El Domo avanza entre inversión y empleo, mientras la minería ilegal amenaza al sector formal
El proyecto mantiene su fase de construcción y 753 puestos de trabajo, mientras una nueva acción constitucional reabre el debate jurídico y ambiental.
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El Proyecto El Domo, presentado por Curimining como la tercera mina industrial del Ecuador, continúa su etapa de construcción con una inversión millonaria, generación de empleo local y autorizaciones ambientales vigentes.
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Su avance ocurre en medio de una nueva acción de protección y de un escenario nacional en el que la minería formal busca diferenciarse de las actividades ilegales, caracterizadas por operar sin controles técnicos, ambientales, laborales ni tributarios.
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Curimining S.A. reiteró que defenderá la legalidad de sus permisos y mantendrá su compromiso con la transparencia, el diálogo comunitario, la participación ciudadana y el respeto al Estado de Derecho.
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Proyecto El Domo: inversión y empleo local
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Curimining S.A., filial ecuatoriana de Silvercorp, informó que el Proyecto El Domo continúa su construcción en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. La empresa asegura que cuenta con las autorizaciones requeridas por la normativa ecuatoriana, incluida la licencia ambiental otorgada en enero de 2024.
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Según la compañía, durante la consulta ambiental realizada ese año, el 98 % de los participantes expresó su respaldo al desarrollo del proyecto. Este proceso ha sido uno de los elementos centrales de la defensa institucional frente a las acciones legales presentadas en contra de la iniciativa minera.
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El presupuesto actualizado del proyecto supera los USD 283,6 millones y su construcción representa actualmente una de las mayores inversiones privadas en el sector minero ecuatoriano. Hasta mayo de 2026 se habían ejecutado USD 68,8 millones, de acuerdo con las cifras difundidas por Curimining.
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La empresa reporta actualmente 753 puestos de trabajo. De esa cifra, 315 corresponden a habitantes de Las Naves y 45 a trabajadores procedentes de otros sectores de la provincia de Bolívar.
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Asimismo, el 8,63 % de la fuerza laboral está conformada por mujeres, mientras más del 78 % de los trabajadores tiene entre 18 y 45 años. Durante las distintas etapas de desarrollo, El Domo prevé generar más de 2.000 empleos directos e indirectos.
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Curimining sostiene que esta contratación favorece el movimiento económico de proveedores, transportistas, comercios, servicios y pequeños negocios de las comunidades cercanas. Las cifras laborales, sin embargo, corresponden a información institucional de la empresa y pueden ser contrastadas con los registros de las autoridades competentes.
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Minería formal frente a las operaciones ilegales
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El avance de El Domo también plantea un contraste entre la minería industrial regulada y la minería ilegal. La primera debe cumplir procesos de licenciamiento, obligaciones tributarias, controles ambientales, seguridad laboral y mecanismos de participación ciudadana.
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Las operaciones ilegales, en cambio, actúan fuera de estos sistemas de fiscalización y pueden generar impactos ambientales, económicos y sociales sin asumir responsabilidades frente al Estado o las comunidades.
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Desde la perspectiva empresarial, detener proyectos que cuentan con permisos vigentes podría afectar la seguridad jurídica, la inversión y la consolidación de la industria formal. No obstante, las organizaciones accionantes sostienen que el cumplimiento administrativo no elimina la obligación de garantizar los derechos colectivos y de la naturaleza.
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Por ello, la discusión sobre El Domo no se limita al desarrollo de una mina. También involucra la capacidad del Ecuador para controlar las actividades ilegales, fortalecer la institucionalidad y garantizar que los proyectos autorizados cumplan rigurosamente sus compromisos ambientales y sociales.
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Nueva acción de protección
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Una nueva acción de protección ha abierto otro frente jurídico para el proyecto. Según información difundida por organizaciones sociales, la demanda fue presentada por habitantes de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal.
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Los accionantes plantean posibles afectaciones a derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. También cuestionan procedimientos relacionados con la autorización del proyecto y sus eventuales impactos sobre los ecosistemas del área de influencia.
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Curimining rechaza estos señalamientos y sostiene que sus permisos fueron revisados y otorgados por las autoridades competentes. La compañía recuerda que, en 2024, una primera acción de protección contra la licencia ambiental y la consulta fue rechazada en primera instancia y posteriormente en apelación.
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Más adelante, la Corte Constitucional inadmitió una acción extraordinaria de protección relacionada con los mismos antecedentes. Para la empresa, estas decisiones ratificaron la validez del proceso administrativo y mantuvieron vigente la licencia ambiental.
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La nueva demanda constituye un procedimiento distinto y deberá ser analizada de manera independiente por la justicia ecuatoriana. Hasta que exista una resolución definitiva, las afirmaciones de las partes representan posiciones dentro de un proceso judicial todavía en desarrollo.
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Seguridad jurídica, comunidades y futuro de El Domo
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Curimining agradeció el respaldo expresado por comunidades de Las Naves y zonas cercanas. La empresa destacó que más de 2.000 familias presentaron el 22 de junio manifestaciones de apoyo ante las autoridades competentes, defendiendo las oportunidades de empleo, inversión y desarrollo asociadas con el proyecto.
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La compañía hizo un llamado para que prevalezcan la seguridad jurídica, el respeto a las decisiones judiciales y la voluntad expresada durante los procesos de participación ciudadana.
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El desenlace de la acción de protección será determinante para el cronograma de construcción y para la percepción de los inversionistas sobre el sector minero ecuatoriano. También pondrá a prueba la capacidad institucional del país para equilibrar inversión, derechos comunitarios, protección ambiental y control de la minería ilegal.
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El futuro del Proyecto El Domo dependerá tanto de las decisiones judiciales como del cumplimiento permanente de sus compromisos técnicos, sociales y ambientales. El diálogo transparente entre empresa, comunidades y autoridades será esencial para evitar nuevos conflictos y consolidar una minería responsable.
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Fuentes:
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