🇪🇨 LA MINERÍA ILEGAL CONTINÚA CRECIENDO EN NAPO
La actividad de minería ilegal en la Napo ha comenzado a extenderse peligrosamente a 13 comunidades de la provincia, llegando a cuatro concesiones legales, en donde han asentado campamentos para la extracción de minerales de forma ilícita.
Esta reactivación de las actividades ilegales se da después de que militares y policías desalojaran a unos 700 mineros informales de la comunidad de Yutzupino, ubicada en Tena, durante el mes de febrero, lo cual se ha visto reflejado en el incremento de campamentos mineros ilícitos a partir del segundo semestre del 2022.
Según declaraciones del Viceministerio de Minas, Mauricio Almeida, en Napo existen 42 concesiones mineras de oro autorizadas, de las cuales al menos cuatro sufren la irrupción de mineros ilegales, demostrando que “la minería ilegal ha crecido un 100% frente a 2021”.
De las zonas más afectadas por la actividad ilegal es Naranjalito, en donde se encuentra la concesión minera Confluencia, perteneciente a Terraearth Resources, una empresa nacional constituida por dos inversionistas chinos en 2001, compañía que denunció la existencia de unas 30 excavadoras, 25 áreas improvisadas de lavado de material minero, motores y combustible dentro de su territorio concesionado.
La ausencia de un viceministro de minería también ha aportado en el descontrol de estas situaciones, ya que durante el tiempo que no ocupó nadie el puesto dentro de la cartera de Estado, Terraearth Resources presentó la denuncia ante los Ministerios de Ambiente y de Energía, la Fiscalía y la Gobernación de Napo, el 21 de noviembre de 2022, solicitando al Gobierno nacional que establezca puntos de control con presencia de las Fuerzas Armadas, para evitar que los ilegales sigan extrayendo material.
Un comunero miembro del Grupo de Participación Ciudadana de la parroquia Talag, declaró bajo anonimato al medio de comunicación Primicias que hay al menos otros doce focos de minería ilegal en Napo a parte de Naranjalito, además de revelar que los mineros ilegales pagan a ciertos comuneros un peaje o derecho de ingreso de 120$ para que les permitan el acceso de maquinaria a sus fincas, añadiendo que uno de los hechos más preocupantes es que los jóvenes están dejando el colegio para dedicarse a la minería ilegal.
Fuente: Primicias
