Zamora Chinchipe: epicentro del oro ilegal en Ecuador
La proliferación de redes criminales vinculadas al narcotráfico en América Latina ha encontrado un terreno fértil en el modelo neoextractivista, particularmente en el negocio ilícito de la minería. En Ecuador, la provincia de Zamora Chinchipe emerge como un epicentro crucial de esta actividad clandestina.
Durante el 2021, la mitad de los ingresos mineros legales del país provinieron de Zamora Chinchipe, generando más de 5.700 empleos directos y 17.100 indirectos. Sin embargo, la sombra de la ilegalidad oscurece estas cifras. En la última década, se han exportado más de 3.000 toneladas de oro de origen desconocido, mientras que la minería ilegal ha generado aproximadamente 1.200 millones de dólares en el 2023, tres veces más rentable que el tráfico de cocaína.
La denominada «ruta del oro sucio» se extiende por las provincias de Alto Nangaritza, Palanda, Yacuambi, Chinapinza y Yanzatza, alimentando economías ilegales y enriqueciendo a grupos delictivos. Estos enclaves ilegales operan con la complicidad de autoridades jurisdiccionales y comunidades indígenas que reclaman la propiedad sobre los territorios, desafiando la soberanía estatal.
En el sur amazónico, la provincia de Morona Santiago es testigo de una explotación despiadada, donde la rentabilidad diaria para los mineros ilegales puede alcanzar los 1.750 dólares. Mientras tanto, en Zamora Chinchipe, el grupo terrorista «Los Lobos» perpetra actos de violencia para mantener el control sobre la minería.
La debilidad institucional, la corrupción y la falta de regulación facilitan la proliferación de esta actividad ilícita. A pesar de las graves consecuencias ambientales y sociales, la extracción ilegal continúa en auge, alimentando la pobreza, el trabajo infantil y la contaminación.
La región amazónica, rica en recursos naturales, se ve ahora asediada por la explotación descontrolada, dejando un rastro de miseria y desesperación. Mientras tanto, el Estado ecuatoriano muestra una pasividad preocupante frente a esta problemática, perpetuando un ciclo de impunidad y complicidad que solo beneficia a las redes criminales. La legalización y el control riguroso de la minería ilegal se presentan como la única solución viable para poner fin a esta crisis, protegiendo tanto los recursos naturales como los derechos de las comunidades afectadas.
