Ecuador sin consulta ambiental, ni licencias ambientales
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Ecuador en alerta: Especialistas revelan consecuencias de suspensión de consulta y licencias ambientales

En el día de hoy, se llevó a cabo un conversatorio de suma importancia titulado “Ecuador sin consulta ambiental, ni licencias ambientales”. El evento, que congregó a expertos en diversas áreas, arrojó luz sobre la problemática social, legal, ambiental y económica que ha surgido a raíz de la reciente decisión de la Corte Constitucional. Dicha decisión admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 754, el cual implementa la consulta ambiental, suspendiendo en consecuencia esta norma.

 

Los protagonistas de este conversatorio fueron distinguidos ponentes que abordaron el tema desde sus distintas perspectivas. Entre ellos se encontraba Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista reconocido, quien junto a María Amparo Albán, experta en Derecho Ambiental, y María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, analizaron las implicaciones de esta controvertida decisión.

 

El panel fue magistralmente moderado por Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, quien enfatizó que esta situación afecta a una gama de sectores más amplia de lo que podría pensarse inicialmente. “Esto no solo concierne al sector minero, sino que abarca a todas las áreas que requieren licencias ambientales. La envergadura de esta problemática va más allá de los empresarios; involucra a todos los ecuatorianos ya las familias que dependen de empleos para subsistir”, afirmó Orozco.

 

María Amparo Albán, por su parte, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional: “Es incomprensible que la Corte haya suspendido una norma de Consulta Ambiental bajo el pretexto de salvar casos específicos. Esta acción es contraria a lo estipulado en los artículos 398 y 399 de la Constitución, que constituyen la base del derecho al ambiente y la naturaleza.”

 

Desde la perspectiva de los sectores productivos, María Paz Jervis manifestó su preocupación ante lo que considera una falta de certidumbre jurídica. “Como actores del sector productivo, estamos profundamente inquietos por esta continua volatilidad en el estado de derecho. Necesitamos reglas claras, necesitamos que aquellos que quieran invertir en este hermoso país, con su riqueza natural, entiendan el nivel real de riesgo y que las reglas de juego no cambien a mitad de camino”, subrayó Jervis.

 

Uno de los momentos más destacados del conversatorio fue cuando Juan Francisco Guerrero cuestionó la misma coherencia de la Corte Constitucional al suspender una norma que estaba en línea con una de sus sentencias previas. “Resulta increíble que sea la misma Corte quien suspenda provisionalmente un instrumento que se alineaba con lo que solicitaba en una sentencia de 2021, en la que ordenaba al Presidente adecuar el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente”, puntualizó.

 

Los expertos coincidieron en que las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional ya son palpables. La producción industrial, la generación de empleo y las inversiones se encuentran en un punto muerto en Ecuador. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que 176 procesos de consulta ambiental estaban listos para dar inicio a la obtención de autorizaciones y actividades productivas, a incluir proyectos extractivos, de salud, turismo, generación eléctrica y gestión de recursos.

 

Los representantes de los sectores productivos dejaron un mensaje claro: instaron a los jueces a actuar diligentemente para revertir esta decisión, la cual podría conllevar pérdidas millonarias y tener impactos devastadores en términos de desempleo y aumento de la pobreza. La necesidad de restablecer la confianza en las reglas del juego y fomentar la inversión tanto a nivel nacional como internacional fue enfatizada, ya que está en juego el futuro económico y ambiental de Ecuador.

 

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