Crisis ambiental en La Maná: Comiange operando ilegalmente
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Crisis ambiental en La Maná: el desafío de enfrentar a Comiange

Crisis ambiental en La Maná: el desafío de enfrentar a Comiange

La compañía Comiange ha desatado una crisis ambiental en la zona de La Maná, operando sin las licencias ni los permisos necesarios. En una Acción de Protección presentada por el abogado Gonzalo Muñoz, se revela una serie de irregularidades que han pasado desapercibidas durante años.

 

A lo largo de la última década, Comiange ha eludido las observaciones de los organismos de control, quienes, pese a múltiples informes técnicos, no han logrado frenar las actividades ilegales de la empresa. Sorprendentemente, tanto bajo el mandato de Rafael Correa como de Guillermo Lasso, ninguna autoridad ha tomado medidas adecuadas contra esta minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.

 

Los documentos presentados en la Acción de Protección evidencian que Comiange ha estado llevando a cabo operaciones extractivas de oro sin las debidas licencias ambientales, causando graves daños a la flora y fauna de una región rica en biodiversidad. La situación es crítica: las concesiones mineras Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, otorgadas en 2015, han transformado paisajes naturales en heridas abiertas en medio de la exuberante vegetación.

 

La empresa demandante señala las omisiones de las autoridades competentes, incluyendo los ministerios de Ambiente y Energía, así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM). Estas entidades, informadas repetidamente de las irregularidades, no han actuado para detener los abusos medioambientales.

 

En respuesta, la empresa afectada busca justicia constitucional, solicitando la intervención inmediata de las instituciones públicas demandadas y la caducidad de las concesiones mineras. Ahora, los jueces tendrán la difícil tarea de evaluar las pruebas presentadas y decidir sobre este caso que atañe tanto a la seguridad jurídica como a la preservación del medio ambiente.

 

La Maná, aunque culturalmente se asemeja más a la región costa, pertenece a la provincia de Cotopaxi. En esta provincia, las comunidades indígenas, junto con grupos ecológicos y ambientalistas, han alzado su voz en numerosas ocasiones contra la minería legal. Se esperaría su unión para rechazar totalmente estas malas prácticas y el incumplimiento de las normativas ambientales. Sin embargo, en este caso particular, han guardado un silencio absoluto frente a la tragedia ambiental y social que afecta a la zona.

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