El 2023 fue un año marcado por una alta incertidumbre política en Ecuador, destacando la «muerte cruzada» que llevó a la salida de Guillermo Lasso de la presidencia y a elecciones anticipadas. Además, se celebraron consultas populares sobre la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la minería en el Chocó Andino.

La Corte Constitucional también admitió una demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), suspendiendo provisionalmente el decreto para consultas ambientales sobre actividades extractivas. Esto puso un obstáculo a la actividad minera, ya que la consulta es necesaria para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias.

Santiago Yépez, consultor en minería, resalta la dificultad para que las empresas mineras obtengan permisos a tiempo, afectando la imagen del país como un destino atractivo para los inversionistas. En 2023, Ecuador descendió al puesto 36 de 58 en el Índice Fraser de Atracción Minera, desde el cuarto lugar en 2022. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, lamenta que un país rico en minerales no logre atraer y mantener inversiones adecuadas.

El Banco Mundial, en su informe «Ecuador: Crecimiento resiliente para un futuro mejor», señala que la minería legal, junto con la agricultura y el turismo, puede impulsar el crecimiento económico del país. El informe destaca que las exportaciones agrícolas representan más del 40% de las exportaciones totales y el turismo el 3% del PIB. Sin embargo, la oposición social y política a la minería formal está aumentando, lo que podría favorecer el crecimiento de la minería ilegal y sus efectos negativos, como el crimen organizado y la inseguridad.

El informe también recomienda reforzar las instituciones, asegurar la participación ciudadana en la legislación medioambiental y mejorar el control de la extracción ilegal. Esto es esencial para garantizar que la minería beneficie a las comunidades locales y se aborden los problemas medioambientales.