LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA ILEGAL EN NAPO
La minería ilegal es un grave problema para la provincia de Napo, y las afectaciones que esta deja en el medio ambiente y en las comunidades representa grandes desventajas para el sector, pues las personas asocian la actividad extractiva a la ilegalidad.
La llegada de esta actividad ilícita al territorio fue alertada en noviembre de 2021, cuando los colectivos ciudadanos ‘Napo ama la vida’ y ‘Napo Resiste’ denunciaron la presencia de cuatro retroexcavadoras en las playas del río Jatunyacu, hecho que devastó la zona, pues entre octubre de 2021 y enero de 2022, según un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la minería ilegal había causado la deforestación de 70 hectáreas en la ribera del río.
La presencia de esta actividad afecta a la minería formal, ya que, se relaciona a la actividad con la destrucción desmedida del medio ambiente. En la zona, el Estado ha entregado 153 concesiones mineras legales en una extensión de 32 277 hectáreas.
Para cuando se dio la primera alerta de la presencia de la minería ilegal en la zona, que fue el 3 de octubre de 2021, según información de la organización Ecociencia, en ese momento el área afectada era menor a una hectárea, comentó la especialista en Sistemas de Información Geográfica de Ecociencia, Sylvia Villacís, pero en poco más de un mes el área aumentó a 61 hectáreas, y en enero llegó a 67.
A pesar de los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden público, los mineros ilegales continúan un paso por delante de ellos, y prueba de ello es el Operativo Manatí que se llevó a cabo el 13 de febrero de 2022, en donde se hallaron 48 máquinas, 10 bombas de agua y 7 motores, pero no se encontró a ninguna persona en delito flagrante.
La postura de los habitantes de Napo hacia la minería siempre ha sido negativa, y con la minería ilegal esto ha empeorado, y para entender esto hay que mirar al pasado, pues desde 2007, como menciona Rocío Cerda, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), el Estado “ha entregado concesiones dentro de propiedades indígenas comunales, sin realizar consulta previa, libre e informada”.
“El Estado, en vez de titular a los pueblos y nacionalidades, titula a empresarios chinos, incluso dando este permiso para la explotación de oro a cielo abierto”, señaló Kambak Wayra Alvarado, presidente de la comunidad kichwa Tzawata.
El deplorable estado en el que se encuentran los ríos Jatunyacu y Yutzupino es la prueba del gran daño que puede causar la actividad extractiva cuando no está regulada ni formalizada, pues su brazo izquierdo, que tenía 3 km de longitud y unos 300 metros en su parte más ancha, se ha secado. De igual manera, según la ingeniera química y técnica de laboratorio de la universidad Ikiam, Marcela Cabrera, quien participó en un estudio de ecosistemas acuáticos que incluyó los ríos Jatunyacu y Yutzupino, estos contienen hasta un 500% más de los límites de cobre, hierro, aluminio, manganeso, plomo y zinc.
Así, la minería ilegal es uno de los grandes problemas que enfrenta Napo y Ecuador, por lo que es sumamente necesario potencializar a los agentes encargados de combatir a estas bandas delictivas, pues, hasta el momento se ha demostrado que los delincuentes están un paso por delante de ellos. De igual manera, es necesaria la vinculación del sector con las comunidades dentro de las zonas de influencia de los proyectos mineros legales para colaborar en la construcción de una minería consciente y responsable con la sociedad y el medio ambiente.
Redacción. – David Fuertes Silva
