 millones el año pasado, con un crecimiento del 32,64 % respecto al periodo anterior, situándose como la cuarta actividad generadora de divisas, tras el petróleo, camarón y plátano.
En términos de empleo, la minería ha generado 46.028 empleos directos y 126.085 indirectos hasta el primer trimestre de 2023. Además, se han recaudado $465 millones en impuestos entre enero y mayo del mismo año.
Sin embargo, más de 176 proyectos en distintos sectores, incluyendo la minería, se encuentran paralizados debido a demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, lo que impide obtener las Licencias Ambientales. Estos proyectos representaban una inversión superior a los $2.000 millones.
Específicamente, proyectos como Curipamba en Bolívar, La Plata en Cotopaxi y Loma Larga en Azuay, con una inversión combinada cercana a los $1.000 millones, están detenidos por la falta de licencias ambientales o decisiones judiciales.
El impacto de la minería ilegal también preocupa, con campamentos identificados en 17 de las 24 provincias del país. La Cámara advierte que las decisiones que obstaculizan la actividad minera formal generan el aumento de la minería ilegal y delitos asociados como tráfico de personas, tala ilegal, narcotráfico y contaminación ambiental.
En vista de esta situación, el gremio minero insta a evitar que decisiones judiciales y populares condicionen el futuro del país. Advierten sobre posibles arbitrajes internacionales y el pago de indemnizaciones millonarias en caso de resolverse desfavorablemente para el Estado, lo que aumentaráía el riesgo percibido por los inversores.
En resumen, el sector minero ecuatoriano clama por estabilidad jurídica y política para no solo preservar su propia actividad, sino también para evitar el impacto negativo en la economía y la sociedad del país.
