Comunidades shuar resisten la extracción ilegal en la Amazonía
La extracción ilegal a lo largo del río Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, ha provocado la desaparición de playas, bosques y cascadas. En su lugar, quedan montículos de piedras y piscinas artificiales, evidencia del daño irreversible causado por esta actividad. Aunque el pico de la extracción ilegal ocurrió en 2020, un equipo periodístico recorrió el afluente en septiembre de 2024 y verificó que, en al menos ocho puntos, los mineros siguen operando con excavadoras y clasificadoras de oro.
Aldo Unkuch, ex síndico de Tsuis, recuerda con nostalgia cómo el paisaje ha cambiado. “Aquí había una quebrada donde jugaban los niños”, señala, refiriéndose a un riachuelo ahora entubado para lavar oro. En uno de los puntos de extracción, cuenta que se sacaron cinco quintales de oro, aunque hoy quedan solo remanentes. Sin embargo, los mineros continúan buscando nuevas oportunidades en la zona.
El río Santiago, que atraviesa el cantón Tiwintza en la provincia de Morona Santiago, baña territorios del Pueblo Shuar Arutam (PSHA). Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), el 55 % de este territorio está concesionado a la industria minera. Entre 2020 y 2022, la extracción ilegal arrasó con 134 hectáreas, afectando a comunidades como Tsuis y Kusumas.
Los impactos ambientales son devastadores. La remoción de sedimentos altera la calidad del agua y pone en riesgo la biodiversidad acuática. Fernando Anaguano, ictiólogo de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, explica que los peces migratorios, como los grandes bagres, han disminuido drásticamente debido a los cambios en la composición físico-química del agua. Además, las piscinas artificiales creadas por los mineros pueden contener metales pesados como mercurio, lo que representa un peligro para la salud humana. “Aunque el agua parezca limpia, los metales pueden depositarse en el fondo y contaminar el ecosistema”, advierte un geógrafo de la Fundación Ecociencia.
Las comunidades shuar también enfrentan riesgos sociales y económicos. Patricio Llivisaca, teniente político de Tiwintza, señala que los mineros ilegales provienen de ciudades como Cuenca y Machala, y que muchas veces llegan a acuerdos informales con los propietarios de las tierras ribereñas. Sin embargo, las ganancias no siempre son bien administradas, generando conflictos internos y descontento en las comunidades.
A pesar de los operativos de control, la extracción ilegal continúa. La Guardia Comunitaria de la Asociación Santiak ha implementado estrategias para monitorear el tráfico de combustible hacia las zonas mineras, mientras que las autoridades han identificado a los responsables de esta actividad ilícita. Sin embargo, la presencia de grupos de delincuencia organizada en la región agrava la situación, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.
Mientras tanto, el PSHA, junto a la Fundación Ecociencia, sigue monitoreando el territorio con el objetivo de documentar los impactos de la extracción ilegal y generar estrategias de protección. Para las comunidades shuar, el río Santiago es más que un recurso: es parte de su identidad y un símbolo de resistencia ante la creciente amenaza extractiva.
