Actualmente, la minería representa el quinto complejo exportador del país, con un papel clave en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde puede aportar hasta el 80% de las exportaciones provinciales. El Ejecutivo sostiene que esta medida busca cerrar la brecha con otros países mineros de la región, donde el sector llega a representar hasta el 10% del PBI, mientras que en Argentina apenas llega al 1,2%.

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0% retenciones mineras Argentina impulsará competitividad y economías regionales

El decreto también elimina un régimen especial para exportaciones de cobre que nunca se aplicó. Los productos beneficiados incluyen minerales metalíferos y no metalíferos, piedras preciosas, rocas de aplicación, combustibles minerales y metales como cobre, estaño, zinc y plomo.

Con el 0% retenciones mineras Argentina, el Gobierno busca mejorar el precio que reciben los productores, fomentar nuevas inversiones y fortalecer la capacidad exportadora sin comprometer la recaudación fiscal.

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Primer proyecto minero aprobado bajo el RIGI

En paralelo, se aprobó el primer proyecto minero dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): el emprendimiento Rincón, de Rio Tinto, para la producción de litio en Salta. Según Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería, “ya contamos con tres proyectos de energía y uno minero aprobados”.

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Desde octubre de 2020, Ecuador ha experimentado una alta rotación en este cargo estratégico, con 25 viceministros en solo tres años. En el Gobierno de Daniel Noboa, iniciado en noviembre de 2023, se han nombrado siete personas distintas para ocupar este puesto, y la última salida fue la de Rebeca Illescas, quien estuvo en funciones solo seis meses.

Pedro Rodríguez, ingeniero en minas y consultor internacional, señala que la inestabilidad en el liderazgo del sector minero afecta la confianza de los inversionistas y dificulta la implementación de políticas públicas claras y coherentes. Esta situación, según Rodríguez, no solo frena la toma de decisiones, sino que también desincentiva la inversión, crucial para el desarrollo del sector.

A pesar de estos desafíos, la industria minera formal mantiene su optimismo. Actualmente, dos grandes minas en la provincia de Zamora Chinchipe están operativas, generando desarrollo local y contribuyendo a la reducción de la pobreza. Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, enfatizó que Ecuador ya no es una promesa, sino una realidad minera, con recursos y una creciente demanda internacional.

El Gobierno de Noboa cuenta con un capital político valioso en las provincias mineras, lo que podría traducirse en un impulso a la minería responsable. Sin embargo, este capital debe ser aprovechado con decisiones claras y una agenda minera que contemple, entre otros aspectos, la actualización del marco legal, la seguridad jurídica para los inversionistas y la lucha contra la minería ilegal.

Para que Ecuador aproveche su potencial, es vital la estabilidad en el Viceministerio de Minas. La minería no solo puede ser un motor de desarrollo económico, sino también una herramienta clave para la sostenibilidad y la justicia social. Si no se actúa con coherencia y estabilidad, el riesgo es quedarse solo con el potencial sin convertirlo en progreso.

Fuente: Diario La Hora

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Desde la terminación efectiva del Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Canadá (“TBI”) en mayo de 2018, las inversiones mineras canadienses en el Ecuador se han quedado en el limbo en cuanto a su protección. El mencionado TBI establece los estándares de protección a las inversiones canadienses, tales como: trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, no expropiación, entre otros. Adicionalmente, una de las virtudes de un TBI es la posibilidad de que los inversionistas canadienses ventilen sus controversias con el Estado ecuatoriano cuando no cumple con sus obligaciones de acuerdo al TBI en arbitraje internacional, lo que ultimadamente garantiza que la controversia se vea despolitizada y manejada por árbitros con la suficiente sofisticación en la materia.

Para las inversiones mineras canadienses en el Ecuador esta protección lamentablemente se encuentra limitada por dos situaciones: 1) que luego de la terminación del TBI en 2018, el mismo estará en vigencia extendida solamente hasta el 2033 (cláusula de supervivencia); y, 2) solamente protege inversiones y compromisos de inversión realizados hasta mayo de 2028. Esto quiere decir que todas las inversiones realizadas luego de esta fecha estarían desprotegidas y sin acceso directo a los estándares del TBI.

En algunos casos, inversionistas mineros en el Ecuador han celebrado Contratos de Inversión para proteger sus inversiones, pero sin que exista la debida conexión con el TBI o sin que estos contratos reproduzcan estándares y cláusulas que en alguna medida ofrezcan la protección necesaria para sus inversiones.

El Ecuador y Canadá actualmente se encuentran negociando un tratado de libre comercio que contendrá un capítulo de inversiones. Es de vital importancia que este instrumento corrija la desprotección que podrían tener las inversiones mineras canadienses en el Ecuador y que esto brinde mayor seguridad para atraer nuevas inversiones mineras del país norteamericano.

*La opinión de este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el pensamiento de este medio.

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Ecuador también posee otros recursos minerales valiosos, como oro, plata, manganeso e incluso se especula que podría contener tierras raras en su subsuelo. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras perspectivas, el interés de los inversionistas se está enfriando debido a una serie de desafíos políticos, legales y ambientales que afectan al país.

Uno de los eventos recientes que refleja este enfriamiento es la decisión de Anglo American, una de las principales compañías mineras del mundo, de no aumentar su participación en el proyecto Pegasus. Este proyecto, centrado en la extracción de oro y cobre, contaba con una inversión significativa de Anglo American, que inicialmente tenía una participación del 25% y planeaba aumentarla al 51%. Sin embargo, en agosto, la compañía británica comunicó su decisión de retirarse de esta opción, lo que representa un revés en las aspiraciones del proyecto ubicado en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

Anglo American había realizado importantes perforaciones en Pegasus, con aproximadamente 1.800 metros en el objetivo Medusa Norte en Pegasus A y planes de continuar explorando en Medusa Sur. La inversión de la empresa alcanzó los $26 millones entre 2018 y junio de 2023.

Otro episodio que señala el desafío que enfrenta la industria minera ecuatoriana es la retirada de la filial ecuatoriana de Grupo México del proyecto cuprífero Ruta del Cobre. A pesar de invertir más de $100 millones en exploración, Grupo México tomó la decisión de entregar el proyecto a sus socios locales debido a que el yacimiento Chaucha resultó ser de menor magnitud de lo esperado, según el ministro de Energía, Fernando Santos.

Estos eventos resaltan la creciente reticencia de las empresas mineras a comprometerse aún más en proyectos en Ecuador. Los conflictos políticos y legales en curso, así como la oposición cada vez más firme de grupos ambientales y comunidades locales, están generando incertidumbre en el entorno de inversión minera del país. Además, los retrasos en los trámites y autorizaciones gubernamentales han ralentizado el progreso de proyectos clave.

Si Ecuador aspira a mantener su atractivo como destino para la inversión minera, deberá abordar estos desafíos y crear un ambiente más propicio para la industria. La promoción de la estabilidad política y legal, el diálogo con las partes interesadas y una mayor eficiencia en los procesos regulatorios son pasos cruciales para mantener el interés de los inversionistas y aprovechar su potencial minero.

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Seguridad jurídica gestión procesos

El secretario de Inversiones Público – Privadas del Gobierno, Roberto Salas, se sentó junto a Mundo Minero para una entrevista en el marco de la XVII ENAEP, en la Cena Anual de Minería en donde se habló de los ‘minerales críticos para la transición energética’.

Respecto de la importancia de ofrecer alianzas público – privadas para la actividad minera, Salas mencionó que “sin una alianza público-privada no podría existir minería, porque el desarrollo de un sector que tiende a tener una gran oportunidad de aportar a un nuevo país, desde el punto de vista económico y principalmente generador de recursos para su desarrollo social”. El representante de la cartera de Estado profundizó al respecto al señalar que es posible “convertir al Ecuador en un país que aporte a la transición energética, una economía baja en carbono aprovechando recursos naturales, como el caso de la minería en cobre y otros minerales para la transición hacia una economía más limpia, hacia un ambiente mucho más sostenible y, obviamente, hacia un nuevo modelo de vida con emisiones bajas de carbono”.

Asimismo, complementó mencionando que, ni el Gobierno, ni la empresa privada son autosuficientes en este aspecto por lo que “ambos necesitan un tercer actor que es la sociedad civil, por lo tanto, se trata de una alianza tripartita: el Gobierno que tiene que dar las condiciones, la infraestructura, seguridad jurídica y física y construir la otra infraestructura: la social. Para eso se deben dar lineamientos y ofrecer capacidades. Las empresas no solo deben tener la capacidad tecnológica y financiera, sino también deben conectar con las comunidades y, a través de eso, comprender lo que es bueno y malo para ellas. Aquello que es malo, no solamente hay que desecharlo, sino focalizarse mucho más en convencer a las comunidades que tener una fuente de generación de valor y riqueza mediante la minería”.

Al ser consultado sobre cómo el Gobierno puede dar seguridad jurídica a las empresas inversoras, el secretario Salas señaló que “podemos brindarles seguridad a través de una buena gestión, sobre todo en los marcos regulatorios y en la estructuración de procesos. Por ejemplo, en las concesiones a través del catastro minero, que sean evolutivos y que aprendamos de los errores para hacer mejor las cosas para que se pueda establecer una política de Estado respecto del apoyo a la inversión. El Ecuador ya tiene mecanismos en la actualidad como los contratos de inversión, no son solo contratos para acceder a incentivos tributarios, sino que generan ciertos elementos para la protección de la estabilidad de las condiciones contractuales de los acuerdos y otro elemento que no es menor es la capacidad que puede tener el Estado para ofrecer mecanismos de resolución de controversias, como por ejemplo, el Ecuador hoy es parte de todos los sistemas de resolución de conflictos a nivel de arbitrajes internacionales. Todo eso representa avances que se han ido implementando y fortaleciendo para que se conviertan en políticas estables a largo plazo”.

Seguridad jurídica gestión procesos

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