El margen: sostenibilidad o desaparición del servicio formal de combustibles en República Dominicana
Por Idalia Cabrera Pimentel | CEO y directora general de EH+
En República Dominicana, el suministro de combustibles como gasolina, gasoil y gas licuado de petróleo (GLP) depende de una red empresarial formal que, desde hace más de una década, opera con márgenes de comercialización regulados y congelados. Aunque esta política fue diseñada para proteger al consumidor, hoy se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad del sistema.
Estaciones de servicio y empresas distribuidoras enfrentan una realidad crítica: los ingresos por galón no alcanzan para cubrir los costos operativos actuales. Los gastos en repuestos, pólizas de seguro, salarios, electricidad y procesamiento de pagos se han disparado entre un 30 % y un 65 %, mientras el margen bruto asignado permanece sin reajuste significativo. Como resultado, muchas estaciones trabajan con rentabilidad mínima o directamente en números rojos.
Desde 2016, asociaciones como Anadegas, SEC, ADEIC, A-GAS y otras han solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) una revisión técnica del esquema de márgenes, amparadas en la Ley 112-00. A pesar de haber presentado múltiples informes técnicos y sostenido encuentros con autoridades, la fórmula oficial no se ha actualizado para reflejar la realidad económica del país.
La situación se agrava por factores adicionales. El subsidio estatal al gasoil, otorgado a sindicatos del transporte, genera una competencia desleal: venden combustible hasta RD$30 por galón más barato. Además, las estaciones enfrentan nuevos costos por normativas municipales, inspecciones, renovación de flotillas y digitalización de facturación. Incluso la vida útil de los vehículos está en debate, con normativas contradictorias que podrían provocar pérdidas millonarias si se aplican sin criterios técnicos claros.
El informe más reciente, elaborado por la firma británica Channoil Consulting a solicitud del propio MICM, confirma la urgencia del problema: recomienda un ajuste mínimo de RD$8 por galón en los márgenes de comercialización para evitar el colapso del sector.
Si no se toman acciones inmediatas, el impacto será profundo: cierre de estaciones, pérdida de empleos, menor cobertura en zonas rurales y debilitamiento del transporte de mercancías y servicios esenciales. En países como Argentina, Haití o Guatemala, decisiones similares llevaron al colapso de la red formal de distribución, afectando hospitales, transporte público y seguridad energética.
Actualizar el margen no es un capricho empresarial. Es una medida urgente para asegurar que el país continúe contando con un servicio esencial. Cada estación que cierra, cada flotilla que se deteriora y cada inversión que se frena nos aleja del progreso. Este margen ya no sostiene: este margen asfixia.
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