Venezuela abre sus recursos y enciende temor por la Amazonía
Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsa petróleo, gas y minería con capital privado, mientras tanto, crecen las alertas ambientales.
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En este contexto, el extractivismo en Venezuela vuelve al centro del debate regional. La nueva etapa política, marcada por la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez, acelera reformas para abrir petróleo, gas y minería a inversión privada. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten riesgos para la Amazonía venezolana y el Arco Minero del Orinoco. Además, Reuters y AP reportaron la captura de Maduro y el reacomodo político bajo Rodríguez.
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El nuevo escenario venezolano combina tres frentes: petróleo, gas y minería. Tras la captura de Nicolás Maduro, reportada por agencias internacionales, la administración de Delcy Rodríguez intenta recomponer la relación con Washington y atraer inversión privada para recuperar producción e infraestructura. Reuters informó que esa coordinación se evidenció con la deportación de Alex Saab y con el interés de Estados Unidos en reordenar su relación energética con Caracas (Reuters, 2026).
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En paralelo, la Asamblea Nacional sancionó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El texto incorpora mecanismos de arbitraje, equilibrio económico financiero, regalías de hasta 30% y un impuesto integrado de hasta 15% sobre ingresos brutos, además de facilidades para la comercialización directa de cuotas de producción (Asamblea Nacional, 2026).
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Extractivismo en Venezuela: minería y Amazonía bajo presión
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El giro también llegó al sector minero. La Ley Orgánica de Minas fue promulgada el 17 de abril de 2026 y creó la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, con capacidad para regular, fiscalizar y administrar tributos. El Parlamento sostiene que la norma busca atraer inversión nacional y extranjera, mientras organizaciones ambientales alertan que, sin controles independientes, la expansión puede consolidar daños en el Arco Minero del Orinoco.
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SOSOrinoco y World Heritage Watch han advertido sobre la devastación ambiental del sur venezolano, con riesgos para territorios indígenas, bosques amazónicos y cuencas sensibles. En ese contexto, el Extractivismo en Venezuela preocupa porque la minería legal puede coexistir con economías ilícitas si no hay trazabilidad, monitoreo satelital, consulta previa y sanciones efectivas.
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Gas y oro en la agenda económica
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La reunión de Rodríguez con Shell apunta a reactivar proyectos gasíferos y exportaciones. Sin embargo, especialistas señalan obstáculos técnicos: infraestructura limitada, necesidad de inversión, emisiones de metano y ausencia de auditorías ambientales robustas. A ello se suma el anuncio oficial de elevar al menos 30% la producción de oro para 2026, un objetivo que aumenta la presión sobre áreas ya afectadas por minería ilegal.
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El Extractivismo en Venezuela, por tanto, no solo es una apuesta económica. Es una prueba institucional. Sin transparencia, fiscalización y estándares ambientales verificables, el petróleo, el gas y la minería pueden ampliar ingresos, pero también profundizar conflictos socioambientales.
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Venezuela ante el desafío de invertir sin profundizar la crisis ambiental
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El avance de reformas petroleras, gasíferas y mineras puede atraer capitales, recuperar ingresos fiscales y reposicionar a Venezuela en el mercado energético regional. Sin embargo, el impacto real dependerá de la capacidad del Estado para imponer controles ambientales, garantizar trazabilidad en la minería y evitar que la apertura legal conviva con economías ilícitas.
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Para América Latina, el caso venezolano será una señal clave sobre cómo equilibrar inversión, transición energética y sostenibilidad. Sin supervisión independiente, consulta a comunidades y protección de ecosistemas sensibles, el nuevo ciclo extractivo podría profundizar conflictos socioambientales en la Amazonía venezolana y el Arco Minero del Orinoco.
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Fuentes:
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